Por Ronny Rojas
SAN JOSÉ, COSTA RICA .- La receta parece haber sido calcada de un libreto de Donald Trump: atacar a la prensa, calificándola de “canalla” y de ser el enemigo, restarle importancia a las vacunas contra el COVID-19 y el uso de las mascarillas, atacar a médicos y científicos de la Comisión Nacional de Vacunación, firmar al menos un decreto que se cayó al ser cuestionado legalmente y subirse al podio cada semana en visibles y confrontativas conferencias de prensa que atraen a miles de televidentes.
Ese ha sido el modelo del nuevo presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, un economista y exministro de Hacienda, que en 2019 fue degradado de su puesto gerencial en el Banco Mundial, y castigado con una congelación salarial de tres años, por “comportamiento inapropiado de naturaleza sexual”, luego de que varias funcionarias de la entidad financiera lo acusaran por hostigamiento sexual, según lo señaló el Tribunal Administrativo del banco.
Pese al escándalo, que trascendió durante la campaña política por publicaciones de la prensa –especialmente del diario La Nación, el más grande del país– Chaves se hizo con la victoria en la segunda vuelta electoral en abril de 2022. Durante la campaña dejó claro sus intenciones de saldar cuentas con la prensa que había revelado el escándalo de acoso sexual, tras el cual dejó el Banco Mundial luego de una carrera de más de 30 años.
En febrero de este año, durante un mitin político en San José, Chaves anunció su intención de “destruir” a dos de los principales medios de comunicación del país: el diario La Nación y la televisora privada Canal 7.
“Somos un tsunami y sí, vamos a causar destrucción, vamos a causar la destrucción de las estructuras corruptas de La Nación y de Canal 7”, aseguró.
El 8 de julio, un mes después de asumir la presidencia, la administración Chaves ordenó el cierre de Parque Viva, un centro de eventos propiedad de Grupo Nación, dueño del periódico La Nación, alegando que los eventos que realizaba producían graves problemas de tránsito en las calles cercanas al complejo. Un día antes, el director ejecutivo del Grupo Nación había dicho públicamente que Parque Viva representaba una parte importante del flujo de caja que le permitiría a la empresa cumplir con diversos compromisos financieros en los próximos años.
El cierre ha sido visto por periodistas costarricenses como un claro intento del presidente Chaves por debilitar la estabilidad financiera del periódico La Nación. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la acción, a la que calificó como “un acto de amedrentamiento indirecto y una campaña de descrédito en contra del medio”.
Chaves rechaza los reclamos y ha respondido diciendo que “la libertad de prensa en Costa Rica goza de buena salud”. Sin embargo, el 3 de agosto, durante una conferencia de prensa, el mandatario volvió a atacar con crudeza a los medios de comunicación del país, clasificándolos de “ratas”.
La Casa Presidencial de Costa Rica no respondió a las preguntas que le envió Noticias Telemundo sobre los comentarios de Chaves.
Irónicamente, Chaves llegó al poder impulsado en buena medida por la popularidad de la periodista Pilar Cisneros Gallo, su compañera de partido y actual jefa de la fracción oficialista en el Congreso, quien durante años fue el rostro del noticiero de Canal 7, con una posición muy crítica hacia la clase política que le valió encontronazos con los gobernantes de turno.
Días atrás, Cisneros calificó la relación del presidente Chaves con la prensa costarricense de “accidentada” y lo atribuyó a la “personalidad” del mandatario, pero rechazó que la libertad de los periodistas para hacer su trabajo esté en peligro.
Amenazas parecidas a otras en la región
En una de las democracias más consolidadas de América Latina, que históricamente aparece entre los países con mejores índices de libertad de prensa en el mundo, la llegada de Chaves al poder y sus amenazas a los periodistas ha sido sorpresiva y evoca los problemas que enfrenta la prensa en otros países centroamericanos.
El caso más reciente es el arresto del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, fundador y director del diario elPeriódico, crítico del presidente Alejandro Giammattei y de la Fiscalía General, que tramitó su detención. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha lanzado ataques y sin pruebas acusa de lavado de dinero al diario digital El Faro, uno de los medios con más trayectoria en la región, y en Nicaragua la persecución de Daniel Ortega contra los medios independientes, que llevó a la detención de varios reporteros y ejecutivos de medios, así como el exilio de otros ha recibido la condena internacional.
A inicios de agosto, la periodista costarricense Vilma Ibarra, conductora del programa de radio Hablando Claro, denunció a la ministra de Comunicación de Chaves, Patricia Navarro, por haber ordenado a los jerarcas de las instituciones de Gobierno que no le dieran entrevistas y que suspendieran la publicidad estatal en varios medios.
“Esa es una vulneración constitucional del derecho que tienen los funcionarios públicos a rendir cuentas (…) esas son garantías que en el Estado costarricense han sido muy sólidas, muy respetadas, muy defendidas y que nos han hecho una potencia en libertad de prensa en el mundo”, dijo Ibarra a Noticias Telemundo.
“En Costa Rica nunca había pasado algo así. Nunca, bajo ningún signo político partidario (…) nosotros (la prensa) nunca habíamos padecido una circunstancia de amedrentamiento que no es sutil, sino bastante evidente ya”, agregó.
En cuestión de días, varios expresidentes de Costa Rica, de distintos partidos, manifestaron su preocupación por las acciones de Chaves contra la prensa costarricense. “No se defiende a un medio en particular, sino a nuestro excepcional régimen de libertad de expresión que no ha sido producto del azar, sino del ejercicio permanente de tolerancia por parte de sus gobernantes”, escribió en Twitter la expresidenta liberacionista, Laura Chinchilla, la única mujer presidente que ha tenido el país.
Adiós al respeto y la institucionalidad
La periodista costarricense Yanancy Noguera, profesora y exdirectora del periódico La Nación, teme que los insultos directos a los medios de comunicación y los señalamientos personales por parte del presidente Chaves puedan desembocar en agresiones físicas contra los periodistas por parte de sus seguidores.
“Viendo lo que ha ocurrido en otros países, incluyendo los centroamericanos, si se sigue atizando a la gente, esa gente puede reaccionar con violencia cuando se encuentra con un grupo de periodistas”, dijo Noguera.
“No es nada halagador pensar que el país que siempre se distinguió no sólo en Centroamérica, sino en América Latina por el respeto a la institucionalidad, esté pasando en este momento una de sus mayores crisis de respeto a la institucionalidad que representa la prensa”, agregó.
Y más allá de los ataques a la prensa, el presidente Chaves ha comenzando su mandato con otras acciones que pusieron de cabeza al país. Quizás el más cuestionado, y que más evoca el estilo de los conservadores en Estados Unidos, fue la firma de un decreto con el que Chaves anunció que eliminaría la vacunación obligatoria contra el COVID-19.
El decreto nunca llegó a modificar la obligación de las vacunas tal como lo determinó semanas después la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Todo se trató de una petición a las instituciones públicas y las empresas privadas de no despedir a las funcionarios y empleados que no se han vacunado.
“Intereses canallas”
A inicios de agosto, Chaves y su ministra de Salud también atacaron a los científicos de la Comisión Nacional de Vacunación, que se han negado a derogar la obligatoriedad de la vacuna, diciendo que varios de sus miembros tenían los nombramientos vencidos y acusándolos de que “les gustan las cosas anómalas”.
El presidente también lanzó acusaciones, sin pruebas, de presuntas anomalías en los contratos confidenciales de compra de las vacunas de COVID-19 que el país firmó con empresas como Pfizer, diciendo que “huele feo”. “Un nivel de secretismo tan absoluto esconde la necesidad de mantener las cosas en la oscuridad”, dijo en conferencia de prensa, refiriéndose al contrato confidencial firmado con la farmacéutica Pfizer.
En 2020, el Gobierno costarricense pagó 36 millones de dólares a Pfizer-BioNTech por 3 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. La compra la realizó la Comisión Nacional de Emergencias mediante un contrato cuyos pormenores se han mantenido en secreto, tal como ha ocurrido en las negociaciones de varias farmacéuticas con otros países.
Consultada por Noticias Telemundo, Pfizer rechazó las acusaciones del presidente Chaves. “Lamentamos esas declaraciones. La prioridad de Pfizer es colaborar con el gobierno del Presidente Chaves para asegurar la salud y el bienestar de todos los costarricenses, durante y después de esta pandemia”, dijo Sharon Castillo, la portavoz de la empresa desde Nueva York.
“En Costa Rica, como a través de todos los mercados donde tiene operaciones, Pfizer actúa de manera íntegra y ética en el manejo del negocio y cumple con todas las leyes y requisitos requeridos en cada mercado”, agregó la vocera.
Durante sus primeros días de Gobierno, Chaves también arremetió contra el Poder Judicial costarricense y criticó las “deficiencias del sistema” y el poco avance en los casos de corrupción. También pidió a los magistrados y la Fiscalía General que no se presten para tramitar “demandas absurdas” de intereses “canallas”, como él llama a la prensa.
“Esta insigne institución que ustedes representan no debe permitir que individuos y grupos malintencionados continúen utilizando la Fiscalía General o el sistema judicial como obsceno cañón para lanzar sus balas de odio y sus intereses canallas”, dijo Chaves a los magistrados.
Tengo una profunda confianza en el sistema de pesos y contrapesos de la democracia costarricense (…) de que vamos a resolver esto”
VILMA IBARRA PERIODISTA
En junio trascendió que tanto la Fiscalía General como el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica investigan si el partido de Chaves utilizó una estructura paralela de financiamiento –lejos de los controles públicos– para pagar gastos durante la campaña presidencial.
Tanto los jueces costarricenses como el presidente del Poder Judicial, Fernando Cruz, reaccionaron a las insinuaciones de Chaves, por considerarlas una intromisión al principio de la división de poderes. “El analfabetismo cívico es terrible, las personas no entienden mucho de la división de poderes”, dijo Cruz.
La periodista Vilma Ibarra cree que las actuaciones de Chaves no son por ideología, sino que obedecen a un “libreto efectivo” para mover a sus seguidores. Pero confía en la capacidad de las instituciones costarricenses para enfrentar a un presidente polarizador, con un mensaje que ella considera una “amenaza real” a la libertad de prensa.
“Tengo una profunda confianza en el sistema de pesos y contrapesos de la democracia costarricense (…) de que vamos a resolver esto. No significa que no va a haber mayor polarización, porque en el libreto que él está siguiendo haya más confrontación en la sociedad. Pero creo que vamos a responder y es hora de dar un paso adelante, no al costado, ni atrás”, dijo Ibarra.
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