Por Daniel Lozano
Caracas, Venezuela.- Desde que comenzara el año electoral, el chavismo ha aplicado su muy peculiar principio de acción-reacción: a mayor ventaja en las encuestas de la oposición, a 40 días de las elecciones, más represión y persecución. Con la detención arbitraria de dos dirigentes y dos periodistas en las últimas horas, la lista de encarcelados se acerca a los 40 entre dirigentes, líderes sociales y activistas.
Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), policía política de Nicolás Maduro, sorprendieron el lunes a Javier Cisneros, coordinador nacional de la juventud de Vente Venezuela (VV), partido de María Corina Machado, y al periodista Gabriel González, miembro del equipo de Comunicación de VV, cuando salían de la sede de su partido para almorzar. Se los llevaron directamente al Helicoide, siniestra cárcel del Sebin y uno de los mayores centros de torturas de América Latina.
Cisneros tuvo suerte y fue liberado horas después, pero González se unió a los otros tres detenidos durante el fin de semana. A todos ellos les acusan de un delito de odio por participar en un evento político del candidato opositor, Edmundo González Urrutia, quien al acabar ese acto se dirigió a la sede de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cerca del aeropuerto de Maiquetía para saludar a sus militares.
Jeancarlos Rivas, estudiante de Periodismo y encargado juvenil de Voluntad Popular, partido del ex prisionero político Leopoldo López, fue detenido entonces. Esta captura precedió a la del también periodista Luis López, quien había acudido a cubrir la información, y a la de Juan Iriarte, coordinador de VV en el estado de Vargas.
«Lo que estamos viviendo en estas horas es el crimen y la maldad pura. Quiero insistir que ninguno de los miembros de este comando electoral ha cometido ningún delito. Lo único que han hecho es promover la ruta electoral», denunció la líder opositora nada más conocer los hechos.
Entre los compañeros de lucha de los detenidos se sabe que las fuerzas policiales fuerzan a los jóvenes para que declaren en contra de Machado, precisamente cuando aumentan los rumores de que el Tribunal Supremo de Justicia prepara una sentencia para eliminar la candidatura opositora cuando todavía faltan 40 días para los comicios.
14 ENCARCELADOS Y SEIS REFUGIADOS
La persecución contra Machado, inhabilitada ilegal e inconstitucionalmente pese a ser la ganadora de las primarias de la oposición, y contra su partido, que no está reconocido legalmente pese a más de una década de presencia nacional, tiene su propia aritmética: 14 encarcelados y 6 refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas. Unos y otros conforman el círculo más cercano a Machado y la verdadera sala de máquinas de su campaña electoral.
«Es una violación del Acuerdo de Barbados (firmados el año pasado entre gobierno y oposición bajo auspicio internacional). Se trata de crear un ambiente hostil de cara al inicio de la campaña (oficial)», añadió el embajador González Urrutia, que parte con una ventaja de entre 30 y 40 puntos respecto a Nicolás Maduro.
Pese a las protestas de los familiares de Rivas, López e Iriarte, todos ellos fueron recluidos en el Helicoide. Ninguno pudo contar con la asistencia de sus abogados, ya que el Estado les impuso defensores revolucionarios.
El fiscal Zair Mundaray, exiliado actualmente en Colombia, ha diseccionado la cadena de mando del chavismo en su represión contra la oposición. Desde el Palacio de Miraflores y desde otros centros de mando bolivariano se imparten las órdenes al fiscal Tarek William Saab, quien reclama la detención al Sebin y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). El juez antiterrorista Carlos Liendo asume el proceso, «con dos o tres defensores públicos bajo las instrucciones del jefe nacional Daniel Ramírez. La sala penal a cargo pertenece a la magistrada Elsa Gómez» precisó Mundaray.
«Lo que quieren es llevar a un paredón de fusilamiento a una persona que está detenida por razones políticas», censuró el abogado Joel García, defensor de Rivas. El Foro Penal ya contabiliza 278 presos políticos en las mazmorras de Maduro, entre los que destacan 7 con doble nacionalidad hispano-venezolana: cuatro mujeres, incluida Rocío San Miguel, figura relevante de la sociedad criolla, y tres hombres. Familiares de tres mujeres han denunciado torturas.
«El gobierno esta atacando la legitimidad y eficiencia de la campaña por Edmundo. La legitimidad, por las campañas de desprestigio y criminalización, intentando inhibir el voto por Edmundo entre los nini (independientes) y de quienes siguen desde la oposición desconfiando de Machado. La eficiencia, deteniendo a personas que desempeñan puestos claves en la logística de las giras, que incluye las sanciones a quienes suministran bienes y servicios. Todas las últimas detenciones están vinculadas a los actos de campaña», sentenció a EL MUNDO Rafael Uzcátegui, director de Laboratorio de Paz.
EL MUNDO
