El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa (ICLEP) registró 65 violaciones a la libertad de expresión durante el mes de noviembre, de las que casi la mitad fueron ejercidas contra ciudadanos que no tienen vínculos con el activismo organizado ni la oposición política.
De acuerdo con el informe de la organización correspondiente al onceno mes de 2024, publicado el pasado 9 de noviembre, fueron 31 los ciudadanos comunes que resultaron «víctimas de agresiones, la gran mayoría de ellos por salir a las calles a protestar ante las deplorables condiciones de vida en la Isla y por ejercer su legítimo derecho a expresarse».
El ICLEP recodó que la crisis energética de Cuba, que ha tocado fondo con tres apagones generalizados provocados por colapsos del sistema electro-energético nacional (SEN), ha provocado protestas ciudadanas en varias localidades del país.
La reacción del régimen ha consistido en detener a los manifestantes, aplicarles prisión preventiva como medida cautelar y acusarlos de los delitos de «atentado, desórdenes públicos y daños».
De las 65 violaciones recogidas por el ICLEP en el mes, 12 fueron ejercidas contra la libertad de prensa.
El mayor número de agresiones consistió en detenciones arbitrarias (29). También se produjeron ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas (16), uso abusivo del poder estatal (13), cuatro restricciones en el espacio digital, dos agresiones físicas y una reclusión.
El ICLEP destacó que durante ese mes fueron juzgados, los prisioneros políticos Onailkel Infante Abreu, detenido hace más de un año por escribir frases antigubernamentales en una sábana y exhibirla desde la azotea de su vivienda, y Sulmira Martínez Pérez, arrestada en enero de 2023 «por publicar en Facebook mensajes que animaban a los cubanos a protestar contra la dictadura».
A Infante Abreu, la Fiscalía lo catalogó como un «peligro para la sociedad» y le pidió una condena de entre 15 y 20 años de privación de libertad. En el caso de Martínez Pérez, la petición fiscal fue de diez años de cárcel.
El ICLEP también resaltó la situación de los presos políticos, particularizando el caso del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, quien fue golpeado brutalmente por personal carcelario en noviembre, por lo que tuvo que ser hospitalizado. Las autoridades penitenciarias lo mantuvieron incomunicado durante varios días y sin que su familia conociera su estado.
El Instituto señaló nuevamente a la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria como los principales responsables de la represión de la libertad de expresión en Cuba.
La provincia donde ocurrieron más vulneraciones fue Santiago de Cuba (15). Detrás, se ubicaron La Habana (12) y Villa Clara (12).
El Instituto también documentó un nuevo caso que demuestra la complicidad entre los regímenes de Cuba y Nicaragua. Se trata de la negativa de entrada al país, por parte del régimen de Daniel Ortega al periodista de Cubanet Enrique Díaz Rodríguez, quien quedó varado en el aeropuerto de Lima junto a su familia.
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