Por Michelle Campos
San José.- Costa Rica registra un rápido deterioro de la libertad de prensa, según el más reciente informe de la Red Voces del Sur, grupo de organizaciones de la sociedad civil que defienden el acceso a la información pública.
Durante el 2023, las alertas sobre agresiones y ataques contra periodistas presentaron un incremento de 245% en comparación con el 2022, “en un país que hasta hace poco se consideraba bastión de la democracia y las libertades fundamentales en la región”.
“Estas acciones se acompañan de estrategias de desgaste financiero y de desinformación que generan serias preocupaciones en organizaciones de la sociedad civil sobre el futuro de la libertad de prensa en Costa Rica. Esta situación representa un retroceso importante para un país que tradicionalmente se había caracterizado por la estabilidad de su democracia, el respeto a los derechos humanos y la promoción de las libertades fundamentales”, cita el informe.
“El presidente Rodrigo Chaves continúa con un peligroso discurso estigmatizante, el cual es cada vez más replicado por otros funcionarios públicos y por simpatizantes de su gobierno. En una conferencia de prensa, el presidente Chaves se refirió a periodistas de La Nación, CRHoy y Teletica como ‘sicarios políticos’”, indicó el reporte.
En Costa Rica, la Red Voces del Sur tiene como integrante al Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX).
La Nación envió una solicitud de criterio a Casa Presidencial, mediante un correo electrónico enviado a la dirección de atención de consultas a la prensa.
El documento de Red Voces del Sur señaló la existencia de una tendencia alarmante que socava la libertad de prensa en el país. Para el 2023, el LatAm Journalism Review contabilizó 38 alertas documentadas: 14 por agresiones y ataques, 11 por discursos estigmatizantes, siete por restricciones en el acceso a la información pública y cinco por procesos judiciales.
“Las acciones antiprensa, promovidas desde el Poder Ejecutivo, contribuyen a un clima permisivo en el cual la violencia verbal se materializa en agresiones y ataques hacia periodistas. En algunos casos, la violencia se reproduce desde las propias autoridades gubernamentales”, expone el informe.
Preocupante situación para las mujeres
Por su parte, la situación de las mujeres periodistas fue catalogada como preocupante, puntualizando el caso de Vilma Ibarra, periodista costarricense que afrontó acusaciones infundadas del presidente Chaves, lo que derivó en amenazas de muerte a través de redes sociales.
“Se destacó el caso de la periodista Vilma Ibarra, conductora del programa radiofónico Hablando Claro, de radio Columbia. En junio, el presidente de la República la acusó sin pruebas de haber recibido dinero para hacer propaganda sobre la construcción de una carretera.
“Luego de que la periodista se defendiera de estas acusaciones, comenzó a recibir amenazas de muerte por redes sociales, hecho que fue repudiado por diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa. Además de evidenciar el discurso estigmatizante hacia el periodismo por parte del Ejecutivo, este caso refleja la violencia diferenciada a la cual están expuestas las mujeres periodistas en el ejercicio de su trabajo”, precisó el informe.
Pese al ambiente de deterioro promovido por el Ejecutivo y sus simpatizantes, el informe rescató la respuesta institucional de la Sala Constitucional y de la Asamblea Legislativa, que han contrarrestado los ataques.
El documento también mencionó el caso de Luis Gerardo Castañeda, alcalde de Liberia 2020-2024, quien siendo jerarca agredió físicamente a Eduardo Alfaro, periodista de Canal 5 Guanacaste, en enero de 2023.
LA NACION
