Quito, Ecuador.- Inquietantes conversaciones sobre asesinatos y atentados planificados contra periodistas quedaron al descubierto en los chats del narcotraficante Leandro Norero, alias el Patrón, que son parte de las investigaciones del caso Metástasis.
Las comunicaciones de Norero con sus presuntos secuaces dejaron en evidencia el riesgo que corren los trabajadores de la comunicación que resultan incómodos para los intereses del crimen organizado.
Varias organizaciones, como Fundamedios, la Unión Nacional de Periodistas (UNP), la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) y la Fundación Periodistas Sin Cadenas, se pronunciaron ante el tenebroso escenario.
Exigen que los atentados y amenazas no queden en la impunidad, como ha ocurrido hasta ahora con el caso Nos Faltan Tres, del equipo de El Comercio asesinado en 2018, o los periodistas que se han visto obligados a autoexiliarse por seguridad.
Una de las primeras revelaciones del caso Metástasis fue que el periodista Gerardo Delgado, del medio digital Ola Manta TV, fue asesinado “por equivocación”, como si fuera poca cosa, porque el verdadero blanco del ataque era otro periodista.
Esto se conoció por una conversación entre Leandro Norero y uno de sus abogados y hombre de confianza, Helive A., alias Estimado, quien ahora guarda prisión preventiva por el caso Metástasis.
Hablaban con soltura del seguimiento al periodista Patricio Anchundia, porque él, supuestamente, tenía en su poder un video que comprometía a un miembro de la agrupación delictiva asociada a Norero. El objetivo era acabar con la vida de Anchundia, por la amenaza que representaba. Pero los sicarios encomendados a exterminarlo se equivocaron y terminaron con la vida de Gerardo Delgado, el 10 de agosto de 2022.
Lo siguiente que se supo fue que Xavier J., investigado por supuestas irregularidades en contratos con hospitales públicos, habría pedido a Leandro Norero acabar con la vida de Sara Ortiz, periodista de diario Expreso, fingiendo que fue víctima de robo. También se mencionan ataques contra Gabriel Martínez y periodistas de Teleamazonas y Ecuavisa de quienes no se precisan nombres.
“Estos chats revelan la grave situación del periodismo en Ecuador. El país se está enfrentando a un escenario de violencia nunca antes visto; y, en el caso de los periodistas, nos enfrentamos a coberturas que habíamos tenido que hacer en épocas anteriores. Ejercer el periodismo en el país se ha vuelto más difícil; no hay garantías o acciones concretas por parte del Estado”, dijo Yalilé Loaiza, presidenta de Fundamedios y corresponsal en Ecuador del medio argentino Infobae.
Lo que ahora se observa con el caso Metástasis, lamentablemente, no resulta novedoso si se toma en cuenta el antecedente de los tres periodistas de El Comercio cuyo crimen sigue en la impunidad y con información reservada por parte del Estado.
“La impunidad les da un mensaje a estos criminales, a estas personas que les incomoda el trabajo periodístico; les da el mensaje de que pueden atentar contra un periodista y no va a pasar nada. Y le da el mensaje a la sociedad de que no pasa nada si mañana un periodista es asesinado o es agredido”, reprochó Loaiza, y recordó que este año nueve periodistas se han visto obligados a abandonar el país por amenazas contra su vida debido a su trabajo periodístico.
Fundamedios hizo un llamado a las autoridades para que se tomen las medidas necesarias para prevenir futuros actos de violencia contra periodistas y preservar así el libre ejercicio de la prensa.
A Cristóbal Peñafiel, presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), le resulta “terrorífico” el escenario actual en el que se desenvuelven los periodistas que siguen el rastro y ponen en evidencia la corrupción y el crimen organizado.
“El proteger a los periodistas es parte fundamental si se quiere mantener la democracia en condiciones saludables. La protección sigue siendo una tarea incumplida por quienes tienen ese deber”, expresó Peñafiel y exigió un pronunciamiento del Gobierno.
El vocero de la UNP mencionó que, si bien en la Ley Orgánica de Comunicación se crea un mecanismo para la protección de los trabajadores y los medios de comunicación, el reglamento demoró en ser expedido. Pero más allá de eso, dijo Peñafiel, poco o nada sirve lo contemplado en la ley si no existen los recursos para aterrizar la norma en hechos.
Las revelaciones del caso Metástasis hacen más urgente que el mecanismo de protección se implemente en su totalidad, insistió el vocero de la UNP.
Al respecto, el reglamento de la ley establece que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) es la institución responsable de coordinar el mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico.
Entre las medidas de prevención, protección y urgentes que estipula la norma está un mapeo de tipos de riesgo de la profesión, elaboración de protocolos y manuales, creación de redes de apoyo y solidaridad entre periodistas, seguimiento a denuncias sobre amenazas y atentados. Y que el Cordicom articule acciones con las instituciones competentes frente a amenazas inminentes y graves contra periodistas.
Tras conocerse los mensajes atentatorios contra periodistas en los chats de Leandro Norero, el Cordicom expresó su apoyo a las acciones que emprende la Fiscalía, liderada por la fiscal general, Diana Salazar.
“El crimen organizado es un enemigo que atenta también contra el trabajo periodístico; por lo tanto, debemos cerrar filas en favor de la verdad y justicia. Los derechos a la información y comunicación son esenciales en una sociedad democrática”, señaló el Consejo en un comunicado.
Francisco Rocha, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), recordó que los ataques a la prensa y sus trabajadores no son recientes, pero en los últimos años, conforme se ha incrementado la violencia en el país, los riesgos son mayores.
“Desde que el Ecuador ha encontrado esta alianza político-delictiva, el trabajo del periodismo se volvió no solo más importante, sino también más peligroso. Ecuador está viviendo una etapa, quizás, la más oscura que hemos tenido, y esto nos tiene que llevar a ponernos de acuerdo a la sociedad, a la mayoría de ciudadanos que queremos democracia, libertad y justicia”, comentó.
Rocha también reflexionó sobre el otro lado que revelan los chats del narcotraficante Norero y el intercambio que este tuvo con Andersson B., periodista de La Posta, quien pedía información sobre corrupción en las aduanas. Los mensajes tenían un tono de camaradería y mucha cercanía.
Aquel relacionamiento no solo transgrede límites éticos, sino que puede llegar a distorsionar el rol periodístico, anotó el titular de la Aedep.
Las conversaciones entre Boscán y Norero (asesinado en octubre de 2022) dejan ver “una práctica profundamente reñida con la deontología del oficio”, apuntó la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en un comunicado, al tiempo de solidarizarse con los periodistas amenazados.
La fundación señaló que con el caso Metástasis es “innegable infiltración de estructuras criminales narcodelictivas en el funcionamiento integral del Estado: en su sistema de justicia, en sus fuerzas del orden, en el sector privado y también en el periodismo”.
Por ello, resaltó que las relaciones “poco transparentes” con fuentes vinculadas al crimen organizado podrían derivar en presiones e incidir en las publicaciones periodísticas.
La organización lleva un registro de atentados y amenazas contra periodistas del país. Según sus datos, entre enero y diciembre de este año se contabilizaron 29 amenazas de muerte, en tanto que 9 comunicadores abandonaron Ecuador para resguardar su vida lejos del peligro. (I)
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