Por Lucas Goyret
El desmantelamiento sistemático de la libertad de prensa en Nicaragua
El informe coordinado por Reporteros Sin Fronteras (RSF) subraya que el proceso de represión informativa ha sido progresivo y planificado desde 2006. Según la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED), con sede en Costa Rica, entre 2018 y 2025 se registraron el cierre y la confiscación de 61 medios y la expulsión forzada de 309 periodistas, lo que marcó el declive del periodismo independiente en el país centroamericano.
Este proceso estuvo acompañado de la captura institucional de los poderes del Estado y de la concentración del control en torno al núcleo presidencial Ortega-Murillo. Las agresiones incluyeron censura, violencia, confiscación de equipos, bloqueos económicos y el despojo de la nacionalidad como castigo colectivo.
Las restricciones han llegado más allá de las fronteras del país, alcanzando a quienes informan desde el exilio en Costa Rica, España, Estados Unidos y México. Según la FLED, desde 2018, más de 800.000 nicaragüenses han migrado, siendo el sector periodístico uno de los más afectados.
De la censura inicial a la persecución legal y el exilio
El informe destaca cuatro fases clave en el ataque a la libertad de prensa. La primera etapa (2006-2010) se caracterizó por la centralización del discurso y la exclusión de voces críticas, implementada desde el aparato comunicacional liderado por Rosario Murillo, utilizando la publicidad estatal como mecanismo de presión.
A partir de 2011, el régimen acentuó la concentración de medios y la cooptación institucional. A través de adquisiciones opacas de canales y emisoras, financiadas en parte con recursos provenientes de Venezuela, la familia Ortega-Murillo consolidó su dominio sobre el espectro informativo nacional.
Tras las protestas de 2018, la persecución se agravó. Solo ese año, 128 ataques contra periodistas fueron documentados por la FLED, e incluyeron el asesinato de Ángel Gahona y la ocupación de redacciones como Confidencial y 100% Noticias.
Se instauró la llamada ‘tríada represiva’ —la ley de ciberdelitos, la de agentes extranjeros y la de soberanía— utilizada para justificar detenciones, criminalizar la recepción de cooperación y promover la apatridia mediante la cancelación de nacionalidad.
El diario La Prensa ejemplifica el alcance de la represión: tras un bloqueo aduanero y la ocupación policial en 2021, fue confiscado, su personal forzado al exilio y el periódico solo pudo continuar como medio digital desde el extranjero.
Entre 2024 y 2025, nuevas reformas constitucionales consolidaron el autoritarismo. La creación de la “copresidencia” y la extensión del mandato presidencial cerraron cualquier espacio de pluralismo informativo, según lo señalado por Human Rights Watch y la FLED. Asimismo, más de 5.000 ONG fueron ilegalizadas, eliminando fuentes de información y apoyo social para el periodismo independiente.
Zonas de silencio: impacto social y opacidad informativa
Con la clausura de medios comunitarios y regionales, numerosas provincias quedaron sin prensa independiente. De acuerdo con la FLED y RSF, 11 departamentos, incluidas ambas regiones de la Costa Caribe, se catalogan como verdaderas “zonas de silencio”, lo que abarca el 65% del territorio nacional.
Esta situación impacta de forma directa a la ciudadanía, privándola del derecho a estar informada y debilitando la memoria histórica. Testimonios recabados por Las Exiliadas describen un clima de temor y la desaparición de espacios civiles fundamentales.
La periodista Maryórit Guevara destacó en el informe de Comunicas: “Nicaragua es hoy el único país de América Latina donde por la mañana no circula un periódico impreso. Tampoco se escuchan radios ni operan canales de televisión críticos”. La auto-censura y la salida de la profesión se han impuesto como estrategias de sobrevivencia.
El cierre de medios, el bloqueo de dominios digitales y el hostigamiento sistemático generan lo que FLED denomina desinformación institucionalizada. Muchas víctimas prefieren no denunciar por temor a represalias, lo que deriva en un subregistro de las violaciones perpetradas.
Mujeres periodistas: violencia específica y resistencia en el exilio
El enfoque de género es central en el informe presentado por Las Exiliadas. Las periodistas enfrentan formas específicas de agresión: violencia sexualizada, campañas de difamación, manipulación de la maternidad y vigilancia sobre sus círculos familiares.
Entre 2018 y marzo de 2025, la FLED documentó 730 violaciones a los derechos de mujeres periodistas, atribuyendo el 59,3% directamente al Estado. Además, ocho de cada diez mujeres atendidas en programas psicosociales reportaron haber sufrido ataques de connotación sexual.
El exilio resulta particularmente precario para las periodistas. Según la FLED, 106 mujeres periodistas conforman el 34,3% del total desplazado. Muchas han debido elegir entre abandonar la profesión o desempeñarse en empleos ajenos al periodismo. Una encuesta citada por Las Exiliadas revela que el 76% no logra cubrir sus gastos básicos desde el exilio y el 60% ha considerado dejar el oficio.
Testimonios como los de Carla Cáceres, Julia Ortíz y Melina Bonilla, recogidos por Las Exiliadas, resaltan el temor por la seguridad de sus familias y fuentes, la sobrecarga de tareas de cuidado, el racismo y las amenazas transnacionales en los países de acogida. La resistencia se canaliza en espacios solidarios, denuncias y en la reconstrucción colectiva de memoria.
El periodismo nicaragüense sobrevive desde el exilio
A pesar de la precariedad y el hostigamiento, el informe subraya la persistencia de 26 medios independientes operando fuera del país, principalmente en Costa Rica, España y Estados Unidos. Plataformas como La Lupa Feminista, Confidencial, Nicaragua Investiga, Divergentes, Artículo 66 y 100% Noticias, entre otras, continúan con su labor informativa gracias al uso de tecnologías y redes de colaboración, como indica el Fondo para el Periodismo en el Exilio (JX Fund).
Estas redacciones funcionan de forma segura y descentralizada; periodistas anónimos colaboran mediante sistemas cifrados y verificación cruzada. En 2025, el alcance digital de estos medios sumó 1,58 millones de visitas únicas y 5,7 millones de seguidores en Facebook, de acuerdo con JX Fund.
El periodismo en el exilio enfrenta dificultades económicas, fragmentación de audiencias y acceso a fuentes, pero constituye la principal garantía de información independiente y documentación de violaciones a derechos humanos sobre Nicaragua.
Como afirmó la periodista Winamba, de la Costa Caribe, “bajo dictadura, la vida en Nicaragua parece reducirse a tres opciones: la sumisión, la cárcel o el exilio”.
Ni la represión ni el desplazamiento han logrado silenciar por completo a quienes ejercen el oficio periodístico. El periodismo nicaragüense, aún fragmentado y desplazado, mantiene una red activa que sostiene la denuncia pública y la documentación de las violaciones reportadas por organismos internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa y RSF, que colocan al país en la posición 172 de 180 en el ranking mundial de libertad de prensa.
La red compuesta por periodistas en el exilio revela la fuerza de una ética orientada a las víctimas y el derecho a la verdad, que sostiene la labor informativa bajo condiciones adversas y mantiene viva la expectativa de una Nicaragua libre y plural.
Infobae
