Miami, EE.UU.- Directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la organización Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), asistirán mañana al acto público de reparación por el asesinato del periodista Guillermo Cano, director del diario El Espectador, perpetrado hace 37 años por el Cartel de Medellín que dirigía Pablo Escobar.
El Estado colombiano reconocerá el 9 de febrero en Bogotá los fallos, las carencias y omisiones en torno a la investigación y la búsqueda de Justicia, así como en la protección judicial a las víctimas y sus familiares en relación con el asesinato de Cano.
El Estado, representado por el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, también se comprometerá a reparar a los familiares de las víctimas y a seguir buscando justicia. La ceremonia coincide con la celebración del Día del Periodista en Colombia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estará representada por el relator para Colombia, el comisionado José Luis Caballero. Al acto, a realizarse en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, también asistirán invitados especiales de la familia Cano. La SIP estará representada por su presidente Roberto Rock, director del portal mexicano de noticias La Silla Rota, y por el director ejecutivo de la organización Carlos Lauría.
Cano fue asesinado el 17 de diciembre de 1986. Tenía 61 años. Aquel magnicidio fue el preludio de una ola de violencia desatada por Pablo Escobar y otros narcotraficantes, quienes pretendían silenciar a la prensa crítica colombiana.
La SIP realizó una investigación periodística que presentó ante la CIDH el 20 de febrero de 1997. El organismo le asignó el número de caso 11.728. El caso, emblemático para la SIP, formó parte de los primeros seis asesinatos contra periodistas presentados ante la Comisión. La RFK Human Rights y la FLIP se unieron a la SIP en 2018 como organizaciones representantes del caso ante la Comisión.
Durante los primeros años, con la intermediación de la CIDH, los representantes mantuvieron la comunicación con el Estado de Colombia, pero posteriormente las diligencias del caso se vieron estancadas. Sin embargo, en 2018, trascendió que la CIDH había aprobado en 2001 un informe de fondo con recomendaciones al Estado.
La CIDH no llegó a notificar a los representantes de la víctima y sus familiares para que presentaran sus observaciones. Entonces, debido a las irregularidades en el trámite y sus implicaciones en materia de acceso a la justicia interamericana, se anuló la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ahora, durante el acto del 9 de febrero, las partes también firmarán un acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH, que incluye cláusulas para la reparación material y moral de la familia, medidas de no repetición y de búsqueda de justicia.
SIP
