Ciudad de México.- Las sanciones económicas contra quien cometa injurias contra el presidente de la República se cuadriplicaron ayer, luego de que la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados Federal aprobó un proyecto de decreto que reforma las disposiciones en materia de multas de la Ley sobre Delitos de Imprenta, publicada el 12 de abril de 1917.
Así, las multas pasaron de un máximo de máximo 1,000 pesos a 4,149.6 pesos.
La decisión deriva de una iniciativa del grupo parlamentario de Morena, en la que argumentan que las sanciones plasmadas en La Ley sobre Delitos de Imprenta son demasiado laxas.
Aseguran que este panorama no pone un freno a cometer los ilícitos, por lo que es necesario actualizar las multas.
Por ello, las y los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Población votaron a favor de modificar los artículos 10, 13, segundo y tercer párrafo; 15, párrafo segundo; 20; 32, fracciones I y II; y 33, fracciones IV a VIII, todos de la Ley Sobre Delitos de Imprenta.
Hasta ahora, en los artículos las multas se cuantifican en pesos, como es el caso del Artículo 10:
Sin embargo, la actualización permitiría que sean cuantificadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA), que equivale en la actualidad a 103.74 pesos.
Al respecto, Artículo 19 calificó la reforma a la ley como anacrónica, criminalizante y restringe la libertad de expresión y libertad de prensa.
Aseguró que las implicaciones son graves, ya que mediante este ordenamiento se puede fincar responsabilidad penal a quienes ejerzan su derecho a la libertad de expresión y se determine que hayan incurrido en alguna de las conductas previstas en la ley.
“Los afectados no sólo son medios de comunicación, también son imprentas y personas voceadoras. De aprobarse la reforma, se generaría un efecto inhibidor en la discusión y deliberación públicas, con un impacto agravado para el ejercicio periodístico”, enfatizó.
Además, señaló que la reforma contraviene lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que solicitó al Estado Mexicano abrogar la ley por sus efectos adversos a la libertad de expresión.
Revisar al respecto la reforma a la ley de 12 de abril de 1917, publicada en mayo de 2021:
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