Paris, Francia.- El Comité integrante de los Estados Generales de la Información (EGI) de Francia ha presentado en Paris un informe con quince propuestas destinadas a proteger y desarrollar el derecho a la información en Francia. Iniciados en octubre de 2023 por el presidente Emmanuel Macron, los EGI tenían la misión de encontrar “nuevos equilibrios” en un panorama mediático en plena mutación y en un contexto de “desconfianza global”. Durante este año, los responsables del proyecto han mantenido audiencias con decenas de periodistas, ciudadanos, editores y expertos en un proceso independiente y colaborativo.
El informe, presentado en el Consejo Económico, Social y Ambiental (CESE) y recogido por el Laboratorio de Periodismo Luca de Tena, destaca la urgencia de salvaguardar el derecho a la información tanto para quienes la producen como para quienes la consumen. “Es la hora de salvaguardar el derecho a la información, para aquellos que la hacen. Y al desarrollo del derecho a la información para aquellos a quienes está destinada”, resume el documento.
Entre las propuestas el informa aboga por hacer de la educación en el pensamiento crítico y en los medios una prioridad en las escuelas. Se propone que esta formación sea obligatoria hasta el tercer curso de Secundaria, impartida por profesionales, para ayudar a los estudiantes a comprender cómo se fabrica la información. Otra propuesta busca “mejorar la gobernanza de los medios de información”, mediante la redacción de una carta deontológica entre la dirección y la redacción, y la instauración de comités de ética paritarios. También se sugiere reforzar la protección de las fuentes periodísticas y legislar contra las “procedimientos mordaza” (SLAPPs), demandas judiciales si fundamento real destinadas a intimidar y limitar la libertad de expresión.
DESINFORMACIÓN
Para combatir la desinformación, el informe propone “neutralizar” mediante una “sensibilización preventiva a gran escala”, desarrollando estrategias de “pre-bunking”, es decir, anticiparse a las noticias falsas antes de que se propaguen. Los EGI también recomiendan implementar una “etiquetación voluntaria de los influenciadores de información” que respeten exigencias reforzadas en materia de tratamiento de la información. Asimismo, proponen “redistribuir, mediante una contribución obligatoria, parte de la riqueza que se ha desplazado hacia las plataformas digítales, en beneficio de los productores de información”, apuntando así a los gigantes tecnológicos que captan gran parte de los ingresos publicitarios.
En cuanto al pluralismo mediático, el informe sugiere “asegurar el pluralismo de los medios en el marco de las operaciones de concentración”, estableciendo nuevos criterios para medir la influencia real de un grupo mediático, incluyendo su presencia en el ámbito digital.
A nivel europeo, los EGI proponen inscribir el derecho a la información en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, abrir el mercado publicitario en línea a la competencia y favorecer el derecho al pluralismo de los algoritmos para permitir al consumidor ejercer una elección informada entre los productos proporcionados por diferentes proveedores”.
Aunque algunas de las propuestas han sido bien recibidas, especialmente las relacionadas con la educación y la protección de las fuentes, el informe ha generado criticas por parte de ciertos sectores que lo consideran insuficiente frente a los desafíos actuales con propuestas poco claras o que no están a la altura de la situación actual.
Ahora, corresponde a los profesionales y a los parlamentarios tomar en cuenta estas propuestas. Sin embargo, el contexto político actual, con una Asamblea Nacional dividida, podría dificultar la adopción de las medidas legislativas necesarias.
Asociación de la Prensa de Málaga
