París, Francia.- La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, está preocupada por las acciones judiciales en Turquía contra periodistas que están coartando la libertad de prensa, con un entorno cada vez más “críticamente hostil”.
La represión judicial sigue siendo “la manifestación más preocupante (…) en un intento deliberado de silenciar las voces críticas e impedir que informen sobre las continuas violaciones de los derechos humanos en Turquía”, denunció Mijatović en un comunicado publicado este martes.
Esta problemática se arrastra desde 2020, cuando el Consejo de Europa (CdE) ya alertó del “amplio uso” por parte de las autoridades turcas de “disposiciones problemáticas”, como el Código Penal y la Ley Antiterrorista, para “reprimir la libertad de expresión”.
En concreto, el CdE señalaba entonces el artículo 299 de ese Código Penal, que considera ilegal insultar al presidente de la República; el 301 que castiga a los que denigran la nación turca, el Estado o sus instituciones; y el 314 por la pertenencia a una organización criminal armada.
La aprobación por el Parlamento turco en octubre de 2022 de una serie de enmiendas a la Ley de Internet, la Ley de Prensa y el Código Penal ha supuesto una mayor censura y un control más estricto de las redes sociales, lo que incluye multas para los infractores.
Una de las disposiciones que hace referencia a la “información falsa o engañosa” ha sido criticada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) y la Comisión de Venecia, un órgano técnico de derecho constitucional dependiente también del CdE.
Incluso el presidente del Tribunal Constitucional de Turquía, Zühtü Arslan, había hecho notar que si bien las penas de uno a tres años de prisión que se contemplan por la publicación de informaciones falsas o engañosas son elementos concretos y previsibles, los “elementos del delito y el motivo que se persigue son completamente abstractos y abiertos a la interpretación y valoración subjetivas”.
Mijatović recordó que en febrero se registraron los domicilios de cinco periodistas que trabajaban para medios de comunicación en lengua kurda y que otros cinco fueron sometidos a arresto domiciliario u otras medidas de control judicial, sin que les informara de los detalles de la investigación de la que eran objeto.
Hay además otros dos periodistas acusados en septiembre de 2023 por cargos relacionados con el terrorismo por informaciones sobre el nombramiento de un miembro del Tribunal Constitucional.
La difusión de la información por internet es otro de los canales que los tribunales turcos continúan bloqueando “sistemáticamente”, indicó la comisaria de Derechos Humanos en su informe.
Aunque no hay estadísticas oficiales disponibles, el CdE calculaba a finales de 2022 que en ese país se habían bloqueado más de 700.000 dominios, 150.000 direcciones URL y 55.500 publicaciones en X.
Turquía figura en el Informe Anual 2023 de la Plataforma del Consejo de Europa para Promover la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas como el país de Europa con mayor número de periodistas detenidos (52), seguido de Bielorrusia (32) y Rusia (22). EFE
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