Asunción, Paraguay.- En el caso del periodista Santiago Leguizamón, tras años sin respuesta ni justicia, la demanda al Estado paraguayo por el caso fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2007.
Dicha instancia resolvió remitir el caso a la Corte IDH luego de concluir que el Estado de Paraguay es responsable internacionalmente por no actuar de conformidad con su deber de prevención y protección, y no garantizó su derecho a la libertad de expresión.
La CIDH sostuvo además que la investigación y el proceso penal no cumplieron con los estándares de debida diligencia ni con el plazo razonable, entre otros aspectos señalados.
El comunicador, conductor del programa radial matutino Puertas abiertas, de Radio Mburucuyá, y corresponsal del diario Noticias, fue asesinado en Pedro Juan Caballero, el 26 de abril de 1991, Día del Periodista en Paraguay. El hombre de prensa era conocido por sus investigaciones de casos de corrupción.
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Por su parte, el ex fiscal Alejandro Nissen fue destituido porque supuestamente pasó información de sus casos a la prensa.
En abril del 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que presentó el caso del ex fiscal Alejandro Nissen contra el Paraguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El informe se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la violación de garantías judiciales en procesos en su contra por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que lo removió como agente fiscal penal.
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Nissen investigaba varios casos de corrupción y en marzo del 2002, se presentó una denuncia ante el JEM por mal desempeño en sus funciones. Lo destituyeron en abril del 2003 y en el 2004 la Corte rechazó una acción de inconstitucionalidad que planteó.
La CIDH estableció que el Paraguay violó los derechos de Nissen Pessolani a contar con decisiones motivadas, al principio de legalidad y a la libertad de expresión. También sobre el derecho a recurrir el fallo, si bien fue a la Corte, la acción no fue efectiva para proteger sus derechos.
Paraguay se expone a condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ambos casos y podría ser obligado a pagar millonarios resarcimientos en ambos casos.
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