Nueva Delhi, India.- El primer ministro de India, Narendra Modi, y su gobierno emplean cada vez más estrategias duras para someter a opositores políticos y críticos con su partido nacionalista hindú.
El gobierno de Modi, que lleva una década en el poder y pronto podría conseguir cinco más, está dando marcha atrás en las décadas de compromiso de India con la democracia multipartidista y el secularismo.
Su Partido Bharatiya Janata ha presentado cargos de corrupción contra muchos miembros de su principal rival, el Partido Congreso, aunque se han alcanzado pocas condenas. Docenas de políticos de otros partidos de oposición están bajo investigación o en la cárcel. Y apenas el mes pasado, el gobierno de Modi congeló las cuentas bancarias de Congreso por lo que describió como un impago de impuestos.
El gobierno de Modi dice que las agencias investigadoras del país son independientes y que sus instituciones democráticas son robustas, señalando a la alta participación en elecciones recientes, que otorgaron un claro mandato al BJP.
Sin embargo, los derechos civiles están bajo asedio. Las protestas pacíficas han sido reprimidas con contundencia. La prensa, antes libre y diversa, se ve amenazada. La violencia contra la minoría musulmana va en aumento. Y la judicatura del país cada vez está más alineada con el ejecutivo.
Para comprender mejor cómo está transformando Modi el país y qué hay en juego en las elecciones que comienzan el 19 de abril y duran hasta el 1 de junio, AP habló con un abogado, un periodista y un político opositor.
Estas son sus historias:
DEFENDER A LOS CRÍTICOS DE MODI
Mihir Desai ha luchado por las libertades civiles y derechos humanos de las comunidades más desfavorecidas de India, como los pobres y los musulmanes, durante casi cuatro décadas.
El abogado de 65 años, de la capital financiera de India, Mumbai, trabaja ahora en uno de los casos más destacados de su carrera —y del país— y defiende a una docena de activistas políticos, periodistas y abogados encarcelados en 2018 bajo acusaciones de que planeaban derrocar al gobierno de Modi. Las acusaciones, afirma, no tienen base, son simplemente uno de los descarados y demasiado frecuentes esfuerzos del gobierno de silenciar a los críticos.
Uno de los acusados en el caso, un sacerdote jesuita y veterano activista de derechos civiles, murió a los 84 años tras unos nueve meses detenido. Los otros acusados siguen en prisión, retenidos por leyes antiterroristas que rara vez resultan en condenas.
“Primero las autoridades se inventaron una teoría de que planeaban matar a Modi. Ahora les acusan de ser simpatizantes terroristas”, dijo.
Desai cree que el objetivo es enviar un mensaje a todos los que piensen en criticar.
Según expertos forenses digitales de la firma con sede en Estados Unidos Arsenal Consulting, el gobierno indio pirateó las computadoras de algunos de los acusados y colocó archivos que más tarde se utilizaron como prueba en su contra.
Para Desai, esto demuestra que el gobierno de Modi ha “instrumentalizado” a las agencias investigadoras antes independientes del país.
Él ve amenazas para la democracia en todas partes. El año pasado, el gobierno destituyó al juez de mayor rango del país como una de las tres personas que nombran a los comisarios que supervisan las elecciones. Los otros dos son Modi y el líder de la oposición en el parlamento. Ahora uno de los ministros de Modi tiene un voto en el proceso, lo que da una mayoría de 2-1 al partido en el gobierno.
“Es una muerte anunciada para las elecciones libres y justas”, dijo Desai.
LAS PENURIAS DE UN POLÍTICO EN CACHEMIRA
Durante mucho tiempo, Waheed-Ur-Rehman Para, de 35 años, estuvo considerado como un aliado de los intereses del gobierno indio en Cachemira. Trabajó con jóvenes en la región semiautónoma, de mayoría musulmana, y les habló de las ventajas de aceptar a India y sus instituciones democráticas frente a buscar la independencia o una fusión con Pakistán.
Pero a principios de 2018, el gobierno de Modi empezó a mirar a Para con suspicacia por supuestas conexiones con separatistas contrarios a India. Desde entonces ha sido encarcelado en dos ocasiones: en 2019 por sospechas de que él y otros opositores políticos podrían avivar protestas y en 2020, acusado de respaldar a grupos armados, algo que él niega.
Las acusaciones dejaron perplejo a Para, cuyo Partido Democrático Popular gobernó en el pasado en Cachemira en alianza con el partido de Modi.
Pero cree que la motivación estaba clara: “fui arrestado para forzarme a apoyar la decisión del gobierno de 2019”, dijo, en alusión a una persecución de la resistencia en Cachemira después de que se revocara el estatus semiautónomo de la región.
El gobierno de Modi afirma que el cambio era necesario para integrar más en India la región disputada y fomentar el desarrollo económico allí.
Tras su arresto en 2020, Para se quedó en prisión casi dos años, a menudo en solitario, y fue sometido a “interrogatorios abusivos”, según expertos de Naciones Unidas.
“Mi crimen fue que quería la integración de Cachemira, pero no a punta de pistola”, dijo Para, que se presenta en las próximas elecciones a representante de la principal ciudad de Cachemira.
Para ve su propia situación dentro de un contexto más amplio de los esfuerzos del gobierno de Modi de silenciar a los rivales percibidos, especialmente los que tengan lazos con musulmanes, que suponen el 14% de la población india.
“Es una enorme cuestión ética (…) que la democracia más grande del mundo no pueda asimilar, ni ofrecer dignidad al grupo más pequeño de su población”, dijo.
La campaña para convertir a la antes secular India en una república hindú podría ayudar a Modi a ganar elecciones en el corto plazo, dijo Para, pero se perderá algo mucho mayor.
“Pone en peligro toda la idea de diversidad de este país”, dijo.
UN PERIODISTA SE DEFIENDE DE ACUSACIONES
El periodista independiente Sidhique Kappan fue detenido en octubre de 2020 cuando intentaba informar sobre la represión del gobierno en el estado norteño de Uttar Pradesh, gobernado por el partido de Modi.
Durante días, las autoridades habían tratado de contener las protestas y el escándalo por un macabro caso de violación. Los acusados del crimen eran cuatro hombres hindúes de una casta superior, mientras que la víctima pertenecía a la comunidad dalit, la más humilde en la jerarquía india.
Kappan, de 44 años y que es musulmán, fue detenido y encarcelado antes siquiera de llegar al lugar del crimen, acusado de planear una incitación a la violencia. Después de dos años en prisión, su caso llegó al supremo indio en 2022. No tardó en conseguir la libertad bajo fianza, aunque el caso en su contra sigue abierto.
Su caso no es único, y él dice que refleja cómo India se está volviendo cada vez más insegura para los periodistas. Bajo una intensa presión del estado, muchos medios indios se han vuelto más complacientes y defienden las medidas del gobierno.
“Los que han intentado ser independientes se han visto bajo un ataque constante del gobierno”, dijo.
Por ejemplo, los periodistas extranjeros tienen prohibido informar en Cachemira. Lo mismo ocurre con el estado nororiental indio de Manipur, sumido en la violencia étnica desde hace casi un año.
Los noticieros de televisión están cada vez más dominados por cadenas que defienden la estrategia nacionalista hindú del gobierno, por ejemplo una nueva ley de ciudadanía que excluye a los migrantes musulmanes. Algunas televisoras independientes han cerrado de forma temporal y los periódicos que publican artículos críticos con la agenda de Modi descubren que la publicidad gubernamental, una importante fuente de ingresos, desaparece con rapidez.
El año pasado, las oficinas de la BBC en India fueron registradas por irregularidades fiscales apenas unos días después de que la cadena emitiera un documental crítico con Modi.
El grupo activista Reporteros Sin Fronteras sitúa a India en el puesto 161 de su lista mundial de libertades de prensa de los países.
Kappan dijo que apenas ha podido cubrir noticias desde su arresto. El juicio le mantiene ocupado y le obliga a viajar a una corte a cientos de millas de distancia cada dos semanas. El tiempo y el dinero que requiere el proceso le han hecho más difícil mantener a su esposa y sus tres hijos, comentó Jappan.
“Está afectando a su educación, a su salud mental”, dijo.
Los periodistas de Associated Press Piyush Nagpal y Subramoney Iyer en Kerala, India, contribuyeron a este despacho.
La Voz
___
