Miami, EE.UU.- A diecinueve años de la desaparición del periodista mexicano Alfredo Jiménez Mota, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) renueva su llamado al poder judicial mexicano para continuar investigando el caso, identificar a los responsables y sancionarlos hasta el extremo. todo el alcance de la ley.
Como parte de su campaña “Voces Reclamando Justicia”, la SIP recuerda en esta fecha las circunstancias de su desaparición y destaca la valentía de su valiente labor.
Alfredo Jiménez Mota, cuyo paradero se desconoce desde el sábado 2 de abril de 2005, cuando tenía 25 años, dedicó su prometedora carrera a la investigación del crimen organizado y la seguridad pública para el diario El Imparcial , en la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora. Según una investigación de la SIP, encargada a la periodista María Idalia Gómez en 2009, las autoridades mexicanas reconocieron públicamente en su momento que la desaparición estaba vinculada a sus reportajes sobre narcotráfico a nivel estatal.
Tras la desaparición de Jiménez Mota y las amenazas recibidas por dos de sus colegas, El Imparcial decidió cesar las investigaciones sobre temas relacionados con el narcotráfico, al considerar que no había condiciones para garantizar la seguridad de sus reporteros.
En mayo de 2009, la SIP presentó la investigación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La desaparición de Jiménez Mota ilustró los peligros que enfrentan los periodistas en México, según la Organización de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, que participa desde 2018 junto a la SIP en el caso ante el sistema interamericano de derechos humanos.
El 8 de diciembre de 2021, en un acto público al que asistieron su padre, José Alfredo Jiménez Hernández; su madre, Esperanza Mota, y su hermana, Leticia Jiménez Mota, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migraciones del Ministerio del Interior, Alejandro Encinas, pidió disculpas porque el Estado “no pudo garantizar ni proteger la integridad” de Jiménez Mota. . Encinas dijo que reafirmó “el reconocimiento de responsabilidad por la violación de derechos humanos fundamentales a su seguridad, su integridad y el ejercicio de su profesión”. En esa misma fecha se firmó un acuerdo de solución amistosa , mediante el cual el Estado se comprometió a implementar medidas de satisfacción, rehabilitación, no repetición y compensación.
Si bien los familiares de Jiménez consideraron positivo que el gobierno retomara la investigación sobre la desaparición de Alfredo, se mostraron escépticos de que se avanzara en la determinación de su paradero. Recientemente, su padre indicó que, aunque “se están revisando otras líneas de investigación, no se ha conseguido nada, todo sigue igual”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, reiteró el reclamo de la organización de “seguir combatiendo la impunidad en los casos de asesinatos contra periodistas”. Jornet, director editorial del diario argentino La Voz del Interior , también instó a los candidatos a la Presidencia de México, que competirán en las elecciones del próximo 2 de junio, a “enfatizar en su agenda política el papel esencial del periodismo en una democracia, para promover las acciones necesarias para detener la violencia contra la prensa, y garantizar la seguridad de los periodistas durante su trabajo.”
Jiménez Hernández agradeció que “de alguna manera se recuerde a los periodistas que ya no están con nosotros cumpliendo su profesión. Estamos orgullosos de que en este caso esté incluido nuestro hijo y hermano”, quien habría cumplido cuarenta y cuatro años el pasado 16 de febrero. familia, representantes de la Fiscalía General de la República les tomaron muestras de sangre hace varias semanas con el propósito de contrastar su información genética en las bases de datos del país.
El acuerdo, firmado en el marco del caso tramitado ante la CIDH, incluía, entre otras medidas, reparaciones relacionadas con la investigación y acciones efectivas de búsqueda consistentes en “desarrollar e implementar un Plan de Búsqueda para localizar a Alfredo Jiménez Mota”; la inauguración de la calle “Alfredo Jiménez Mota” en Empalme, Sonora, donde reside la familia; y compensación económica para las víctimas. El Estado también debe continuar capacitando a los funcionarios públicos que por sus funciones puedan tener interacción directa con casos relacionados con la prevención, investigación y sanción de delitos contra periodistas y/o la libertad de expresión. También estableció el compromiso de mejorar los protocolos del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas con prácticas internacionales que tiendan a generar una mayor colaboración y coordinación entre autoridades federales y estatales.
La campaña de la SIP “Voces Reclamando Justicia” pretende perseverar en el reclamo de justicia y rescatar la memoria de los periodistas asesinados en América Latina durante las últimas décadas, a través de la publicación mensual de un comunicado sobre un caso emblemático documentado por la organización.
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