En las últimas semanas, el Congreso de la República ha venido cocinando dos proyectos de ley que pondrían en riesgo al ejercicio periodístico y a la autonomía de los medios de comunicación.
El proyecto de ley Nº 2862/2022 busca aumentar las penas por los delitos de calumnia y difamación, y frenar así –como lo detalla su exposición de motivos– “la mala praxis realizada por los medios de comunicación” cuando difunden información que afecta la honra de las personas. De otro lado, el Nº 2170/2021 pretende que las empresas de radiodifusión de señal abierta estén obligadas, bajo riesgo de infracción grave, a dedicar un 30% de su programación a música peruana o contenido cultural nacional. Ambas iniciativas, presentadas por la bancada de Perú Libre, ya cuentan con dictámenes aprobados en mayoría, por lo que podrían ser elevadas al pleno.
Pero estas propuestas no son las únicas que han puesto en relieve una tendencia parlamentaria contra los medios, la prensa y las libertades fundamentales de expresión e información. Tras un análisis sobre los últimos cinco períodos parlamentarios, ECData identificó hasta 94 proyectos de ley tramitados desde el propio Parlamento para modificar regulaciones con impacto en estos derechos. Es decir, cada dos meses en promedio, ha surgido alguna iniciativa de este tipo.
Contravenciones
En diálogo con El Comercio, el experto en libertades informativas, Roberto Pereira, explicó que proyectos de ley de ese corte y otros, como los que exigen la titulación o colegiación para la práctica del periodismo, contravienen la Constitución, además de criterios estandarizados a nivel internacional y por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Lo que hace el Congreso es todo lo contrario a la legislación interna, a la tendencia internacional y a lo reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Propuestas como la reciente [que plantea elevar sanciones para delitos contra el honor] solo buscan provocar autocensura, sometiendo a los periodistas a un riesgo real de prisión efectiva”, explicó.
Desde 1985, la Corte IDH mantiene una opinión consultiva que declara incompatible la colegiación obligatoria con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este artículo, se establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión” y que “este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
Por tanto, la colegiación obligatoria, es considerada desde el derecho internacional como un obstáculo para el ejercicio libre de la prensa. La misma Convención Americana prohíbe además el abuso de controles oficiales hacia los medios de información.
Andrés Calderón, profesor universitario y director de Compemedia Consultoría, sostuvo que, a lo largo del tiempo, bancadas y congresistas han buscado ‘disciplinar’ a los medios de comunicación bajo enfoques equivocados. Agregó que si bien existen márgenes para legislar en materia de expresión y de prensa, estos no deben partir desde el control y el castigo.
“Las iniciativas deberían impulsar, en todo caso, mayor autorregulación. Y del lado de las responsabilidades [sobre lo que se informa o expresa], las mejores tendencias son los mecanismos menos lesivos que la sanción penal. Se pueden adoptar mecanismos procesales para acelerar las medidas de rectificación, por ejemplo [si es que hay personas que se sienten agraviadas por cierta información propagada]”, dijo.
De acuerdo con la abogada constitucionalista Erika García Cobián, las libertades de expresión y de prensa “no pueden someterse a cargas y exigencias que se conviertan en barreras para su realización”. “Estos son derechos que garantizan la democracia, la participación ciudadana, la vigilancia a la autoridad y a las entidades públicas, la prevención y el control de la corrupción, entre otras finalidades propias de un Estado constitucional y democrático”, destacó.
En agosto del 2022, el parlamentario Segundo Montalvo [autor del proyecto que promueve el incremento de penas por calumnia y difamación] presentó, con respaldo de su bancada Perú Libre, una iniciativa que obliga a los medios estatales y privados a conceder espacios gratuitos de su programación para que autoridades de todos los niveles del Estado informen anualmente sobre su gestión. El proyecto (2815/2022) se encuentra en las comisiones de Constitución y Descentralización.
Roberto Pereira resaltó que propuestas de franjas de programación para ciertos temas incurren en una imposición de contenidos, lo cual entra en conflicto con las regulaciones ya existentes sobre medios de comunicación.
“Es peligroso porque implica siempre una intromisión estatal en los contenidos de los medios. Eso siempre debe ser absolutamente restrictivo y dedicado en lo absolutamente necesario y de alto interés público. Eso, además, ya está regulado en la Ley de Radio y Televisión, que tiene tres categorías de medios de radiodifusión: el comercial, el comunal y el cultural o el educativo. Esto, a fin de ordenar el tipo de medios y, en función de eso, cumplir con parámetros que también están en la ley. Ya tenemos franjas educativas reguladas. En todo caso, yo diría que se podría reforzar una política estatal en ese sentido, pero con medios del Estado”, expresó Pereira.
Intereses
De los proyectos analizados, el 52% fue tramitado en el período del Parlamento disuelto. Como se recuerda, en ese tramo, dos proyectos (Nº 2133/2017 y Nº1791/2017) dieron origen a la Ley Nº 30793, aprobada en junio del 2018 y conocida como ‘Ley Mulder’. Esta establecía límites a la contratación de medios para difundir publicidad estatal. En octubre de ese año, el TC la declaró inconstitucional en parte.
En el 2017, el entonces congresista fujimorista Héctor Becerril presentó el proyecto Nº1950/2017, que proponía sancionar la difusión de conversaciones de mensajería instantánea. Poco después, el mismo legislador propuso el Nº4366/2018, con el que planteaba sancionar a fiscales que compartan información a periodistas.
Otro proyecto polémico fue el Nº 1027, de las entonces congresistas fujimoristas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo. Este planteaba prohibir que personas condenadas e investigadas por corrupción sean miembros de directorio, directores periodísticos, editores, productores, entre otros cargos similares. Además, proponía la creación de una “veeduría ciudadana” sobre la información ofrecida por los medios.
Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, estima que el Legislativo tiende a plantear proyectos negativos para la prensa libre cuando estallan casos de corrupción o el periodismo investiga situaciones de alto interés público.
“El Congreso siempre ha sido un nido de intereses políticos y personales. Un ejemplo es el del Congreso de mayoría fujimorista [2016-2019], que quiso obstruir el trabajo periodístico con proyectos peligrosísimos. La tendencia no cambia porque, si vemos el actual Congreso, solamente en los últimos dos meses presentó de manera unánime a nivel de comisión tres iniciativas de este tipo [sobre colegiatura, franja de contenidos y penas por delitos contra el honor]. Hay una alineación de discursos para intimidar, limitar y condenar la actividad periodística”, puntualizó.
El especialista Andrés Calderón agregó que los grupos parlamentarios con mayor inclinación antidemocrática o autoritaria son los que suelen coincidir en proyectos restrictivos o punitivos contra los medios de comunicación y la actividad de los periodistas.
“Hay una clara tendencia retaliatoria detrás de los proyectos de ley que estamos comentando. En el caso de este último Congreso se explica, quizás por la vertiente anti-libertades de las bancadas que presentan estas iniciativas: del lado de la extrema izquierda, con Perú y las bancadas ex Perú Libre, y de lado de la extrema derecha, con Renovación Popular. Son grupos con una visión muy negativa y crítica de la prensa, y buscan establecer limitaciones a su ejercicio”, señaló.
La constitucionalista Erika García Cobián advierte que las iniciativas bajo análisis evidencian también un pobre sustento técnico. Añadió que, mientras el proyecto es más contrario a la Constitución, más notorio es el interés que está detrás.
“Una regulación arbitraria, excesiva o deficiente técnicamente sobre contenidos respecto de medios televisivos o radiales es un instrumento poderoso para canalizar pretensiones e intervenciones estatales que busquen prohibir, perturbar o sancionar a medios de comunicación incómodos para un determinado gobierno o poderes fácticos, con influencia en los gobiernos y autoridades públicas”, indicó.
El Comercio
