Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) para el periodo 2022-2024, conversó con GatoEncerrado sobre la situación actual de los periodistas que enfrentan “ataques o golpes de baja intensidad”, como denomina a las estrategias del Gobierno de Nayib Bukele para debilitar la libertad de prensa y a los medios de comunicación. En esta entrevista enumera algunas: la asfixia económica, a través de la pauta publicitaria como instrumento de premio o castigo y amenazas contra empresarios para que dejen de anunciarse en medios no oficialistas; la intervención de celulares a través del Software espía Pegasus y reformas para promover la censura, entre otras.
Su preocupación es que luego de las elecciones de 2024, el escenario para ejercer el periodismo llegue al extremo de tener periodistas criminalizados, procesados judicialmente, encarcelados, en éxodo y, en el peor de los casos, asesinados. Antes de que eso suceda, hace un llamado a la comunidad internacional para que replantee su interacción diplomática con un país que “viola derechos humanos”.
Durante la presentación del balance sobre libertad de prensa en 2022, con datos hasta el 15 de diciembre, Apes informó que hubo 125 agresiones contra periodistas y 151 afectaciones. ¿Podría brindarme los datos actualizados hasta el 31 de diciembre?
La Asociación de Periodistas de El Salvador cuenta desde el año 2018 con un centro de monitoreo de agresiones a periodistas que registra la data de casos de vulneraciones. Hay que mencionar que son casos de los que la Apes se entera, probablemente pueden haber subregistros que son aquellos de los que no nos enteramos o a veces también la gente no quiere que se den a conocer. Al menos durante el año 2022, cerramos con 128 casos y 155 afectaciones. Si hacemos una comparación con 2021, la cifra fue un poco mayor de 219, pero hay que mencionar que de esos 219, 84 correspondían a la coyuntura electoral. En 2021 tuvimos elecciones de diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano, alcaldes y alcaldesas, se instaló un centro de monitoreo especial y tuvimos esa cantidad que generó ese aumento.
Hay que evitar confundirse, que no se vaya a pensar que entonces han bajado (los casos de vulneraciones) y no ha pasado nada acá en El Salvador o están disminuyendo las agresiones. Es lo contrario: Si bien en números las afectaciones pueden ser un tanto menores, la gravedad de las afectaciones son mucho mayores de las que ya había registrado la Apes desde la instalación del Centro de Monitoreo. Voy a colocar un ejemplo: El caso de Pegasus. A inicios de 2022, nos enteramos, gracias a un trabajo de dos organizaciones internacionales, Access Now y Citizen Lab, del espionaje de al menos una treintena de periodistas y personas defensoras de derechos humanos con un software que solo se le vende a Estados. No creo que el Estado de Guatemala, Honduras o de Nicaragua quiera estar vigilando al menos a más de 30 periodistas y personas defensoras de derechos humanos de El Salvador; lógicamente, es el Estado salvadoreño. Eso es grave, porque hay que recordar que el espionaje no está legalizado en El Salvador. No hay explicación del Estado salvadoreño hasta la fecha. Apes presentó una denuncia formal a inicios del año pasado, justo cuando se presentó este informe y se hizo público este evento. Entre esos medios afectados está GatoEncerrado.
Otro de los hechos que nos ha preocupado es el tema de la salida de periodistas del país por el contexto del régimen de excepción. En 2022 tuvimos alrededor de siete periodistas que se fueron en el marco del régimen para prevenir cualquier implicación de alguna sanción penal por sus publicaciones periodísticas, porque en el marco del régimen se aprobaron reformas al Código Penal y a la ley de Proscripción de Pandillas que puede penalizar con cárcel a periodistas que cubren temas sobre pandillas. Hemos hecho análisis con abogados de algunas notas y se advertía que podría aplicarse estas reformas a las y los colegas y eso implicó que salieran, pero también hay alrededor de otros cuatro periodistas que se vieron vulnerados o amenazados por funcionarios o instituciones y tuvieron que salir del país. El caso más grave es el de un comunicador que trabaja en una oenegé; él fue amenazado de muerte por parte de miembros de la Policía Nacional Civil y le tocó irse, prácticamente de un momento a otro, para salvaguardar su integridad física que, yo esperaría, el Estado salvadoreño no lo vea como un hecho menor.
No solo tenemos la reforma a la Ley de Proscripción de Pandillas, del Código Penal, a la Ley de Telecomunicaciones, a la Ley Internacional a las Telecomunicaciones, también está la instalación de la figura del oficial de cumplimiento, en el marco de la Ley Contra Lavado de Dinero, que es una es una imposición bastante ambigua por parte de la Fiscalía, porque pretenden hacerle creer a la ciudadanía que las organizaciones de sociedad civil o empresas no rendimos cuentas o no somos auditadas o no somos transparentes; todo lo contrario. Cualquier organización o empresa tiene que rendir cuentas de sus auditorías del trabajo que está haciendo, pero la figura del oficial de cumplimiento preocupa por la forma tan injerente que tiene hacia las organizaciones o empresas; te obligan a que contrates a una persona que sale de tu salario, y no todas las empresas u organizaciones pueden tener el lujo de pagarle a alguien. Prácticamente se convierte en un informante directo del trabajo que hace la organización con la Fiscalía, y no está obligada esta persona a mantener una vinculación con la organización o con la empresa.
¿Considera que es otro mecanismo de control por parte del gobierno?
No aprueban una ley de agentes extranjeros, pero sí este tipo de medidas.
¿Lo ve como una alternativa a la Ley de Agentes Extranjeros que el gobierno y su Asamblea querían aprobar?
Claro. Y este gobierno tiene esa narrativa de “aquí no se mata periodistas, aquí no hay periodistas presos, aquí no hay medios cerrados”, pero yo me atrevería a decir que están implementando golpes de baja intensidad, como en la guerra. No les conviene encarcelar a periodistas, porque este año entramos en contexto preelectoral y hay una intención bien clara de este gobierno de mantenerse por más tiempo en el poder, aunque sea inconstitucional, y la forma de cómo atacar a los medios de comunicación y periodistas que no son afines al oficialismo es justamente haciendo lo que nosotros hemos ido registrando: el uso de la pauta publicitaria gubernamental o la pauta oficial como premio o castigo.
¿Esto es nuevo? No, no lo es, gobiernos anteriores lo han hecho, pero éste ha sido mucho más voraz. Antes al menos reducían un tanto la publicidad en algunos medios; ahora, han castigado con cero publicidad a varios medios de comunicación. La Relatoría de Libertad de Expresión tiene un informe que habla sobre los mecanismos para regular la pauta publicitaria oficial —que es publicidad, no propaganda, dos cosas bien diferentes—. ¿Por qué no debe ser utilizada como premio o castigo? Porque cuando lo haces vulneras el derecho a la libertad de expresión, ¿cómo? me van a decir quienes me están leyendo. Bueno, en dos sentidos: uno, porque la gente deja de enterarse de qué está haciendo el gobierno —insisto, publicidad, no propaganda, por eso también hay estándares o recomendaciones de la Relatoría sobre cómo debe ser la pauta publicitaria gubernamental, ya que debe ser información precisa, de interés a la ciudadanía, que sume, por ejemplo, sobre una construcción de una obra para rendir cuentas— y, en segundo lugar, porque también apoyan parte de la sostenibilidad del ecosistema de medios, sobre todo privado y, en algunos casos, de los sectores comunitarios; y cuando la quitas, también pierden esos medios la posibilidad de su sostenibilidad.
Y hubo un caso recientemente, el del Canal 33, ¿verdad? ¿Fue eso lo que sucedió con este medio?
Canal 33 no ha hecho público los motivos de los despidos y el casi cierre del canal —porque sí lo han hecho, cerrar prácticamente todos los programas en tiempo aire—. Lo que le han dicho a las personas que han cesado es que han tenido una crisis económica. En el monitoreo que hemos hecho desde la Apes sí hemos identificado que la pauta publicitaria gubernamental pudo pasar factura, además de posibles presiones desde el gobierno. Voy a citar ejemplos: en marzo de 2021, salió del aire el programa de entrevistas Focos TV, bastante crítico, investigativo y de profundidad, que lo conducían Karen Fernández y Saúl Hernández, quien era el director ejecutivo del Canal 33.
Focos intentó pagar el tiempo al aire a Canal 33, pero el canal no dio posibilidad de negociar. Eso te da a entender que hay una línea, una presión, y es que no se quiere divulgar ese tipo de trabajo periodístico de investigación. Luego, hay una salida del director ejecutivo, paralelamente con la salida de Focos. Se empiezan a dar otros cierres de espacios: el caso de República, con Wendy Monterrosa, a la que no le dieron mayor explicación, sino que aducían que iban a generar otro tipo de contenidos; a Wendy la mueven a un noticiero, a Teleprensa, y un año después ella termina renunciando porque, ella lo dijo, lo que quiere hacer es periodismo, y deja entrever prácticamente que no está permitido hacer el trabajo como corresponde y que están cambiando las líneas editoriales. Lógicamente, ahí puede haber una presión desde el Estado, si no de dónde más. Luego tenés el caso del programa 8 en Punto, con Carlos Monterrosa, que también él renuncia al canal señalando que no está de acuerdo con los cambios editoriales. Entonces ves cómo los pocos espacios informativos críticos que aportaban a la pluralidad de contenidos, que eran pocos en televisión abierta, se van cerrando. La mayoría de programas de televisión informativos en señal abierta están siendo cooptados por el gobierno. Seguramente hay que colocar una tercera pata, que es la mala gestión.
En este contexto, ¿cómo ves el panorama de medios?
Estamos en un punto de no retorno para el periodismo salvadoreño, porque hay una intención muy clara de este gobierno de mantener esto que menciono, los golpes suaves o golpes bajos, si lo quieren llamar así. El Diario de Hoy lo ha dicho en algún momento, que también fueron vetados de la pauta publicitaria; hay medios como La Prensa Gráfica, que son atacados y que también se señala sobre el tema de la pauta; hay medios comunitarios que también han sido vetados de la pauta publicitaria gubernamental, medios locales privados del interior del país que también están enfrentando una crisis. Hay que sumar la crisis por la pandemia de la Covid-19 durante el 2020, cuando muchas empresas bajaron su cantidad de contenido de pauta por las dificultades económicas. Todo eso genera una crisis en el ecosistema de medios y, por ende, afecta el trabajo periodístico, porque quienes suelen ser los primeros en ser despedidos en los medios de comunicación son las y los periodistas.
La Apes y la Mesa de Protección a Periodistas presentaron en 2018 una propuesta de Ley de Protección Integral a Periodistas e incluimos el tema de la reivindicación de derechos laborales. El problema de la crisis de medios es complejo, por la gestión, la sostenibilidad, la pauta como premio o castigo y la presión desde el gobierno. En reuniones con directores de medios, tanto nacionales como locales, nos han comentado que hay empresas privadas que han dejado de pautar en sus medios porque han recibido amenazas desde el gobierno. Es grave. Hemos instado a que lo denuncien, pero hay temor porque lógicamente los empresarios amenazados no van a querer denunciar y el sector de los medios no quieren hacerlo porque eso podría implicar que el resto de la publicidad privada también se pueda ir. Esto se debería de ver desde los organismos internacionales, desde las embajadas, desde la cooperación internacional, que sutilmente se está socavando la pluralidad del ecosistema de medios para mantener una narrativa única: la del oficialismo.
Hace dos años tuvimos el cierre del Diario Colatino, un periódico que tenía más de un siglo de existencia, con todas sus vaivenes, pero que terminó cerrando justamente por una crisis económica. Reitero, quien pierde es la ciudadanía, porque pierde la pluralidad de contenidos. Hay grandes deudas del Estado salvadoreño; no hay leyes de medios en general, como sí las hay en otros países de la región, donde se democratiza el espectro radioeléctrico, por ejemplo. Tenemos el caso de Argentina, donde se democratizó el espectro equitativamente para el sector de medios privados, de medios públicos y el sector de medios comunitarios. Acá lo más incipiente que tuvimos en 2016 fue una reforma a la Ley de Telecomunicaciones, que reconoció al sector de medios comunitarios, pero lejos de darle más espacio a estos medios en frecuencia de radio, lo que ha sucedido es que hay radios del circuito de Arpas, por ejemplo, que se han visto obligadas a cerrar por presiones de la Siget (Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones).
Este es un grave retroceso democrático. Se intentó presentar una propuesta de Ley de Medios Públicos durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes, pero ni el propio FMLN que estaba en el gobierno y que tenía una buena correlación en la Asamblea Legislativa fue capaz de poner ese tema al debate, porque no les convenía. Ahora los medios son utilizados como instrumentos de propaganda. La Ley de Medios Públicos garantiza la pluralidad de voces, porque un medio del Estado no debe responder a un partido político en el gobierno; responde a la sociedad, a brindar información de calidad, oportuna, a fomentar contenido cultural, de entretenimiento, garantizar todas las voces, incluso aquellas que son críticas, pero eso no lo hacen los medios públicos y no me parece que hoy en día haya un interés en abrir un debate sobre una Ley de Medios Públicos. Arpas también presentó en 2013 una propuesta de Ley de Medios Comunitarios, que buscaba garantizar el papel de la comunicación comunitaria, no solo en radio sino también en televisión a señal abierta.
La Red por el Derecho a la Comunicación presentó en el 2020 una propuesta de ley de pauta oficial, que está muy vinculada a los estándares que plantea la Relatoría para la Libertad de expresión de la CIDH, pero tampoco fue discutida. Hace siete años el debate era democratizar el espectro, aprobar leyes, pluralizar, pero ahora lo que defendemos es que no se cierren los espacios de los medios de comunicación, que no se criminalicen a los periodistas, que no haya persecución o ataques hacia las y los colegas, o sea hemos retrocedido inmensamente en materia democrática en el ecosistema de medios y eso es grave para El Salvador.
La asociación debe defender lo mínimo para que no criminalicen a los periodistas, ante una situación que ya era precaria para el gremio porque, de acuerdo al informe de la Apes, los medios no solamente han sido víctimas sino también agresores. ¿De qué manera los medios siguen manteniendo en esta situación de precariedad a los periodistas?
La precarización del gremio no es nueva, pero se está agudizando con el cierre de espacios, como los que hemos visto en el Canal 33. El año 2023 es un año crítico, ahora puedo decir que ya entramos a un punto de no retorno. Estamos en comunicación con varios periodistas de varios medios y no se descartan despidos masivos de canales de televisión, prensa escrita y radio.
En estos casos, ¿de qué manera la Apes ha apoyado y cuál es el llamado que hace a los medios de comunicación?
Trabajamos principalmente con periodistas, que se respete al menos el mínimo de sus derechos laborales, pago de las prestaciones y verificar que sí se les ha pagado el seguro social, AFP y que les paguen el pasivo laboral de las indemnizaciones a los años que se han trabajado. Estamos también en paralelo haciendo algunas gestiones de apoyos económicos para personas trabajadoras de la información que no van a tener el derecho de indemnización en algunos medios, aunque no es mucho porque no tenemos mayores fondos. También estamos brindando la asesoría legal en aquellos casos que correspondan, pero ese es el papel que originalmente debería tener el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
En Twitter usted afirmó que es grave que empresarios sean amenazados desde el gobierno para que dejen de pautar en medios que no son oficialistas. El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, dijo que su afirmación fue “temeraria” y que si tenía pruebas. ¿Qué le responde al presidente de la Asamblea y también cuál es el papel que juegan estos funcionarios en situaciones como las del Canal 33?
Más temerarias son las acciones que ellos han tomado contra la prensa. En relación a las pruebas, como he mencionado, los empresarios tienen miedo de hablar, tanto los que pautan como los dueños de los medios de comunicación. ¿Cómo se puede demostrar que están dejando de pautar? Sencillo: vean la publicidad de un periódico de hace dos años, por ejemplo de junio de 2019, y miren cuánta publicidad tiene ahora. Puede ser que las empresas dejen de pautar por decisión propia, pero cuando la cantidad es más del 50 o el 60 %, es porque algo está pasando.
Regresando al tema del espionaje, GatoEncerrado revisó el presupuesto y observó que hay un refuerzo para el Centro de Intervención de Telecomunicaciones de $704,800 y el Organismo de Inteligencia del Estado, una institución que también ha sido utilizada para espiar a periodistas de acuerdo investigaciones va a tener un aumento de $144,193. Además, están las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y a la Ley de Intervención de las Telecomunicaciones, que va a permitir a la Fiscalía General de la República acceder a datos y también reducir controles a las escuchas telefónicas. ¿Considera que todo esto puede agravar la situación para los periodistas?
Con las modificaciones a las leyes y refuerzos, lo que sucede es que se abre la discrecionalidad para que pueda llegar a suceder la intervención hacia periodistas, personas defensoras de derechos humanos o de cualquier otra persona que sea crítica a este gobierno; sino, ¿para qué refuerzan tanto? Tampoco han sido transparentes en este debate, no han creado una comisión para explicar por qué hacen ese refuerzo presupuestario y no lo van a hacer. Son reformas ambiguas, discrecionales y lógicamente se presta para pensar que hay un claro interés de intervención hacia quienes no les son cómodos a este gobierno, y eso también afecta a las y los periodistas en el tema del trabajo con las fuentes, porque este gobierno está muy interesado en saber quiénes son las fuentes con las que las y los periodistas estamos interactuando. Eso lógicamente nos obliga a nosotros a reforzar nuestros mecanismos de seguridad y de trabajo con nuestras fuentes informativas.
La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras es un indicador para medir la situación del periodismo en El Salvador, y según este informe El Salvador ha caído de la posición 112 a la 82. Si bien se han identificado retrocesos, que lo hemos estado conversando, el gobierno argumenta que no ha encarcelado ni ha asesinado a periodistas. ¿Usted considera que es cuestión de tiempo para que eso ocurra?
¿Hay que esperar a que nos encarcelen para empezar a hablar de defensa a la libertad de las y los periodistas? ¿Hasta ese nivel tenemos que llegar para que nos empiecen a respetar? Eso me parece bastante inapropiado, cuando mencionan que acá no se mata ni se encarcelan a periodistas. Reitero, es una estrategia no hacerlo este año todavía, no lo necesitan en este momento porque están haciendo o generando un caldo de cultivo para el cierre de medios; ya vimos el caso del Canal 33, va a pasar con otros medios. Va a pasar. Hay crisis en el sector de medios locales, comunitarios, escritos. No solo es un medio, son varios. Y se están cerrando espacios. ¿Quién está acaparando más? El gobierno. Tiene un gran aparataje de propaganda, con el canal estatal, que al final lo han hecho de propaganda, tienen un periódico que no es transparente (Diario El Salvador). Piden que transparentemos, los medios lo hacemos, pero ellos no lo hacen. Tienen una radio que también hace propaganda, cometen prácticas antiéticas, tienen muchos comunicadores institucionales que se hacen pasar por entrevistadores, como si fueran periodistas, cuando son juez y parte, saben que están incumpliendo en prácticas éticas.
Si bien hay periodistas que se han ido del país porque hemos tenido las posibilidades y porque son perfiles de alto riesgo, también en el interior hay muchos periodistas que se están censurando, cuidan de siquiera tocar ciertos temas para evitar tener problemas.
A partir del comentario que publicó la Apes el 2 de enero, ¿cuántos vídeos nos han dedicado sus youtubers? ¿Cuántos hilos de Twitter nos han hecho? Los diputados, en lugar de abrir un debate sobre este tema, se han puesto a discutir como personas inmaduras, sin argumentos, a tratar de ofender y faltar el respeto, ni siquiera tienen madurez para hablar de forma seria o cara a cara. No necesitan todavía matar periodistas ni encarcelarlos porque lo que están haciendo es que se salgan, que se autocensuren y que los medios entren en una crisis económica.
Por el momento parece ser una estrategia más efectiva censurarlos, desfinanciarlos y provocar el autoexilio…
No me gusta la palabra autoexilio, porque no te vas porque quieres, te vas por una necesidad. Si no hubiese una amenaza latente no nos iríamos; o sea, uno no se va de vacaciones, te vas por tu integridad física, y eso significa plata; o sea, es plata que se va en compra de boletos, en hospedajes, en alimentación y también ese periodista deja de hacer su trabajo que incomoda al gobierno, entonces tienen una muy buena estrategia de golpe suave para atacar el trabajo periodístico, que les está funcionando y que por eso yo sí lamento que algunos organismos internacionales o miembros de la comunidad internacional minimicen a El Salvador. ¿Vamos a esperar a que terminen de cerrar medios de comunicación, a que empiecen a encarcelar a periodistas o que maten a algunos de nosotros o nosotras para que empiecen a tomar cartas en el asunto? ¿Van a esperar a que nos convirtamos en Nicaragua o en un Honduras del pasado?
En ese sentido, ¿cuál es el papel que debería de tener la comunidad internacional?
Tengo la percepción de que hay temor de no saber cómo actuar con este gobierno en materia diplomática, y creo que hay un reto, no sólo para el caso salvadoreño, sino en la región centroamericana, sobre cómo llevar las relaciones diplomáticas con nuestros Estados. Centroamérica se está yendo al trasto en materia democrática. Tenemos a periodistas encarcelado
s en Guatemala, con Rubén Zamora; Xiomara (Castro) está teniendo tintes bastante peligrosos y muy parecidos a este Gobierno de El Salvador y además los hermanos Bukele tienen mucha cercanía con familiares de Xiomara que también están en el gobierno; tenés una dictadura en Nicaragua; tenés a un presidente en Costa Rica que también tiene aires de populista y anti prensa.
Hay un escenario en la región donde pareciera que los llamados sutiles de la comunidad internacional no suelen tener efecto y donde creo que hay que replantear las formas de cómo interactuar con los Estados. Respondo a tu interrogante con una pregunta: ¿La comunidad internacional está dispuesta a negociar y brindar apoyos a Estados que vulneran los derechos humanos, a Estados que criminalizan, como en el caso de El Salvador? ¿Que tienen casi 7 % de su población en la cárcel, donde mucha gente ha muerto y no son investigadas esas muertes o asesinatos y que son responsabilidades del Estado porque han muerto en esas cárceles? O con los casos de los abusos policiales o de militares en el marco del régimen, o en el caso de la criminalización que se está dando contra periodistas. ¿Con este tipo de gobierno quiere generar vinculación? Yo creo que hay que buscar nuevas alternativas de la diplomacia, con todo el respeto que también merecen, porque también agradezco cuando la cooperación internacional y algunas embajadas han apoyado mucho la labor de las y los periodistas; pero también en la diplomacia, con los gobiernos, deben replantearse, poner la barbas en remojo sobre cómo hay que interactuar, porque estamos ante gobiernos que pareciera que no les importa o quizás las sanciones que tienen no son las necesarias para que pongan atención. Y me iría más lejos: con el tema de organizaciones que dan financiamiento de cooperación, instancias como Banco Mundial, FMI o cualquier otra similar, ¿estas instancias están dispuestas a financiar a Estados que están vulnerando derechos humanos? Yo creo que hay que poner condiciones. No digo que no hay que apoyar a un Estado para mejorar las cosas, pero que no sea a costa de vulnerar los derechos humanos, porque se supone que estamos en gobiernos de corte democrático. Se supone.
También usted ha mencionado que se requiere de muchos gastos cuando los periodistas deben salir del país, y que incluso esta puede ser una de las razones por las cuales no han sido encarcelados, porque han salido del país de manera preventiva, ¿pero qué tan sostenible es este mecanismo y qué sucede cuando los fondos se acaban y deben volver al país?
Nicaragua ha sido un ejemplo con el caso de muchos colegas que están en Costa Rica. Hasta el momento, nosotros aprendimos desde Apes a ver desgraciadamente el ejemplo nicaragüense y a actuar de una forma más acelerada en la gestión de fondos para las salidas preventivas y a tener alianzas también con otras instancias de apoyos para mantener algunos colegas, pero no es sostenible tener por mucho tiempo periodistas fuera del país, y no es la aspiración de la Asociación tener a periodistas fuera del país. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo, eso nos toca y tocaremos cielo, mar y tierra para evitar que un colega pase por una situación compleja, en la mayoría de las posibilidades.
También nos estamos preparando para poder litigar casos en una situación donde hayan periodistas que sean encarcelados, pero no es sostenible y hay que ver Nicaragua. En Costa Rica hay muchos periodistas que se han tratado de acuerpar; al inicio tuvieron colaboración de la cooperación pero luego los dejaron, porque no es una aspiración estar sosteniendo a la gente desde afuera y eso también ha generado dificultades, porque al final el o la periodista tiene que dedicarse a veces a hacer otro trabajo que no está vinculado a su función como periodista para sobrevivir, por eso insisto que no hay que esperar a que esa situación se agrave para que pongamos las barbas en remojo y cambiemos este escenario.
En el Foro Centroamericano de Periodismo en Antigua Guatemala se conformó La Red Centroamericana de Periodistas, que también podría ser una respuesta ante este panorama. ¿De qué manera esta alianza apoyará a los periodistas que enfrentan amenazas a su trabajo y qué papel juega la Apes en esa alianza?
Esta es una red integrada por periodistas, no tanto por asociaciones o instituciones, que surge justamente a raíz de todo este clima de deterioro democrático y de derechos a la libertad de expresión en la región. En El Salvador, de momento estamos cuatro periodistas dentro del equipo fundador, recientemente también hubo una persona delegada dentro de la dirección ejecutiva para esta instancia y uno de los grandes retos es lógicamente buscar el fortalecimiento en la gestión para la atención de periodistas que tengan que salir del país o las movilizaciones internas y el tema de cómo poder seguir haciendo periodismo de cómo financiar trabajos periodísticos que es otro gran reto ante la crisis de medios, porque toca gestionar fondos para seguir haciendo periodismo, que es lo que les está incomodando a estos gobiernos.
También hablaba sobre la situación de los periodistas del interior del país, que también están teniendo problemas de autocensura. Ante este problema y también ante la falta de pauta publicitaria, ¿qué diferencia encuentra la Apes entre estas agresiones contra periodistas de la capital con respecto a los periodistas del interior del país? ¿Cuál es la situación en general de su vulnerabilidad, su situación económica y la situación de formación de los periodistas comunitarios?
Hablamos sobre medios locales, donde pueden haber medios comunitarios, medios privados locales, medios hiperlocales, que no necesariamente son una estructura en formato de radio AM o FM o incluso televisión por cable de paga local, sino que a veces también crean contenidos en plataformas digitales que visibilizan agendas de las comunidades, o los de circuitos cerrados, radios con bocinas que también son medios hiperlocales que visibilizan temas de la ciudadanía. Acá hay grandes retos en esta área. El periodismo empírico es mucho mayor en el interior, pero tiene una riqueza de visibilización de contenidos o agendas que a veces no se logran ver en la capital, y desde la Asociación sí se está trabajando mucho en el tema de la formación. Esa es una de las maneras en las que nos acercarnos más a regiones que a veces no conocemos, porque hay que decirlo, es una deuda.
También generamos diálogos y conversatorios. Desde la Asociación hace poco tuvimos una reunión con Reporteros sin Fronteras y periodistas del interior del país, que nos comentaban sus problemáticas y no son muy diferentes. Uno de los problemas que enfrentan los periodistas, además de la sostenibilidad, tiene que ver con los abusos de poder por parte de la Policía y la Fuerza Armada, eso no es mucho más constante que en la capital. Acá se han registrado casos pero en el interior incluso hay muchas pugnas entre policías y Fuerzas Armadas por determinar quién tiene el poder de decirte que vos no puedes hacer tu trabajo. También la falta de acceso a fuentes sigue existiendo, así como centralización de la información; me refiero a que periodistas locales quieren entrevistar, por ejemplo, a un director de una unidad de salud de un municipio, pero la respuesta es “yo no le puedo dar declaraciones, tiene que hablar a Casa Presidencial”. ¿Te imaginas que un periodista de una comunidad del oriente del país tiene que contactar a la Secretaría de Prensa de Casa Presidencial en San Salvador para hacer la gestión? Esa centralización de la información lógicamente también afecta el derecho de los periodistas a tener acceso a la información y a brindar información oportuna a la ciudadanía.
En cuanto al acceso a la información pública, con las famosas oficinas de acceso a la información que prácticamente están al mínimo de su expresión, antes teníamos, para bien o para mal, oficinas de acceso a la información un tanto funcionales, que no siempre respondían, pero ahora el escenario es mucho más complejo. Tal parecería que las OIR se han convertido en oficinas para bloquear la información, a la ciudadanía y a la prensa.
A partir de todos estos retrocesos que hemos hablado en cuanto a libertad de prensa y expresión, también ante el anuncio de la reelección presidencial de Nayib Bukele, ¿considera que habrá un punto en el que se va a hacer casi imposible hacer periodismo en El Salvador o tiene esperanza de que el gremio encontrará siempre la manera de acceder a la información?
Siempre habrá forma de hacer el trabajo periodístico. En los últimos años una base significativa ha sido la formación técnica y académica de muchos periodistas, algo que no se tenía 30 años atrás. El escenario va a ser mucho más complejo después de las elecciones del 2024. 2023 será un año crítico y de no retorno, porque hay ciertas vulneraciones que se van agravando, pero 2024 puede convertirse en el escenario imposible para ejercer el periodismo: Porque puede haber cárcel, asesinatos de periodistas, desapariciones, agresiones físicas. Todo eso puede pasar porque van a tener el poder por otros cinco años más, sino es que más; porque no les interesa respetar las libertades, si lo tuvieran, tendrían diálogos con nosotros pero no lo hacen. En su lugar, lo que hacen es atacar. Ni siquiera la Procuraduría de Derechos Humanos, que ha tenido un papel tan importante, es prácticamente inexistente hoy en día, entonces es un escenario mucho más complejo, no descarto que pueda haber salida de varios periodistas del país en 2024.
¿Habrá un éxodo de periodistas en 2024?
Podría llegar a pasar, no lo descartamos y ante eso también nos estamos preparando desde la Asociación. No descarto que haya un intento de querer cerrar la Asociación o de querer intervenirla en algún momento, porque no le somos cómodos, hacemos mucho ruido.
¿De qué manera se está preparando la Apes para ese panorama?
Tenemos un protocolo de contingencia, que estamos trabajando con algunas organizaciones expertas en seguridad integral. Por protocolo no puedo dar mayores detalles, pero nos estamos preparando para hacer nuestro trabajo en los peores escenarios; por ejemplo, ¿qué pasaría si alguno de los representantes que estamos en la Asociación llegamos a enfrentar procesos judiciales también? Pero si algo quiero dejar en claro: la Asociación no se va a quedar callada.
Hay toda una narrativa desde el gobierno de atacar a la asociación y de querer seguir dividiendo al gremio; siempre han existido diversidad de opiniones y pugnas entre los gremios de periodistas, no es algo nuevo, pero este gobierno lo ha venido a aumentar y agravar mucho más. En ese sentido, le dejo un mensaje claro al gobierno: Nosotros no respondemos a una agenda oscura como ellos dicen, a nosotros no nos pagan; la directiva es ad honorem, no cobramos un salario por el trabajo; pueden intentar intimidarnos pueden seguir intentando desprestigiarnos, pero nosotros vamos a seguir trabajando por el gremio.
No van a encontrar una Asociación temerosa; más bien van a encontrar una Asociación que, ante cada ataque, va a responder con más organización y nos vamos a seguir aliando hacia afuera, porque no vamos a permitir que en este país se pierda lo poco que se ganó de la democracia después del conflicto armado. Este país merece mucho más de lo que ahora estamos viviendo.
¿Cuál será el futuro del periodismo en El Salvador y qué nos dicen los ejemplos de otros países en situaciones adversas o contexto autoritario?
Que debemos prepararnos para escenarios complejos. Ya los hemos visto; no es fácil, porque tampoco voy a romantizar. Va a ser complejo, pero hoy más que nunca es necesario fortalecer nuestras habilidades como periodistas, pero también hacer trabajo colaborativo e innovar en nuevos formatos y narrativas para llegar a la ciudadanía.
Última pregunta: ¿Cree que hace falta educar a las audiencias para que comprendan la función de los periodistas? Porque también es importante la opinión que pueda tener la ciudadanía de los periodistas.
Ya que hemos sido tan criminalizados hace falta que se eduque más a las audiencias. Me parece que la alfabetización mediática es una necesidad, entendiendo la alfabetización mediática como los procesos de diálogo con la ciudadanía para entender cómo trabajamos los medios de comunicación y cómo se ejerce el periodismo, y es un proceso de educación que debe ser lo más lúdico y ameno posible y no tratar a la gente como ignorante.
Se requieren procesos de diálogo y hay que hacer un ejercicio humilde; dejarnos de ver de una forma verticalista. Tenemos que establecer procesos de diálogo en el territorio, hablar con la ciudadanía, explicar y escuchar por qué no le gusta nuestro trabajo y aprender a identificar que también nos equivocamos.
GatoEncerrado
