Por Silvia Higuera
Los hondureños acudirán a las urnas el 30 de noviembre para las elecciones generales. Pero para los periodistas, no será una cobertura electoral cualquiera. Para prepararse, están comprando chalecos antibalas y cascos, además de formar alianzas para asegurar la difusión de sus reportajes.
Las elecciones y su cobertura se desarrollan durante un estado de emergencia que se ha prorrogado al menos 19 veces desde su declaración inicial en diciembre de 2022. Debido a ello, varios derechos están suspendidos, como la libertad de movimiento, la inviolabilidad del domicilio y la libertad personal.
Además, el Congreso está sumido en el caos, la legitimidad de las autoridades electorales está en duda y las Fuerzas Armadas, que llamaron a los periodistas «asesinos de la verdad», están ganando terreno .
En este contexto, el clima de hostilidad hacia la prensa llevó a organismos internacionales y nacionales a advertir sobre la situación durante casi todo el año 2025.
El 30 de octubre, una Misión Internacional para la Libertad de Expresión en Honduras, integrada por siete organizaciones entre ellas Reporteros Sin Fronteras (RSF), alertó sobre los riesgos que enfrenta la prensa durante el período electoral .
Más recientemente, al menos 29 organizaciones firmaron un comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que, además de enumerar violaciones al trabajo periodístico, instó al Estado a garantizar el trabajo de la prensa , especialmente en período electoral.
«Existe un patrón de acoso que incluye persecución judicial, vigilancia digital, presión administrativa contra medios de comunicación y periodistas, y estigmatización por parte del alto mando militar», declaró Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP, a LatAm Journalism Review (LJR) . «Esto ocurre […] en un momento en que la población necesita información independiente para tomar decisiones fundamentales para su vida».
Estas situaciones, que ponen en mayor riesgo a los periodistas, pueden estar llevándolos a la autocensura, afirmó Lauría.
Inestabilidad en el país
«El primer problema que impide elecciones libres en este país, y que también nos impide la libertad de realizar nuestro trabajo, es que nos encontramos en un estado de excepción que ha sido prorrogado irregularmente por la presidenta Xiomara Castro, sin que el Congreso se haya reunido en sesión plenaria para revocar o aceptar esta prórroga», declaró Jennifer Ávila, directora editorial del periódico Contracorriente , a LJR . «Por lo tanto, Honduras se encamina a un proceso electoral con la suspensión de las garantías constitucionales».
El estado de excepción fue decretado inicialmente con el objetivo de enfrentar la violencia, especialmente delitos como la extorsión, el sicariato y el secuestro, pero varias organizaciones cuestionaron los resultados reales de esta medida en materia de seguridad debido a denuncias de violaciones a derechos humanos .
La presencia de barreras militares en las principales ciudades, que afectan la movilidad de activistas y/o opositores, es común en el país, afirmó Ávila.
A esto se suma el caos de un Congreso plagado de escándalos.
A lo largo de 2025, el Congreso funcionó de forma intermitente debido a la falta de acuerdos entre los partidos, situación que se agravó tras un escándalo relacionado con millones de lempiras presuntamente distribuidos entre diputados del gobierno . Sin posibilidad de sesión plenaria, el estado de emergencia no puede revocarse.
Mientras tanto, el Ministerio Público busca procesar a los miembros del Tribunal Electoral , así como al representante de la oposición en el Consejo Nacional Electoral .
Otra preocupación surgió con el mandato especial que Castro otorgó a las Fuerzas Armadas para proteger específicamente los resultados de las elecciones presidenciales .
«No sabemos qué significará esto, sobre todo en lo que respecta al acceso a los centros de votación, si estarán militarizados», dijo Ávila. «Según el mandato del presidente, eso es lo que ocurrirá, pero lo sabremos con certeza el día de las elecciones».
El papel que han desempeñado las Fuerzas Armadas en el aumento del ambiente hostil hacia la prensa es una de las mayores preocupaciones para organizaciones como SIP y RSF.
La lista de ataques a la prensa se puede ver a lo largo de 2025. Una de estas primeras acciones ocurrió en febrero de 2025, cuando Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas, presentó una serie de demandas contra 12 medios de comunicación buscando sus fuentes periodísticas . En marzo, Hernández anunció una demanda contra un periodista de Q’Hubo TV.
A esto se suma la estigmatización de las declaraciones públicas o publicadas en el periódico oficial de las Fuerzas Armadas.
En una ceremonia en junio, Hernández acusó a los medios de comunicación y a los periodistas de tener «una narrativa mediática falsa y criminal, mentirosa y distorsionadora» .
El diario oficial publicó artículos sobre la prensa con títulos como «Crimen organizado, comprometido con dañar la imagen de las Fuerzas Armadas mediante ataques contra el narcotráfico» o «El Heraldo continúa su campaña de mentiras contra las Fuerzas Armadas». También se calificó a periodistas específicos como » traidores » o » asesinos de la verdad «. Posteriormente, aparecieron pancartas en las calles de Tegucigalpa con la frase «asesinos de la verdad» e imágenes de varios periodistas y medios de comunicación del país.
«Es inaceptable», dijo Lauría.
En la misma línea, Artur Romeu, director de la oficina de RSF para América Latina, se pronunció: «Existe la percepción entre los periodistas de que, a lo largo del año, las Fuerzas Armadas se han sumado a una guerra contra la prensa», declaró a LJR .
“En estado de excepción, el hecho de que las Fuerzas Armadas sean tan abiertamente antiprensa pone en mayor peligro a los periodistas y reporteros que están en los territorios tratando de cubrir los acontecimientos”, dijo Ávila.
Alianzas entre medios de comunicación y apoyo de la comunidad internacional.
Ante este panorama, medios como Contracorriente ya han preparado medidas de seguridad para cubrir los eventos del próximo domingo. Aunque Ávila prefiere no dar muchos detalles sobre cómo lo harán, afirmó que parte de la protección proviene de las alianzas y la unidad.
Por ejemplo, Contracorriente formará alianzas con medios de comunicación comunitarios, especialmente radios, cuyos miembros se sienten protegidos bajo el nombre de un medio nacional. Asimismo, se han tomado medidas para proteger la ubicación de ciertos periodistas y se establecerán contactos con organizaciones internacionales.
Jorge Burgos, editor jefe del medio de noticias digital Criterio.hn , declaró a LJR que el equipo también se está preparando para la fecha. Criterio ha sido blanco de diversos ataques, desde intentos de obligarlo a revelar sus fuentes hasta campañas de desprestigio y ciberataques.
«Tengo conocimiento de que muchos medios de comunicación han estado comprando chalecos antibalas y cascos antibalas porque existe el temor de que pueda pasar algo», dijo Burgos.
Criterio también invirtió en estos artículos, aunque no para todos los miembros del equipo debido a la falta de recursos, explicó Burgos. La falta de financiación también impidió a Criterio adquirir otros vehículos que les permitieran estar presentes en diferentes centros de votación y, al mismo tiempo, brindar mayor seguridad.
«Mi coche ya es muy conocido», afirmó Burgos.
Para Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa, la atención internacional será vital para ayudar a cubrir las elecciones con transparencia y, según Romeu, podría evitar que las autoridades utilicen las críticas a la prensa como parte de su estrategia electoral.
«La presión y el escrutinio internacionales pueden ser uno de los pocos contrapesos efectivos», dijo Lauría.
LaTam Journalism Review
