Por Sol Amaya, Esteban Campanela
Al menos cinco periodistas asesinados en México en 2023, decenas de arrestados arbitrariamente en Cuba y Venezuela, profesionales exiliados de Nicaragua por hostigamiento y una peligrosa costumbre de los presidentes de atacar agresivamente a la prensa. Esto es apenas la punta del iceberg de los desafíos que viven muchos comunicadores en América Latina. El panorama de la situación en los países de la región es cada vez más preocupante.
México: la prensa vive entre asesinatos y amenazas
En un reporte publicado en marzo de este año, Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) definieron a México como “el país más peligroso para la prensa en el hemisferio occidental”.
En entrevista con CNN en Español, Francisco Cobos, periodista mexicano-estadounidense de Univisión, relató el difícil momento que vivió el 26 de abril, cuando un grupo de hombres armados le robó su documentación e intentó secuestrarlo mientras trabajaba en Tamaulipas. Lo forzaron a detener su auto, le apuntaron con una ametralladora y quisieron obligarlo a meterse en un callejón. Milagrosamente consiguió huir. “Ya no hay un lugar en el que estés a salvo”, asegura Cobos.
Como reside en la ciudad estadounidense de McAllen, Cobos optó por realizar la denuncia allí y no en México. Al enterarse del hecho, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a ofrecerle protección.
El informe del CPJ detalla que ese país tiene “el número más alto de periodistas desaparecidos en el mundo” con al menos 15 profesionales en 2023. Ninguna de esas desapariciones fue esclarecida por la Justicia.
“[México] Es un país muy peligroso. Tantos compañeros que han muerto o que han sido privados de su libertad y golpeados o torturados”, lamenta Cobos.
Según la ONG Artículo 19, en 2023 se registraron unas 561 agresiones contra la prensa, incluida la desaparición de Juan Carlos Hinojosa Viveros, colaborador del área de Comunicación Social del Ayuntamiento de Nanchital, en Veracruz,y los asesinatos de cinco periodistas.
De acuerdo con la misma organización, al menos 43 periodistas han muerto durante la gestión de López Obrador, 47 durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y 48 en el sexenio de Felipe Calderón.
Un caso emblemático fue el de la periodista Lourdes Maldonado López, asesinada en enero de 2022 en la ciudad fronteriza de Tijuana. En 2019, Maldonado López, quien trabajó en varios medios, entre ellos Televisa y Séptimo Día, le dijo directamente a López Obrador en una conferencia de prensa pública que temía por su vida y le pidió protección. Tras su muerte, el presidente se refirió al caso: «Lamentable lo que sucedió con la compañera, nuestro pésame a familiares primero. Y sí, duele mucho lo que pasó en Tijuana. Desde luego vamos a llevar a cabo toda la investigación».
Asesinan a la periodista Lourdes Maldonado en México; es la tercera en dos semanas
En febrero de 2022, tres personas fueron arrestadas en relación con ese homicidio.
El 26 de abril se sumó un nuevo asesinato a la estadística: el Roberto Figueroa, quien trabajaba en en el portal en línea Acá en el Show, de Morelos. La Fiscalía confirmó en conferencia de prensa que consideran que el crimen estaría vinculado a su labor periodística.
López Obrador ha prometido seguridad a los periodistas, pero su relación con la prensa ha tenido varios momentos de tensión. Como cuando recientemente arremetió contra Andrés Oppenheimer, presentador de CNN en Español, tras su entrevista a Javier Milei en la que el mandatario de Argentina lo llamo “ignorante”.
Además, el 22 de febrero pasado AMLO hizo público el número de teléfono de una periodista de The New York Times en una de sus conferencias matutinas, como parte de su defensa por un reportaje que preparaba ese diario sobre una investigación de las autoridades estadounidenses sobre supuesto aporte del narcotráfico a su campaña electoral.
La semana pasada, el mandatario mexicano criticó el reporte del Departamento de Estado de EE.UU. sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el que, entre otros temas, menciona la situación de la prensa en México, y dijo que las autoridades estadounidenses se sitúan como los “jueces del mundo” y les pidió “ser respetuosos”.
Cuba: represión y exilio contra la prensa
“En Cuba han matado al periodismo, secuestraron la profesión”, asegura a CNN el periodista Abraham Jiménez, quien salió de la isla en 2021 luego de un período de amenazas, interrogatorios arbitrarios y arrestos domiciliarios.
El hostigamiento creció a partir de sus reportes sobre las protestas callejeras de 2021. Según contó, lo presentaron en medios estatales como un agente de la CIA, sus amistades se alejaron por temor y sus familiares perdieron sus trabajos. “No necesitaban darme un disparo, me habían matado cívicamente”, indicó.
Así recuerda su éxodo desde España, donde reside actualmente: “Me dijeron: ‘Estamos cansados de ti, te vamos a dar el pasaporte, pero si no te vas del país, vas a la cárcel’. No lo pensé dos veces y me fui’”.
Según el reporte «Cuba: la resistencia frente a la censura», de la ONG Artículo 19, de enero a diciembre de 2023 se registraron 274 agresiones contra activistas y periodistas independientes, por intentar revelar el descontento social entre la población cubana. Entre las represalias más comunes se encuentran detenciones y supresión del servicio de Internet.
Jiménez sostiene que los arrestos arbitrarios son solo una de las “variantes infinitas” que aplican las autoridades para amedrentar a los reporteros. Detalló que entre otros hostigamientos habituales están la intervención de las comunicaciones privadas, el seguimiento, el interrogatorio del círculo cercano, las citaciones no oficiales y amenazas de arresto.
Según explica Jiménez, autor de los libros La isla oculta (2022) y Aterrizar en el mundo (2024), el Gobierno cubano cambió el accionar ante la prensa disidente a partir de 2015, con la llegada de internet a la isla. “Antes, si alzabas la voz, no podías salir del país, lo llamaban regulación migratoria. Ese fue mi caso, no tenía pasaporte. A partir del empoderamiento de la gente y con las protestas, cambió la estrategia para echar a los periodistas. A los que no echaron, están en cárceles. Quedan muy pocos haciendo periodismo independiente”.
Artículo 19 denuncia actos de censura e intimidación del gobierno de Cuba contra periodistas y activistas, en nuevo informe
Cuba rechazó el informe estadounidense. En una publicación en X, el canciller cubano Bruno Rodríguez dijo que a Blinken no le preocupan los derechos humanos de los cubanos y que Estados Unidos los viola «con medidas, asfixia y bloqueo extremo».
Nicaragua: El régimen Ortega-Murillo tiene al periodismo en la mira
El hostigamiento hacia la prensa en este país ha sido reportado ampliamente en numerosas ocasiones. Uno de los casos más fue el del diario La Prensa, uno de los referentes del periodismo nicaragüense. En agosto de 2021, oficiales de la Policía Nacional el 13 ocuparon el edificio donde funcionaba, tras un allanamiento en el cual su gerente general, Juan Lorenzo Hollman Chamorro, fue detenido y acusado del delito de lavado de dinero. El 24 de marzo de 2022, Hollman Chamorro fue declarado culpable y el 1 de abril recibió una condena judicial a 9 años de prisión. Otros miembros de la familia Chamorro también fueron detenidos y acusados de diversos delitos. En 2022, el gobierno expropió el edificio donde La Prensa tenía su redacción y su imprenta, y hoy solo se publica en línea. El gobierno forzó además el cierre del canal de televisión 100% Noticias, de Carlos Fernando Chamorro, que se exilió en Costa Rica, desde donde sigue publicando su periódico digital El Confidencial. Nicaragua no tiene un diario impreso.
Según el reporte estadounidense, en Nicaragua el régimen Ortega-Murillo ilegalizó más de 300 organizaciones de la sociedad civil en 2023, lo que elevó el número de clausuras a más de 3.500; despojó a “más de 300 personas de su ciudadanía y mantiene retenidos a más de 100 presos políticos en condiciones atroces”.
Entre abril y junio de 2023, unos 23 periodistas se fueron de Nicaragua por hostigamientos, amenazas de encarcelamiento y agresiones en su mayoría por parte de agentes policiales, de acuerdo con un informe de la Red Regional Voces del Sur y la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).
La vicepresidenta de Nicaragua y vocera del Gobierno, Rosario Murillo, declaró públicamente desconocer el informe del Departamento de Estado, pero arremetió contra Washington. «Respondemos a su lista de calumnias, difamaciones e infamias adjudicándoselas a ellos mismos… provocadores, agresores, invasores y directores de coros y orquestas conformadas por su servidumbre local. Los denunciamos nuevamente como los más bárbaros y salvajes violadores de todos los derechos humanos».
Al menos 23 periodistas salieron de Nicaragua de abril a junio por asedio del régimen de Daniel Ortega, según informe de dos ONG
Gerall Chávez trabajaba en el canal Vos TV. En 2018 decidió abandonar Nicaragua tras la detención de dos compañeros y recibir la información de que lo iban a arrestar. Desde entonces, vive como refugiado en Costa Rica. Sin embargo, a pesar de residir en ese país, ha recibido mensajes intimidatorios y su familia fue amenazada.
Según afirmó Chávez a CNN, los pocos medios independientes que quedaron en Nicaragua “dejaron de informar” para evitar represalias. “Hay un apagón informativo, es preocupante”.
Venezuela: periodistas trabajan con miedo y ejercen autocensura
La situación del periodismo en Venezuela sigue siendo complicada. Según el informe del Departamento de Estado, “grupos nacionales e internacionales condenaron los esfuerzos de Maduro a lo largo del año para restringir la libertad de prensa y crear un clima de miedo y autocensura”.
El informe señala que “el Colegio Nacional de Periodistas estimó que cerca de 4.000 periodistas emigraron del país debido a amenazas en los últimos 20 años”.
“Hacer periodismo en Venezuela implica un esfuerzo cotidiano por vencer los mecanismos de censura que se han consolidado en el país”, dijo a CNN en Español Edgar López, periodista venezolano.
“En Venezuela el secretismo es política de Estado. Los organismos del Estado no ofrecen información sobre asuntos de interés público y, además, pretenden que medios y periodistas se limiten a difundir las narrativas oficiales sin cuestionamiento alguno”, añadió.
“La dirigencia gubernamental percibe a la prensa independiente como un enemigo interno. Ello ha derivado en la consolidación de patrones de agresión que van desde el discurso estigmatizante hasta las agresiones físicas, que, por cierto, suelen aumentar en contextos electorales como el actual”, sostuvo López.
En enero de 2024, el Departamento de Estado denunció que 33 venezolanos enfrentan órdenes de arresto o han sido detenidos por autoridades de su país por motivos políticos, entre ellos, varios periodistas.
EE.UU. denuncia que 33 venezolanos enfrentan órdenes de arresto o han sido detenidos por motivos políticos.
El canciller venezolano, Yván Gil, respondió en X que Estados Unidos hacía «gala de su cinismo una vez más, elaborando un informe sobre DDHH que insiste en rellenar con mentiras y falsedades en contra de Venezuela. Sin ninguna moral, el imperio más hostil y mortífero de la humanidad, se atreve a hablar de derechos que viola y menosprecia constantemente».
Ecuador: secuestros en vivo en televisión
El 9 de enero de 2024, un grupo de hombres encapuchados irrumpió un programa de noticias en vivo de TC Televisión en Guayaquil. Durante varias horas, los delincuentes mantuvieron a periodistas y personal del canal como rehenes, en una situación de alta tensión que fue televisada en parte. Horas después, tras liberar a los rehenes, varias personas fueron detenidas.
El periodista ecuatoriano José Luis Calderón, quien fue uno de los rehenes de la toma de las instalaciones del canal TC Televisión, decidió irse de su país tras esa irrupción armada de hombres encapuchados, que lo encañonaron y le colocaron explosivos en la ropa, tal como él testificó.
“No hay garantías para la tarea periodística. Cuando un periodista protagoniza la noticia es que hemos tocado fondo. Uno se convierte en el rostro de una violencia que no tiene límites”, dijo en diálogo con CNN desde Estados Unidos, en donde busca nuevas oportunidades tras 23 años de trabajo en los noticieros.
Según dijo Calderón, la libertad de expresión está comprometida en Ecuador por poderes fácticos, que ahora han sido “tomados por el narcoterrorismo”. También, considera que la ola de violencia ha generado autocensura en los medios: “Hay un miedo creíble, entendible. Hay que manejar con cuidado la situación para no verse expuestos. Nos pedían que salgamos a trabajar con chaleco antibalas, ¿en qué contexto se puede entender? Para proteger mi vida, decidí apartarme”.
Una decisión que no todos pueden tomar. Calderón indicó que “hay gente afectada en el aspecto emocional”, pero que no se permiten renunciar a su trabajo porque de ello depende el sustento de sus familias.
“El contexto de seguridad que vive el país es lamentable y a la vez genera repercusiones contra los trabajadores de la comunicación, quienes se han convertido en una parte clave par desvelar los actos de corrupción que hoy en día se conocen”, dijo a CNN Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación de Ecuador. “Una de las repercusiones que este problema ha ocasionado son los exilios”, añadió.
América Latina es uno de los principales focos mundiales de polarización política y los países que la conforman suelen cambiar radicalmente de izquierda a derecha, según el mandatario de turno. Uno de los pocos puntos en los que coinciden los presidentes de la región es en considerar al periodismo como un enemigo acérrimo.
Cada uno con sus argumentos, tanto Milei en Argentina, quién ha catalogado al comunismo como “una enfermedad del alma”, como Gustavo Petro, que se define como un líder de izquierda progresista, utilizan permanentemente sus redes sociales para atacar agresivamente a distintos periodistas y medios independientes. Lo mismo ocurre con Nayib Bukele y su trato hacia la prensa: la Asociación de Periodistas de El Salvador ha denunciado en reiteradas oportunidades que el Gobierno criminaliza el trabajo periodístico. La Asamblea Legislativa aprobó en 2022 una ley que impone prisión a quienes publiquen información sobre las pandillas. Lo que los mandatarios deberían recordar es que el periodismo es uno de los pilares fundamentales en los que se debe apoyar toda democracia. La misma democracia que los ha llevado, temporalmente, a los sillones más poderosos de sus países.
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