Desde este sábado 23 de setiembre, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte tiene las manos atadas ante cualquier intento de criminalizar la libertad de expresión. Ello tras la publicación en el Diario Oficial El Peruano de la ley de facultades legislativas en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres-Niño Global, infraestructura social, calidad de proyectos y meritocracia.
Como se recuerda, el Gobierno solicitaba facultades legislativas para, entre otros, “sancionar a los instigadores del delito de disturbio” ya que, afirmaban que, durante las protestas antigubernamentales, se habrían cometido los delitos de disturbios y entorpecimiento a los servicios públicos, “ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia”.
Esta pretensión del Ejecutivo fue cuestionada duramente por gremios periodísticos, como el IPYS y el Consejo de la Prensa Peruana, ya que se podría sancionar a comunicadores por el simple hecho de informar sobre una manifestación ciudadana. Por ello, solicitaron a la Comisión de Constitución, grupo de trabajo que preside la fujimorista Martha Moyano, retirar dicho apartado del texto final de facultades legislativas.
Sin embargo, desde el Congreso hicieron caso omiso a los reclamos y, en lugar de retirar el párrafo, optaron por hacer una precisión o “candado” a fin de que no se vulneren derechos fundamentales como libertad de expresión y protesta.
“Modificar el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635, en materia de delitos contra la seguridad y tranquilidad pública, sin criminalizar las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, así como el derecho de reunirse pacíficamente sin armas u otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Perú”, es parte del texto aprobado por el Congreso y promulgado por el Gobierno.
ANP respalda “candado” a facultades legislativas
Tras la aprobación en el Pleno del Congreso, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) saludó la decisión de incorporar un “candado” ante el intento inicial del Gobierno de criminalizar la libertad de expresión e información de los periodistas.
“(La ANP) Considera un primer resultado a las alertas lanzadas desde las instituciones de prensa que el texto aprobado por el Pleno contenga una proscripción expresa en la delegación de facultades para modificar el Código Penal: ‘sin criminalizar las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, así como el derecho de reunirse pacíficamente sin armas u otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Perú’”, se lee en el comunicado.
En ese sentido, el gremio destaca que la Comisión de Constitución haya utilizado el verbo “criminalizar” ya que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta “se ejecuta a través del uso indebido del derecho penal, (y) consiste en la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el objetivo de controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos”.
Por ello, asevera que, desde este momento, el Gobierno de Dina Boluarte está impedido de emitir decretos legislativos que criminalice cualquiera actividad informativa.
“La vía para neutralizar íntegramente la amenaza a la libertad de expresión era retirar ese extremo del proyecto de ley; sin embargo, considera que la versión final aprobada supera las propuestas anteriores. La ANP, firme en su histórico compromiso gremial de defensa de la actividad periodística, se mantendrá vigilante al contenido de los decretos legislativos que formule el Poder Ejecutivo en esta materia”, sentencian.
Infobae
