Por Silvia Higuera
Wendy Funes, periodista hondureña directora del medio Reporteros de Investigación, se enteró por amigos que su fotografía circulaba por Whatsapp como parte de una supuesta investigación periodística que la señalaba de pertenecer a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13). La imagen, que se hizo viral, mostraba una supuesta investigación del medio InSight Crime publicada por el sitio argentino Infobae y que daba cuenta de un presunto vínculo entre organizaciones defensoras de derechos humanos de Honduras con estos grupos criminales.
Insight Crime, quien tenía el crédito de la investigación, desmintió la publicación. “Esto es FALSO. InSight Crime no ha publicado tal información ni tiene evidencia al respecto. Condenamos estos falsos ataques”, escribió el medio en su cuenta de Twitter.
Para Dina Meza, periodista y defensora de derechos humanos en Honduras, la situación era un poco distinta. Si bien no la vinculaban con un grupo criminal, su nombre aparecía en una especie de cartel criminal titulado “Redes de corrupción DDHH Honduras Vol. 1”, el cual se viralizó por Whatsapp y luego por redes como Facebook y Twitter. En el cartel, diferentes personas aparecen conectadas entre sí, lideradas presuntamente por el expresidente del país Juan Orlando Hernández, actualmente en una prisión de Nueva York condenado por narcotráfico.
No es la primera vez que Funes o Meza se encuentran en medio de ataques para deslegitimar su trabajo periodístico. Ambas, así como muchos periodistas de Honduras, han tenido que ejercer su profesión en un ambiente hostil que incluye amenazas, acoso, hostigamiento, entre otras agresiones.
Sin embargo, estas campañas de desprestigio parecen ser una estrategia planeada para acallar de manera particular el periodismo relacionado con denuncias de corrupción o del mal funcionamiento de las autoridades estatales. Aunque sin desconocer la situación en gobiernos anteriores, Funes y Meza han visto una coincidencia entre el surgimiento de estas campañas con la llegada de la presidencia de Xiomara Castro, quien tomó posesión el 27 de enero de 2022.
“En el caso específico de Reporteros [de Investigación], el hecho de estar investigando y estar denunciando nos ha puesto en el ojo del huracán, de tal forma que ha habido una escalada de ataques cada semana. Cada semana un nuevo ataque”, explicó Funes a LatAm Journalism Review (LJR).
No obstante, fue la cobertura de la masacre de 46 mujeres al interior de una cárcel en Támara la que hizo que aumentaran las campañas de desprestigio. “Nos empiezan a vincular a grupos de maras y pandillas”, explicó Funes. “Al decir que nosotros trabajamos con estos grupos podrían estar justificando una narrativa para la violencia física. Eso es preocupante”.
Posteriormente, vino la extraña desaparición de su sitio web de una investigación sobre la “jugosa industria del traslado de migrantes” y que había generado un descontento en las autoridades. El equipo que tenía una copia de seguridad logró publicar de nuevo la investigación, pero todavía no saben si se trató de un ataque a su sitio. Por esta misma publicación, la gobernadora del departamento de Choluteca envió un oficio a Funes solicitando retirar su nombre, imagen y cualquier otra mención a ella a riesgo de enfrentar un proceso judicial.
Meza, quien además de dirigir el medio Pasos de Animal Grande trabaja como defensora de derechos humanos, ha presionado de manera particular por lograr un funcionamiento del Mecanismo de Protección. Ella, quien ha sido beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ve la importancia del funcionamiento del Mecanismo. La llegada de la presidenta Castro ha significado un “desmantelamiento” del Mecanismo, según lo han denunciado organizaciones como RSF. Despidos y falta de recursos para lograr su funcionamiento hacen parte de las denuncias.
Debido a estos malos funcionamientos, Meza se ha convertido en una especie de ‘piedra en el zapato’: renunció al Consejo Nacional de Protección del Mecanismo, ha presentado denuncias en contra de la Secretaría de Derechos Humanos (entidad que tiene a su cargo el Mecanismo), peticiones de información pública y según explicó a LJR, va a diario a la sede del Mecanismo exigiendo protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
“Pensamos que puede venir una avalancha de cosas para destruirnos completamente”, dijo Meza al enumerar todas las acciones que ella ve está tomando el gobierno para acallar medios y organizaciones defensoras de derechos humanos. Meza ha visto una “cooptación de la sociedad civil”, sumado a un control cada vez mayor del Ejecutivo a los otros poderes del Estado.
Preocupación por la seguridad y el ejercicio periodístico
Estos ataques, que por sí mismos son graves, ponen además a los periodistas blanco de ellos en una situación de mayor vulnerabilidad que sumado a un debilitado Mecanismo de Protección crean el escenario perfecto para amedrentar el ejercicio periodístico.
Así lo han reconocido un grupo de organizaciones internacionales defensoras de libertad de expresión las cuales el pasado 25 de julio emitieron un comunicado en el que además de denunciar esta situación, exhortaron a las autoridades del país para investigar y ponerles fin.
“Creo que hay una tendencia a minimizar o a deslegitimar denuncias del impacto que ese tipo de campañas puede tener para el ejercicio profesional. Estamos hablando de un país con una historia muy seria de violencia y amenazas en contra a periodistas y contra defensores”, dijo a LJR Artur Romeu, director de la oficina en América Latina de RSF, una de las organizaciones que firmó el comunicado. “Ese tipo de campañas contribuye de manera muy seria con la consolidación de un ambiente hostil, un ambiente de precarización, de desvaloración del trabajo que hacen esas personas, organizaciones y movimientos. La denuncia que hacemos de organizaciones de defensa de libertad de prensa, pero también de derechos humanos, pasa, por ende, por el entendimiento de que se tratan de temas muy graves, aunque no sean amenazas de muertes, un asesinato, un secuestro, una desaparición forzada, que la carga simbólica de ese tipo de ataques es muy, muy fuerte”.
Sin embargo, considera que el principal objetivo de esta campañas es que el trabajo de periodistas y defensores pierda credibilidad. “La intención es demeritar y descalificar la imagen ante la opinión pública. Es tratar como enemigos a los periodistas. […] Y una forma de destruir ese enemigo es destruir su imagen”, dijo Funes.
En efecto, para Mikaelah Drullard, investigadora del programa para Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, otra de las organizaciones que firmó el reciente comunicado, este es uno de los temas que han analizado.
“Hemos identificado varias cosas. La primera es el discurso estigmatizante que viene acompañado de las campañas de desprestigio. Es decir, una estrategia para poder silenciar y censurar, no es solamente cerrando un medio de comunicación y metiendo preso a la gente […], sino que una forma de silenciar voces es desacreditando la voz”, le dijo Drullard a LJR. “Vemos una forma que ha funcionado no solamente en Honduras, sino que también se ha extendido a toda la región, es la construcción de esa narrativa estigmatizante donde los periodistas dejan de ser esas voces legítimas y autorizada que hacen investigación, […] sino más bien que se construyen como opositores”.
Para Romeu, de RSF, es especialmente preocupante es que esta estigmatización que llevan las campañas de desprestigio es promovida por los propios gobiernos. De acuerdo con Romeu, aunque no necesariamente son los encargados de estas campañas, el hecho de que “no se manifiestan de manera clara y contraria a esta información”, es grave en países, como Honduras, con altos niveles de violencia a periodistas.
Según dijo, en Honduras lo que se busca es acabar con las denuncias y críticas al ponerlas en el mismo nivel de una “oposición”. “Y eso es lo más grave, porque al final a lo que el gobierno está intentando hacer es desvincularse del contenido de las críticas que se hacen para reforzar una dinámica de un discurso público de polarización y tener un mayor nivel de control un poco del debate público de la agenda pública en el país”, aseguró Romeu.
“Es una tendencia de autoritarismo, del mal uso del poder que se está prolongando de manera muy significativa en la región centroamericana”, dijo por su parte Drullard.
Las autoridades hondureñas, por su parte, no se han manifestado de manera pública tras la publicación del comunicado o ante lo señalado por periodistas y otras organizaciones. LJR solicitó una entrevista con la Secretaría de Derechos Humanos y con el Ministerio Público del país, pero hasta el cierre de este artículo no había recibido respuesta.
Periodistas y medios que se han visto en medio de estas campañas han optado por adoptar otras medidas de seguridad: que van desde lo digital hasta sus rutinas de trabajo y de movilidad. Además, deben usar gran parte de su tiempo en reuniones con actores internacionales – en busca de protección y de denunciar lo que sucede – así como con las mismas autoridades del país en busca de que reciban sus denuncias formales.
Aunque no dan muchos detalles de sus rutinas de seguridad y reuniones, Funes y Meza coinciden en que esto les quita mucho tiempo que podrían estar usando en su trabajo. Un propósito que entienden es lo que buscan quienes promueven estas campañas: que se cansen de hacer su trabajo. Por eso, están convencidas que no es momento de parar.
“Sí es cansado estar defendiendo con poquísimos recursos que tenemos en estos momentos, estar ajustando las medidas de seguridad”, dijo Meza. “Eso termina desgastándolo a uno. Pero lo que nos levanta a diario es que no se pueden dejar pasar las arbitrariedades, además lo emocionante que es escribir lo que están haciendo y denunciarlo. Para mí eso es emocionante. Eso me da empuje para seguir adelante”.
LatAm Journalism Review (LJR)
