La Paz, Bolivia.- Ante el pedido de aprehensión de un periodista por parte de la Gobernación de Potosí, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Potosí (APP) denunciaron restricciones a la información y judicialización de periodistas en la Villa Imperial.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Potosí (APP) denuncian restricciones a la información y judicialización de periodistas en el departamento potosino.
“Denunciamos que el gobernador de Potosí, Jhonny Óscar Mamani Gutiérrez, en una clara vulneración a la Ley de Imprenta demandó al Órgano Judicial la aprehensión del director de radio Fides Potosí, Germán Antonio Vidaurre Villanueva, por no haberse presentado a declarar como testigo en un juicio por difamación que la autoridad ha interpuesto contra el asambleísta Jaime Flores en el marco del caso sobre la presunta corrupción en el intento de compra de 41 ambulancias”, señala un comunicado.
La solicitud de aprehensión fue interpuesta a pesar de que el periodista se excusó de declarar arguyendo que no podía oficiar de testigo porque violaba el secreto de fuente que está protegido por la Ley de Imprenta.
Por otra parte, el gremio expresó su repudió a la vulneración del derecho de libre acceso a la información pública por parte del presidente ejecutivo de la Comibol, Marcelino Quispe, que el pasado 5 del presente increpó al periodista Marvin Valda, del diario El Potosí, y se negó a responder respecto a las acciones que su despacho tiene previstas para evitar el colapso del Cerro Rico de Potosí.
“Por favor, le voy a rogar que ¡no me moleste!”, arengó el funcionario que, luego, abandonó el lugar sin responder la consulta periodística.
La ANPB y la APP critican la conducta de dichas autoridades estatales que, en su función pública, tienen la obligación de respetar la normativa nacional e internacional que protege la libertad de prensa.
“Denunciamos que el intento de judicialización de las y los periodísticas es una práctica recurrente con la que se pretende silenciar al periodismo y, asimismo, evitar la fiscalización de las acciones del Estado para transparentar la gestión pública”, se lee en otra parte del pronunciamiento.
También afirman continuarán en la lucha “contra la cultura del secreto que intentan imponer algunas autoridades estatales como parte de su práctica cotidiana”.
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