El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa 2025 advierte un deterioro estructural de la libertad de expresión en el continente de América. El informe analiza el período comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025 y su sexta edición fue presentada públicamente el 10 de marzo de 2026 durante un evento virtual organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El documento señala un asedio institucional contra el periodismo, marcado por la estigmatización desde el poder y el uso del aparato judicial para presionar o silenciar a periodistas en varios países, incluido Guatemala.
Por Prensa Comunitaria
La libertad de expresión en América ha dejado de ser una garantía sólida para transformarse en un derecho bajo ataque sistemático. Lo que los datos del Índice Chapultepec 2025 revelan es un desmantelamiento progresivo de las salvaguardas que permiten la fiscalización del poder. El promedio regional de 47,10 puntos es el testimonio de un fracaso colectivo que afecta a 23 países analizados, incluyendo por primera vez a Haití en la medición.
De estos países, diez han experimentado descensos que demuestran una erosión acelerada de sus ecosistemas informativos. La gravedad de la situación se manifiesta en la reconfiguración del mapa de libertades. Por primera vez en seis ediciones, solo una nación, República Dominicana logra mantenerse en la franja “Con Libertad de Expresión”.
El resto del hemisferio se hunde en un fango de restricciones que van desde la asfixia económica hasta la aniquilación total de la disidencia. La inclusión de ocho naciones en la franja de “Alta Restricción” y la permanencia de regímenes como Nicaragua y Venezuela en la zona roja de “Sin Libertad de Expresión” subrayan que la región está perdiendo su competitividad democrática frente al autoritarismo.
Clasificación de la libertad de prensa por franjas
La encrucijada del periodismo guatemalteco
Guatemala encarna una de las contradicciones más perversas del hemisferio. Ubicada en el puesto 13 con 45,20 puntos, el país permanece en la franja “En Restricción”, a pesar de haber subido 4 puestos y 11,21 puntos. Esta mejora estadística es un espejismo ya que la retórica de “apertura” del presidente Bernardo Arévalo choca frontalmente con una estructura judicial que opera como una maquinaria de persecución.
El desglose de las dimensiones revela que, mientras el Ejecutivo de Guatemala ha relajado el control directo, las bases de la ciudadanía informada y la seguridad del periodista están en ruinas:
Dimensión A: Ciudadanía informada (11,28 – Alta Restricción): El flujo de información está bloqueado por el temor y la desinformación sistémica. La ciudadanía no se siente libre de expresarse bajo el peso de las redes de impunidad.
Dimensión B: Actuación del Estado contra la violencia (11,14 – Alta Restricción): Es la calificación más baja. La impunidad es absoluta ante crímenes de odio y asesinatos. La incapacidad de proteger la vida de los comunicadores es un mensaje claro del sistema.
Dimensión C: Control de medios (22,78 – Baja Restricción): Esta cifra refleja exclusivamente que el Ejecutivo actual no ha clausurado medios de forma masiva, pero no compensa el asedio desde otros poderes.
Desempeño de Guatemala por dimensiones
El impacto en el periodismo territorial y comunitario es devastador. Mientras en los foros internacionales se habla de protocolos, en los territorios se cuenta a los ausentes. El periodista comunitario Carmen Ismael Alonzo González fue asesinado el 21 de marzo de 2025 frente a su vivienda en Coatepeque, Quetzaltenango, cuando hombres armados le dispararon y huyeron del lugar. A esta violencia se suma la desaparición del periodista Milton René Polanco Orellana, cuyo paradero continúa desconocido, en un caso marcado por la falta de avances en la investigación. En este contexto, el llamado “terrorismo judicial” opera como política de facto: el derecho penal se utiliza para presionar, criminalizar o forzar el exilio de periodistas que investigan corrupción y conflictos territoriales, creando un desierto informativo en zonas rurales y fronterizas.
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El caso del periodista José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, detenido en julio de 2022 tras publicar investigaciones sobre corrupción estatal, se convirtió en el ejemplo más visible de esta persecución judicial; después de pasar 1,295 días en prisión, un juez ordenó su liberación el 12 de febrero de 2026, permitiéndole continuar los procesos en su contra bajo arresto domiciliario y con medidas restrictivas, mientras organizaciones internacionales siguen denunciando el caso como un símbolo de criminalización del periodismo en Guatemala.
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Al contrastar la situación de Guatemala con la tendencia hemisférica, surge una anomalía institucional alarmante. En la mayoría de los países con retrocesos como Argentina, Estados Unidos y Costa Rica, el entorno Ejecutivo es el principal motor de influencia negativa. Sin embargo, en Guatemala, la mayor influencia en situaciones desfavorables es ejercida por el entorno judicial (Influencia moderada). Esta distinción es fundamental para entender la peligrosidad del caso guatemalteco. Mientras que en otras naciones un cambio en la administración del Ejecutivo puede aliviar la presión sobre la prensa, en Guatemala la estructura de persecución está blindada en cortes y fiscalías que operan de forma autónoma a la voluntad popular. Guatemala es el síntoma de un mal regional que empieza a replicarse, la independencia del Poder Judicial no se usa para proteger derechos, sino para blindar la impunidad y perseguir a quienes la documentan.
En Prensa Comunitaria, los hallazgos del Índice Chapultepec 2025 no son sorpresas, sino la confirmación de procesos históricos de larga data. Los ataques actuales son la evolución de una estrategia de contrainsperigencia informativa. La iniciativa 6347 de ciberseguridad es el heredero moderno del silenciamiento forzado; es el intento de legalizar la censura en el espacio digital para alcanzar a los medios que no han podido ser asfixiados económicamente. Las “redes de impunidad” mencionadas en el informe son el tejido que une a las élites económicas con operadores judiciales para garantizar que la fiscalización territorial nunca llegue a sentencia. El exilio de decenas de periodistas guatemaltecos no es un daño colateral, es el éxito de un sistema que ha perfeccionado la criminalización judicial como método de control poblacional.
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El panorama de la libertad de expresión en 2025 deja una señal clara de alarma para la democracia en América. El promedio regional de 47,10 puntos, el más bajo registrado por el Índice Chapultepec, refleja un deterioro profundo en las condiciones para ejercer el periodismo. La caída de varios países y el retroceso de naciones que antes ofrecían mayores garantías muestran que la libertad de prensa ya no puede darse por sentada en el continente. Este análisis se sitúa en el marco del Informe General del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, que evaluó a 23 países de la región entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025.
En este escenario, una de las formas de presión más frecuentes contra el periodismo ya no es solo la violencia directa, sino el uso de los tribunales para intimidar o silenciar investigaciones incómodas. Denuncias penales, procesos judiciales y otras formas de acoso legal se han convertido en herramientas eficaces para frenar el trabajo de la prensa. Guatemala refleja con claridad esta contradicción: aunque existe un discurso más abierto desde el Ejecutivo que dirige Bernardo Arévalo, el informe señala que muchas de las presiones provienen del sistema judicial. Cuando el periodismo se debilita, no solo pierden los periodistas; también pierde la ciudadanía. Allí donde aparecen desiertos informativos y el miedo marca el ejercicio de informar, se reduce la capacidad de la sociedad para fiscalizar al poder y se abren espacios para el autoritarismo y la impunidad.
Estados Unidos con una de las caídas más pronunciadas
La caída de Estados Unidos, que descendió de la cuarta a la undécima posición al perder 22,65 puntos, es el síntoma más alarmante de que el asedio a la prensa no respeta tradiciones institucionales. La mayoría de los países del hemisferio operan hoy bajo esquemas de limitación deliberada al flujo informativo y la libertad de prensa, consolidando una tendencia donde el periodismo independiente es tratado como un enemigo del Estado más que como un pilar de la democracia.
El espectro de la censura y la comparación de extremos regionales
El análisis de los extremos regionales permite comprender la magnitud de la brecha institucional. En un polo, República Dominicana se erige como un bastión solitario, alcanzando el primer lugar con 82,17 puntos. Su éxito, sin embargo, es frágil. Aunque el entorno del Estado muestra una “influencia leve”, el informe advierte sobre tensiones legislativas como el proyecto de ley del INACOM y una “mordaza sigilosa” alimentada por la fragilidad económica de los medios.
La firma de la “Declaración de Salta II” en octubre de 2025 es un reconocimiento a este estatus, pero no oculta las presiones subyacentes. En el polo opuesto, la libertad ha sido extirpada de raíz en Nicaragua y Venezuela. En estos territorios, el control estatal sobre la información no es solo político, sino estructural. El control sobre el ejercicio periodístico es absoluto, y las puntuaciones en la Dimensión de control de medios (Dimensión C) son las más bajas de la historia: Venezuela registra apenas 4,18 y Nicaragua 6,67. Aquí no hay “influencias leves”; el Estado centralizado opera con una fuerza que ha eliminado cualquier espacio de fiscalización ciudadana.
Extremos de la libertad de prensa en 2025
*Nota: Los puntajes de Nicaragua y Venezuela corresponden a la Dimensión C debido a la opacidad general.
La transición entre estos extremos demuestra que existe una mayoría regional que habita en una “zona gris” peligrosa. En países como Guatemala o Colombia, los mecanismos de control se han sofisticado para evitar el costo político de la censura directa, optando en su lugar por procesos de desgaste institucional que minan la independencia periodística desde las estructuras judiciales y económicas.
Los mecanismos de control y la sofisticación de la censura
El informe de Chapultepec 2025 documenta un cambio de paradigma táctico, el tránsito de la violencia física directa hacia métodos de “asfixia institucional” y “mordaza sigilosa”. Si bien la sangre sigue corriendo, como en los asesinatos de Diómedes Farid Manrique y Oscar Gómez Agudelo en Colombia, o Ismael Alonzo González en Guatemala, el poder ha descubierto que el derecho penal y la presión económica son herramientas más limpias y eficaces para el silenciamiento masivo.
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El uso del sistema judicial como un arma de guerra contra el periodismo es hoy la tendencia dominante. En Panamá y Uruguay, las citaciones policiales y las denuncias por difamación se han convertido en el pan de cada día. Uruguay, históricamente un refugio de libertades, ha visto cómo las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) proliferan bajo la transición presidencial de Yamandú Orsi, quien asumió en marzo de 2025 suspendiendo reglamentaciones de la Ley de Medios previas. En Chile, la agresión física ha sido reemplazada por la judicialización de las fuentes, poniendo en riesgo la protección del periodismo de investigación.
La fragilidad financiera de los medios es explotada de manera quirúrgica. En Brasil, la extrema concentración económica y la crisis del modelo de negocio han generado “desiertos de noticias” en zonas rurales, donde la ausencia de fiscalización permite la impunidad de actores criminales. En Canadá, la llegada de Mark Carney como primer ministro en marzo de 2025 introdujo el enfoque de “Canadá primero”, que bajo la bandera de la soberanía nacional ha centralizado el discurso público y limitado el acceso a perspectivas críticas. La asignación discrecional de la pauta publicitaria estatal en Costa Rica y República Dominicana funciona como un sistema de premios y castigos que condiciona la línea editorial.
La narrativa del “adversario ideológico” es el sello de los ejecutivos actuales. En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha escalado la tensión hasta llegar a la agresión física: el 12 de marzo de 2025, durante una protesta de jubilados en Buenos Aires, el fotoperiodista Pablo Grillo fue gravemente herido por gas lacrimógeno de agentes estatales, en una jornada que registró 20 agresiones a la prensa sin sanción alguna. En Estados Unidos, el segundo mandato de Donald Trump ha desmantelado protecciones históricas como la Regla Garland, mientras que el despido masivo de más de 500 empleados de Voice of America en marzo de 2025 puso a periodistas en riesgo de deportación. Sin embargo, un juez federal anuló recientemente esos despidos al determinar que la dirección que ordenó la medida no tenía autoridad legal, dejando sin efecto las decisiones que afectaron a la redacción del medio
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Tendencias de hostigamiento por entorno estatal
El informe disponible en: https://www.sipiapa.org/indice-chapultepec-2025
