Ciudad de México.- El periodista Raymundo Riva Palacio Neri obtuvo un amparo ante los señalamientos de los que ha sido objeto en las mañaneras de Palacio Nacional, por lo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la lectora de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, Elizabeth García Vilchis, deberán abstenerse de emitir cualquier pronunciamiento, manifestación o declaración pública que ponga en evidencia información personal.
De hacerlo, deberán mencionar y exhibir las pruebas que sustenten su dicho, así como otorgar el derecho de réplica al periodista dentro de las 24 horas siguientes a las manifestaciones e imputaciones que se hagan.
Las medidas que amparan al periodista incluyen no solo conferencias de prensa matutinas y a la sección “Quién es quién en las mentiras”, sino cualquier otra sección dentro de las mañaneras. El poder Judicial consideró que el Poder Ejecutivo rebasó su derecho a la libertad de expresión, pues violentó el “honor, la privacidad, incluso, la presunción de inocencia de la persona sobre la que se habló”.
“Las manifestaciones reclamadas tienen un efecto inhibidor en el derecho a la libertad de expresión y en la labor periodística del quejoso, pues lo limitan para realizar una publicación en la que señale las deficiencias del gobierno, por la probabilidad de ser mencionado y atacado en las conferencias mañaneras, esto último que se trata de un acto de autoridad, porque le infringe en sus derechos fundamentales y puede ser motivo de análisis en el juicio”, se lee en el juicio de amparo.
“Aún más, las expresiones realizadas tampoco cumplen con la dimensión política de la libertad de expresión, respecto de la libre circulación de las ideas para la formación de la ciudadanía y de la democracia representativa, permitiendo un debate abierto sobre los asuntos públicos, pues lo que se está haciendo es castigar al quejoso, quien ejerce la profesión de periodista y, como ya se ha dicho, no debe ser castigado por parte del Estado por las opiniones que expresa”.
UNA NOTICIA SOBRE LA GUARDIA NACIONAL DESATÓ LOS ATAQUES
Raymundo Riva Palacio fue acusado en la sección de “Quién es quién en las mentiras de la semana”, que conduce Ana Elizabeth García Vilchis en las conferencias mañaneras, de ser “el pinocho de la semana”, luego de que el periodista publicara información sobre la participación de la Guardia Nacional en un supuesto operativo en la Universidad de las Américas de Cholula, Puebla, donde intentaron desalojar al personal y los alumnos. La información la publicó Riva Palacio el 29 de junio a las 10:42 de la mañana, en su cuenta de X (antes conocida como Twitter).
Una hora después, la Guardia Nacional desmintió lo aseverado por el periodista y él corrigió y admitió que la fuente que le proporcionó la información se equivocó. Sin embargo, Ana Elizabeth García Vilchis criticó que Riva Palacio no borrara los mensajes donde informaba del operativo.
“No borra sus publicaciones. Las deja para generar una percepción, lo cual nos parece verdaderamente lamentable porque su información está basada únicamente en percepciones”, dijo en la conferencia mañanera del 30 de junio.
En su participación, Ana Elizabeth García Vilchis también aseguró que Riva Palacio fue asesor del expresidente Carlos Salinas de Gortari en materia de medios de comunicación. El periodista lo negó rotundamente y ofreció pruebas al respecto.
“Por ejemplo, su colaboradora afirmó que fui “asesor de Salinas para noticias”. Es falso. Ni siquiera existía ni existe un puesto de esa naturaleza. Dirigí durante 14 meses Notimex, lo que es público, y la agencia empezó a trabajar en su misión de informar”.
SI LO NOMBRAN, QUE DEN PRUEBAS
El Poder Judicial, a través del amparo que concedió a Raymundo Riva Palacio, recordó que “quienes ejercen el periodismo no pueden ser sujetos de castigo o persecución por parte del Estado cuando, en ejercicio de esa profesión, emiten opiniones o información de interés generan”. En ese sentido, obligan al presidente López Obrador y a García Vilchis a presentar pruebas si es que vuelven a mencionarlo con acusaciones que violen su privacidad.
“De hacerlo, deberán mencionar y exhibir las pruebas que sustenten su dicho, así como otorgar el derecho de réplica al quejoso dentro de las veinticuatro horas siguientes a las manifestaciones e imputaciones que se hagan”.
El amparo va más allá, pues asegura que el Estado mexicano debe “a través de sus órganos debe adoptar todas las medidas tendentes a hacer efectiva la protección” del derecho a la protección de datos personales, pues tiene prohibido “difundir información de carácter personal entre los que se encuentran los datos personales, confidenciales, el secreto bancario e industrial, situación financiera y fiscal y en general en no entrometerse en la vida privada de las personas”.
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