El proyecto de Ley Orgánica de Comunicación que fue aprobado por la mayoría en la Asamblea agrupada en el bloque de la Unión por la Esperanza (UNES), y sus aliados del Pachakutik (PK) y la Izquierda Democrática (ID), tendrá un veto que “consagre la libertad de expresión en el Ecuador”.
El anuncio lo hizo el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien advirtió que nuevamente surgen voces que atacan a la libertad de expresión, tal como pasó durante “los años que todos queremos olvidar”, dijo.
Sin embargo, aseguró que paralelamente el Gobierno agotará todas las vías para que el Ecuador tenga una buena ley que no afecte a los derechos ciudadanos y que beneficie el trabajo de los comunicadores y sus gremios. En las reformas a la ley se contemplan medidas represivas, administrativas y penales contra periodistas y medios, tal como originalmente contenía la llamada “ley mordaza” promovida y promulgada durante el régimen de Rafael Correa.
Corren los tiempos
El plazo para que el Ejecutivo se pronuncie sobre una objeción al proyecto vence en 27 días (el 24 de agosto), y en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República se analizan alternativas encaminadas a garantizar la libertad de libertad de prensa, el ejercicio al derecho de la comunicación, y que no existan sanciones, intimidaciones y miedo.
Marcos Miranda, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, no descartó el veto total como una de las vías, aunque aclaró que la decisión final está en manos del Presidente.
Para el funcionario, el riesgo de un veto total implicaría que la Asamblea lo pueda volver a tratar dentro de un año sin la posibilidad que pueda ser sometida a un veto del Ejecutivo.
Temas conflictivos
Hay varios temas en el proyecto de ley y que son calificados como “conflictivos” y que le preocupan al Gobierno.
Los estándares internacionales hacen referencia a que todo tipo de responsabilidad debe ser taxativa y previamente establecida en la ley, pero en el caso del proyecto de Ley aprobado en la Asamblea se incluyen responsabilidades (civiles y hasta penales) por responsabilidad ulterior como la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias jurídicas, administrativas, civiles y penales posteriores a la difusión de un pensamiento, opinión o idea a través de los medios de comunicación.
Para Miranda, esto deja un espacio abierto y “muy amplio” que debe preocupar a la seguridad jurídica del Ecuador. “En el texto de la ley se habla de responsabilidades de otras índoles, pero no sabemos cuáles son las otras índoles que podrían tener en algún momento espacios administrativos y judiciales”, alertó.
Sobre la opinión
Otro tema que preocupa al Gobierno es la eliminación de la opinión incluida en el artículo 2 y se declara que el Estado debe garantizar el derecho a la verdad de todos los ecuatorianos por lo que queda prohibida la difusión de toda información falsa.
¿En qué espacio va a quedar la opinión?, cuestionó Miranda. “Eso va a generar muchas dudas, la opinión debe respetar los derechos de los demás, pero jamás coartar”, expresó. Estos son los artículos que, por lo pronto, el Gobierno podría objetar.
En la decisión del Ejecutivo también pesarán las puntualizaciones de los gremios de periodistas y organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que han solicitado el veto total.
Marcos Miranda, añadió que hay el “tiempo suficiente” para pronunciarse previo a intercambiar opiniones con gremios y buscar soluciones en beneficio del Ecuador, respetando los derechos consagrados en la Constitución. (SC)
Regulación de medios digitales
Guadalupe Fierro, expresidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), opinó que entre los informes de mayoría y minoría que se conocieron en la Asamblea existe una diferencia “abismal”. En el informe de mayoría se establece una regulación para los medios digitales por la gran cantidad de información que circula en estas plataformas.
Es en ese momento que queda en evidencia cómo las mayorías coyunturales no observan el contenido de las propuestas de ley, sino el propósito político. En este caso, con la reforma, es retroceder a la ley de 2013 y agravar muchos de sus preceptos.
En su opinión, el Gobierno debería difundir el informe de mayoría que contiene una base para el debate de una ley moderna, respetuosa del principio de la libertad de expresión y opinión, y busca poner reglas claras sin llegar a los extremos dictatoriales que sí se contemplan en el informe de minoría. El informe de mayoría además equilibra los intereses del Estado con los de la sociedad.
Para Fierro, el proyecto que envió el Gobierno era básico, pero en la Comisión de Relaciones Internacionales fue enriquecido notablemente porque, por ejemplo, se planteó una adecuada división de lo que es frecuencias y publicidad. Lo contrario se plantea en el informe de minoría que incorpora “actitudes antidemocráticas”,expresó.
“A la mayoría coyuntural de la Asamblea hay que recordarla como dócil a un propósito político impuesto desde fuera; resucitar a la Ley del señor (Rafael) Correa y darle gusto en su propósitos de controlar a los medios, pero a los cuales no han podido doblegar”.
Guadalupe Fierro, expresidenta de la UNP
La Hora
