Madrid/Estrasburgo.- La libertad de prensa siguió sometida a una constante presión en Europa en 2025. El informe anual de las organizaciones asociadas a la recién creada Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas recoge 344 alertas de amenaza grave a la libertad de los medios de comunicación, lo que supone un aumento del 29% respecto al 20024, cuando se registraron 266.
El ejercicio del periodismo se ha visto amenazado por acciones judiciales, agresiones físicas e intimidaciones, intentos de captura de medios de comunicación y represión transnacional, según constata en el citado informe.
Esta situación se mitigó por las iniciativas emprendidas en varios Estados y a escala europea para mejorar la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas, entre ellas la adopción de planes de acción para proteger a los informadores, legislación promulgada en algunos países para abordar cuestiones como las demandas abusivas, la desinformación y la protección de las fuentes.
El informe, titulado ‘On the tipping point: press freedom 2025’ (‘En el punto crítico: libertad de prensa 2025’), señala que la guerra de Rusia contra Ucrania siguió siendo la amenaza más grave para los periodistas. En total cuatro trabajadores de los medios de comunicación perdieron la vida, otros resultaron heridos y muchos permanecen detenidos en territorios ocupados o han desaparecido.
En toda Europa, los periodistas fueron a menudo agredidos físicamente durante las protestas por la policía, los actores políticos y los manifestantes. Este tipo de agresión se produjo en una cuarta parte de los Estados abarcados por el informe, y los niveles más altos se registraron en Georgia, Serbia y Turquía.

Obstáculos
En varios países, los medios de comunicación públicos fueron objeto de injerencias políticas, legislación restrictiva y financiación insuficiente, según el informe. Las demandas abusivas, conocidas como demandas estratégicas contra la participación pública (Slapp, por sus siglas en inglés), siguieron utilizándose ampliamente para silenciar a los medios de comunicación.
En este sentido, los socios de la Plataforma acogen con satisfacción las iniciativas emprendidas en varios países para aplicar tanto la Directiva de la UE como la Recomendación del Consejo de Europa contra las Slapp.
El informe también expresa preocupación por la vigilancia digital de periodistas mediante programas espía, la represión transnacional de periodistas, la legislación sobre «agentes extranjeros» adoptada o prevista en varios países, y las precarias condiciones laborales de los trabajadores de los medios de comunicación en muchos países.
En 2025, los socios de la Plataforma publicaron 344 alertas de amenazas graves a la libertad de los medios de comunicación, lo que supone un aumento significativo (+29 %) con respecto a 2024, cuando se registraron 266. Los países con mayor número de alertas fueron Rusia (50), Turquía (49), Georgia (35), Serbia (35) y Ucrania (27), en su mayoría relacionadas con territorios ocupados por Rusia o atribuidas a fuerzas rusas.
La categoría más frecuente de las alertas (90) estaba relacionada con las agresiones contra la seguridad e integridad física de los periodistas, en particular con el fallecimiento de cuatro trabajadores de los medios de comunicación por ataques de drones rusos (los periodistas ucranianos Olena Hramova, Yevhen Karmazin y Tetyana Kulyk, y el fotoperiodista francés Antoni Lallican) y el fallecimiento del periodista independiente turco Hakan Tosun tras una brutal agresión. A 31 de diciembre de 2025, en la Plataforma todavía figuraban 51 muertes de periodistas sin resolver.
El informe advierte del uso sistemático de la privación de libertad como herramienta de control de los medios de comunicación. A 31 de diciembre de 2025, había 148 periodistas detenidos en toda Europa: 36 en Azerbaiyán, 32 en Rusia, 27 en Bielorrusia, 26 retenidos por Rusia en los territorios ocupados de Ucrania, 24 en Turquía, dos en Armenia y uno en Georgia.
Los socios de la Plataforma instan al Consejo de Europa, la Comisión Europea y los 46 Estados miembros del Consejo de Europa a que hagan cumplir las normas sobre libertad de prensa. Recomiendan, con carácter prioritario, reforzar la seguridad de los periodistas, aplicar plenamente las normas anti-Slapp, salvaguardar la independencia de los medios de comunicación públicos y aumentar la protección de las mujeres periodistas, entre otras medidas.
Los socios destacan que el Nuevo Pacto Democrático para Europa del Consejo de Europa debería situar la libertad de los medios de comunicación, el pluralismo de los medios y la seguridad de los periodistas en el centro de la resiliencia democrática, e incluir salvaguardias contra la desinformación y la captura de los medios, así como una hoja de ruta para integrar los objetivos relacionados con la seguridad de los periodistas en las actividades pertinentes del Consejo de Europa.


Además, lamentan que en 2025 menos de un tercio de las alertas recibieron respuesta gubernamental, por lo que piden a los Estados que aumenten su cooperación con la Plataforma. El informe abarca a los 46 Estados miembros del Consejo de Europa y también a Rusia, tras su expulsión del Consejo de Europa en 2022, y Bielorrusia.
La Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas fue creada por el Consejo de Europa en 2015, en colaboración con destacadas ONG internacionales activas en el ámbito de la libertad de expresión y asociaciones de periodistas, con el fin de proporcionar información que sirva de base para el diálogo con los Estados miembros sobre posibles medidas de protección o reparación.
Los 15 socios son la Federación Europea de Periodistas, la Federación Internacional de Periodistas, la Asociación de Periodistas Europeos, Article 19, Reporteros sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas, Index on Censorship, el Instituto Internacional de Prensa, el Instituto Internacional para la Seguridad de la Información, Rory Peck Trust, la Unión Europea de Radiodifusión, PEN International, el Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Medios de Comunicación, Free Press Unlimited y la Fundación Justicia para Periodistas.
EURACTIV