**Este es el segundo reportaje de una serie sobre la investigación y la persecución de los casos de violencia contra los periodistas en América Latina.
El comunicador social Ricardo Ávila le reportó a su jefe que sin explicación alguna había perdido el control de su cuenta de WhatsApp, algo que él vio como una posible intervención de su teléfono.
Una semana después, el 26 de mayo, fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras se dirigía a su trabajo en la ciudad de Choluteca, departamento homónimo, zona sur del país.
Con este hecho violento, suman 93 los periodistas y comunicadores asesinados en Honduras desde el 2001.
En un comunicado emitido el 24 de mayo, Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) indicó que la impunidad en las muertes de periodistas sobrepasa el 91%. Asimismo, detalló que la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) recibió, entre el 2016 y abril de 2022, alrededor de 67 casos de periodistas (20 mujeres y 47 hombres), de los cuales, 51 están en riesgo de desplazamiento y, al menos, 16 ya han sido víctimas de desplazamiento forzado interno, debido, en el 81 % de los casos, a amenazas, seguido de tentativa de homicidio, extorsión, lesiones y violencia familiar.
“De estos más de 90 asesinatos, la tasa de investigación criminal es muy baja, apenas tenemos cuatro casos en donde hay una sentencia por los delitos de homicidio o asesinato; aproximadamente un 22% de eso está en líneas de investigación, los otros casos están completamente en impunidad y asumimos que quedarán así porque ya pasaron de entre 15 a 20 años”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Osman Reyes, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).
La única oficina que existe en este país centroamericano para investigar violencia contra periodistas y proteger a este sector vulnerable es la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Spociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH). Pero solo cuenta con cinco fiscales —todos concentrados en Tegucigalpa— sin investigadores asignados y sin competencia jurídica para investigar casos de homicidios o asesinatos.
¿Cómo funciona el mecanismo de protección y la fiscalía especial para periodistas y comunicadores sociales?
Honduras cuenta con el Sistema de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que entró en vigencia en el año 2015 y que hasta noviembre de 2021 registraba 126 casos activos.
Este mecanismo de protección está llamado a trabajar en coordinación con el CONADEH y con el Ministerio Público.
Tanto el CPH como el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) se retiraron el año 2021 del mecanismo de protección como una forma de protesta, alegando pasividad del espacio de protección.
“Tenemos este mecanismo de protección de periodistas, abogados, personas de grupos vulnerables, pero no está siendo una respuesta para estas situaciones tan complejas”, dijo Reyes.
Pero Honduras también cuenta con la Fiscalía Especial (FEPRODDHH) desde el 2018, aunque su presencia no es muy visible, según Reyes.
A pesar de que Reyes es el presidente del CPH, éste asegura que desde hace dos años no sabe nada de la FEPRODDHH y que ni siquiera conoce quién es el jefe de dicho despacho fiscal.
“Entiendo que en su momento se creó esta fiscalía especial para atender estos casos, estuvimos en contacto hace dos años con la fiscal Keila Aguirre, que había conformado un equipo y con ellos destinamos algunos casos, pero ella se comunicó conmigo una mañana y me dijo que ya la habían rotado de fiscalía, y hasta ahora no sé quién quedó, no sé si existe todavía esa fiscalía, si sigue trabajando, porque al menos en mi condición de presidente del Colegio de Periodistas nunca más volví a tener contacto con esa fiscalía”, dijo Reyes.
Reyes añade que se reunieron este 2022 con el Secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, pero que éste les presentó los mismos datos y avances de los gobiernos anteriores.
“Tuvimos reuniones con tres ministros de Seguridad de tres gobiernos diferentes, la misma presentación que hizo el primero, la hizo el segundo y el número de avances es el mismo que tiene el tercero. Siempre la clásica respuesta es: estamos en investigación y las rutas no llevan a ningún lado”, expresa Reyes.
Amanda Ponce, directora del Comité para la Libertad de Expresión (C-Libre), una coalición de periodistas y grupos de la sociedad civil, coincide con Osman Reyes y dice que la experiencia de C-Libre con la FEPRODDHH es poco satisfactoria porque la mayoría de los casos no reciben la atención necesaria.
“Hasta el año pasado solo había dos fiscales asignadas”, dijo Ponce a LJR.
“La mayoría de los casos que hemos interpuesto en estas fiscalías no han podido ser atendidos en los más de tres años que empezamos a colocar denuncias, particularmente una de las experiencias más difíciles de tratar han sido con los casos que se han llevado desde comunicadores y defensores de derechos humanos que se encuentran en los territorios, donde la disponibilidad humana e investigativa es muy reducida”, revela Ponce.
Ponce afirma que la FEPRODDHH no cuenta siquiera con acceso al padrón fotográfico electoral del Registro Nacional de las Personas (RNP) para identificar a los agresores de estos grupos vulnerables que son denunciados.
“Esa fiscalía no tiene acceso y nos pareció una cosa impresionante. Cuando hablamos de la identificación de un agresor frente a cosas que no representan mayor gasto. Un acceso a un padrón fotográfico solo significa una clave y entrar a ese padrón. Lo tienen otras fiscalías, pero ésta no lo tiene”.
Ponce sostiene que se han presentado más de 300 denuncias ante el Ministerio Público, pero “ninguno de los casos hasta el momento ha sido concluido con una sentencia en firme, no que nosotros lo sepamos”.
“Esto nos da una sensación de que esta fiscalía fue creada digamos con el nombre bien colocado, bien bonito, pero no para llevar ante la justicia a los agresores y agresoras de los sectores vulnerables”, explica Ponce.
Ningún caso a juicio oral y público
LJR obtuvo el número de denuncias recibidas por la FEPRODDHH en donde se observa que desde su creación en 2018 se han formalizado 252 denuncias ante este despacho fiscal.
El fiscal Jerry Valladares, jefe de la FEPRODDHH, dijo a LJR que no existen sentencias y que actualmente no hay ningún caso judicializado en contra de agresores de periodistas, comunicadores o defensores de derechos humanos en juzgados o tribunales penales. Valladares solamente mencionó que hay un caso que posiblemente se eleve a juicio oral y público, pero que involucra a un operador de justicia.
Para entender por qué los casos de la FEPRODDHH no avanzan o no se obtienen sentencias que generen precedentes para proteger a los periodistas, Valladares explica que muchos de los casos son remitidos a un juzgado de paz, en donde se dirimen por la vía de la conciliación, mientras otros casos conocidos por la FEPRODDHH son remitidos a otras fiscalías, como Delitos Contra la Vida o de Etnias.
En las audiencias de los juzgados de paz, las víctimas son expuestas y enfrentadas directamente con los agresores que en muchos de los casos pueden ser policías o militares.
Según Amada Ponce, la mayoría de las agresiones contra periodistas y comunicadores sociales son cometidas precisamente por policías y militares.
“Eso es frecuente en un país como Honduras, que es muy débil en la temática de derechos humanos y acceso a la democracia”, dijo.
Desde el golpe de Estado de 2009, las protestas han sido una constante en el país en contra del deterioro de la institucionalidad y por el desplazamiento de poblaciones vulnerables de sus territorios. Las protestas persisten en la actualidad a pesar de que ha entrado un Gobierno que antes representaba una buena parte de la oposición política y social. En ese ambiente de protestas continuas, la represión de policías y militares ha sido una constante y entre los más perjudicados han estado los periodistas y defensores sociales.
“La mayoría de casos que tenemos son casos de amenazas y el delito de lesiones. Sin embargo, de conformidad con el Código Procesal Penal, aunque estos son delitos de acción pública consecuentemente se requiere de una instancia particular, es decir, que la víctima nos autorice a nosotros o dé su consentimiento para iniciar la investigación y poder judicializar el caso de conformidad con el artículo 26 del Código Procesal Penal”, explicó Valladares.
Sobre cómo captan los casos, Valladares afirmó que “en la mayoría de los casos, las denuncias ingresan a través de organizaciones o través del mecanismo de protección”.
El fiscal jefe de la FEPRODDHH dice que los casos, que no son remitidos a un juzgado de paz, en la mayoría de las ocasiones se extinguen porque las víctimas “desgraciadamente” no confían en los operadores de justicia.
Una de las formas en cómo la FEPRODDHH turna el caso a otra fiscalía, dice Valladares, es amparándose en el “nexo causal”, es decir, valoran si la agresión contra el periodista se dio por el ejercicio de su trabajo o si se dio por un tema personal. Si no logran confirmar que un periodista ha sido agredido o amenazado por su trabajo, le pasan el caso a otra fiscalía.
Valladares no ve ningún conflicto en que la FEPRODDHH no tenga competencia para llevar casos sobre asesinatos de periodistas, porque a su juicio “el tema de delitos contra la vida es un tema bastante complejo, complicado, incluso tener centralizada la información para poder dilucidar estructuras criminales, conductas criminales, relación con armas de fuego, relación de personas, entonces se determinó que todos los delitos contra la vida fueran investigados por la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, ahí se llevan muertes contra mujeres, políticos, periodistas, grupos vulnerables”, sostuvo.
“Actualmente solo tenemos oficina en Tegucigalpa y tenemos jurisdicción y competencia para conocer casos en todo el país. En cuanto al tema de logística tenemos el apoyo necesario, los vehículos para hacer las giras, el apoyo con el tema de viáticos, no hemos tenido limitaciones en el tema presupuestario, para cubrir emergencias en San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, pero creo que el talón de Aquiles es que no tenemos investigadores”, explicó Valladares.
Agregó que la FEPRODDHH apenas cuenta con cinco fiscales, incluyéndolo a él, y todos concentrados en Tegucigalpa, con facultades únicamente para conocer algunos delitos referentes a la “limitación de los derechos fundamentales”, es decir, amenazas, lesiones, entre otros.
Ante la ausencia de investigadores, estos cinco fiscales también tienen que hacer funciones de investigadores.
“Ese vacío se suple con los mismos fiscales, que nos convertimos en investigadores, cuando necesitamos hacer una gira nos desplazamos”, explica Valladares, quien explica que “por función de competencias”, la ATIC (el brazo investigativo del Ministerio Público) solo conoce delitos de alto impacto, crímenes de corrupción, criminalidad organizada, homicidios, asesinatos, “entonces estamos limitados para poder trabajar casos con la ATIC”, explica.
Valladares afirma que la FEPRODDHH no cuenta con el conocimiento técnico para poder identificar la procedencia de ataques cibernéticos.
“La situación real de país es compleja porque recordemos que en el país funcionan libremente estas redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, pero de todas estas compañías no hay representantes en el país, todos sus representantes tienen su sede en EE. UU. Cuando nosotros requerimos información de estas compañías, es imposible acceder a esta información y más con este tipo de delitos”, sostiene el fiscal jefe de la FEPRODDHH.
Osman Reyes, el presidente del CPH, dice sentirse preocupado por la situación de los periodistas en Honduras.
“Estamos en una situación compleja como gremio periodístico, al caso de Ricardo Ávila, camarógrafo de uno de los canales más grandes de la zona sur del país, hay que sumarle las amenazas sufridas por el periodista Manuel Santiago Serna, uno de los veteranos del periodismo en la ciudad de San Pedro Sula, quien está recibiendo hostigamientos a través de la vía telefónica, llamadas, mensajes, de números registrados en Colombia, le han enviado incluso fotografías privadas de su propia familia”.
Reyes afirma que similares amenazas, con números registrados en el exterior, ha recibido el expresidente del CPH, Dagoberto Rodríguez: “bajo esa misma forma de operar está recibiendo amenazas, entonces podemos decir que estamos en un momento crítico que lejos de mejorar, lejos de ir saliendo de la situación crítica, vemos que tiende a agudizarse en estos últimos días”.
Asesinato en el sur de Honduras
Las autoridades policiales, en un inicio, manejaron que se trataba de un accidente de tránsito, luego manejaron la hipótesis del robo, actualmente, después de que surgieran algunas evidencias, afirman que se trató de un asesinato.
Amada Ponce, directora del Comité para la Libre Expresión (C-Libre), afirma que MetroTV, el canal para el que trabajaba Ávila, es uno de los pocos canales abiertos a la cobertura de los movimientos sociales en Choluteca.
Foto en vida de Ricardo Ávila en una de sus jornadas de trabajo. Cortesía: MetroTV.
C-Libre ha girado durante los últimos tres años un total de 11 alertas sobre amenazas y hostigamientos que han recibido periodistas, camarógrafos y comunicadores del medio MetroTV en Choluteca.
Ávila, una semana antes de su asesinato, puso en conocimiento a los dueños de MetroTV que había perdido el control de su cuenta de WhatsApp, lo cual fue tomado internamente como una amenaza.
Alejandro Aguilar, gerente propietario de MetroTV, le dijo a LJR que él giró instrucciones entre el personal para que bloquearan el número de Ávila.
“No sabíamos quién estaba usando su WhatsApp. Pero jamás imaginábamos lo que iba a ocurrir una semana después. No imaginábamos la tragedia”, explica.
Aunque Aguilar afirma que no conoce las razones por las cuales Ávila fue asesinado, manifestó que está interesado en obtener medidas de protección tanto para él como para los empleados de su canal.
Aguilar afirmó que en el hospital del Sur de Choluteca, en principio no estaban claros de que Ávila había recibido un disparo en la cabeza, hasta que llegó el resultado de rayos X.
“Cuando llega el encargado de rayos X, me queda viendo y me pregunta: ‘¿Ricardo, alguna vez había recibido algún disparo?’. Y yo le digo que no. Y me dice: ‘venga mire, mire las láminas’. Se le miraba una entrada de bala por una parte de la cabeza y la bala adentro, en el cerebro. Entonces el personal se preocupó”.
Según Aguilar, el doctor sostuvo una plática con el encargado de rayos X para asegurarse de que en la camilla donde habían colocado a Ávila no hubiera algún objeto que hiciera que se arrojase un mal resultado.
Mientras el doctor y el encargado de rayos X buscaban entender qué pasaba con Ávila, Aguilar aprovechó para realizar un par de llamadas.
“Llamé a un señor…Lo desperté y le pedí ayuda: ‘Me dicen que Ricardo tuvo un accidente, pero necesito que usted vaya a ver, porque dicen que la moto quedó a orilla de la calle. Ayúdeme, si es posible recójala y luego me cuenta. Cuando llegue necesito que me busque el casco y le tome una foto’. Entonces el señor al rato me llama y me dice: ‘acabo de llegar y la moto la está recogiendo la Policía’. Yo le dije al señor: ‘pídales que le presten el casco’. Él me mandó las fotos del casco y ahí se ve el orificio de bala”.
Aguilar mostró las imágenes del casco al médico cirujano y este, sorprendido, le dijo que coincidía con los rayos X. “’Fue un disparo’, me dijo el cirujano”, él recordó.
Ávila fue trasladado posteriormente al Hospital Escuela de Tegucigalpa, la capital de Honduras, en donde falleció el 29 de mayo.
LJR se contactó con el vocero de la Policía Nacional en el departamento de Choluteca, el oficial Gerson Escalante, quien manifestó que aún no hay ninguna persona capturada pero que ya tienen identificados a los “sospechosos” que le provocaron la muerte a Ricardo Ávila.
“Las investigaciones sobre el comunicador social continúan, todo apunta a que los sospechosos pertenecen a un grupo delictivo de Marcovia”, dijo Escalante.
La versión brindada por Escalante a LJR indica que la patrulla de la Policía Nacional recibió una llamada al 911 en la cual se les informaba sobre un accidente vial de una motocicleta, tipo despiste, seguido de volcamiento.
“Luego en el hospital del Sur se observó que la persona presentaba una herida provocada por arma de fuego sin orificio de salida, luego la Policía Nacional se desplazó a donde fue encontrada la persona lesionada a realizar un levantamiento ya sea de casquillos y para hacer pesquisas en el lugar, se recopiló información de quiénes fueron los sospechosos y en principio se manejaban dos hipótesis”, revela Escalante.
Escalante afirma que la primera hipótesis que se manejó fue el robo.
“Se pretendía que era un intento de asalto, pero según las investigaciones, se está descartando eso”.
El vocero policial agrega: “se trató de un atentado dirigido. El objetivo era terminar con la vida de él. Hasta el momento no tengo la información de cuál fue el motivo para que estos malhechores le hayan quitado la vida, esto dato lo maneja la DPI (Dirección Policial de Investigaciones)”.
“Hay dos equipos investigando este homicidio del comunicador social. Hay un equipo de Choluteca y un equipo de Tegucigalpa investigando”, explica Escalante, quien agrega que en los últimos meses la violencia se ha incrementado en Choluteca.
¿Qué dice la ministra de Derechos Humanos sobre el asesinato de Ricardo Ávila?
Natalie Roque, secretaria de Derechos Humanos, le dijo a LJR que los asesinatos de Ricardo Ávila y de una fiscal en Nacaome, registrados entre el 29 y 27 de mayo, sumado a las amenazas que están sufriendo algunos periodistas, obedecen a un reacomodo del crimen organizado frente al nuevo Gobierno.
“No solo estos asesinatos, también las amenazas hablan de una reacción muy fuerte de parte de las estructuras de crimen organizado que se están reagrupando en función de mantener el control y de pasar a otros ejercicios de violencia”, sostiene Roque.
La fiscal del Ministerio Público Karen Almendarez fue asesinada el 27 de mayo, un día después del asesinato de Ricardo Ávila. Ese hecho también se registró en esa zona sur del país, específicamente en el municipio de Nacaome, departamento de Valle. Almendarez estaba asignada a la Fiscalía del Medio Ambiente.
La secretaria de DDHH afirma que mientras sigan permaneciendo las condiciones estructurales de violencia y que ésta esté focalizada hacia defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, no existirá ninguna fiscalía capaz de ponerle freno a la violencia.
“Hay que reconocer que, en el caso de la Secretaría de DDHH, esta cuenta con el Mecanismo Nacional de Protección, pero este necesita una profunda reestructuración ya que tampoco ha sido garante para la vida de este sector de la población”, reconoce la ministra.
Roque ve con mucha preocupación todo el accionar del Ministerio Público en diversas fiscalías y dice que los niveles de impunidad son enormes.
“Mientras continuemos con esos problemas de impunidad y debilidad en los procesos de investigación, pues no vamos a tener garantías de derechos,” dijo.
“Hemos visto las recientes amenazas, asesinatos, agresiones, contra operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y esto nos indica también que se deben de redoblar, triplicar y multiplicar los esfuerzos, porque el accionar de algunas fiscalías también está muy limitado por falta de recursos, puede haber voluntad pero si no hay apoyo es difícil dar garantía de derechos”, concluyó Roque.
Dos equipos investigan muerte de Ricardo Ávila
Amada Ponce lamenta que sea una fiscalía distinta, como Delitos Contra la Vida, la que lleve este tipo de casos, y que no exista una fiscalía especial capacitada para investigar muertes contra periodistas y comunicadores sociales, porque, a su juicio, es evidente que en el caso de Ricardo Ávila ha existido un sesgo desde el inicio de la investigación.
“La policía estuvo insistiendo, desde las primeras horas, que el asesinato de Ricardo Ávila se trataba de un robo o de violencia común en la zona. Sin embargo, sabemos que al colega periodista no se le robó absolutamente nada, en su poder quedó la mochila, dinero, sus pertenencias, celular, las llaves puestas en la motocicleta, ¿y cómo es que le robaron si todas las cosas que andaba pues estaban en su poder?”, sostiene.
El medio en el que laboraba Ricardo Ávila había realizado previamente 11 denuncias por las que C-Libre emitió alertas, manifestando que se sentían vulnerables por el ejercicio de su trabajo periodístico. Durante el sepelio de Ávila, el lunes 30 de mayo, parte del gremio periodístico de Tegucigalpa y de la zona sur exigieron justicia por la muerte del comunicador.
“Hacemos un llamado a las autoridades del Estado de Honduras a esclarecer este atentado criminal que llevó a la pérdida de la vida del colega Ricardo Alcides Ávila, con el fin de presentar ante los tribunales de justicia a los responsables», indicó C-Libre en un comunicado.
*Leonardo Aguilar es abogado y periodista. Sus estudios los ha realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Ha trabajado en radio, prensa escrita, periodismo web e Investigativo. Ha colaborado con organizaciones defensoras del ambiente y en investigaciones sobre desplazamiento forzado por razones de violencia ligada al narcotráfico.
**Este es el duodécimo informe de un proyecto sobre la seguridad de los periodistas en América Latina y el Caribe. Este proyecto de LatAm Journalism Review está financiado por el Fondo Mundial para la Defensa de los Medios de Comunicación de la UNESCO.
Por Leonardo Aguilar
LatAm Journalism Review (LJR)
