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Denuncian que el periodista Víctor Barahona estuvo preso y fue torturado en El Salvador bajo el régimen de excepción

La APES indicó que permaneció en condiciones de hacinamiento y sin acceso a atención médica en diversas prisiones
Víctor Barahona (segundo desde la izquierda) en conferencia de prensa junto a miembros de la Asociación de Periodistas de El Salvador (Asociación de Periodistas de El Salvador)

San Salvador.- La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció este lunes la detención arbitraria de uno de sus colegas, quien estuvo preso por más 11 meses y que habría sufrido torturas en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

“La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) condena la captura arbitraria y sin sustento del periodista comunitario Víctor Barahona, quien estuvo encarcelado por casi un año de manera injusta”, indicó en un comunicado.

Agregó que “durante 11 meses y 12 días, Barahona permaneció en condiciones de hacinamiento, tortura y sin acceso a atención médica” en diversas prisiones.

“La APES también rechaza que cuando Barahona salió libre el 19 de mayo de 2023 nadie informó a su familia, no le entregaron ninguna carta de libertad ni documentación similar, pues solo le dijeron que salía de la cárcel por ‘petición fiscal’”, añadió y sostuvo que el periodista comunitario fue acusado por agentes de la Policía de colaborar con pandillas.

Nayib Bukele implementó el régimen de excepción a finales de marzo de 2022 (EFE/Miguel Lemus)

La Asociación condenó “el actuar negligente de las autoridades de justicia” y su “escaso profesionalismo y poco apego al marco legal y constitucional dentro del cual deben circunscribir su actuar”.

“La APES desde la Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos le da acompañamiento y defensa legal a Víctor Barahona para reafirmar su inocencia”, indicó y lamentó que la corte que lleva su caso “aún no ha permitido el nombramiento del defensor de su confianza, o acceso a su expediente judicial”.

El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción desde finales de marzo de 2022, tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas. Con esta medida, que suspende derechos constitucionales, el Gobierno ha detenido a más de 70.000 personas.

Organizaciones humanitarias registraron hasta mediados de marzo al menos 5.082 “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.

(Con información de EFE)

Infobae

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