por PATRICK BUTLER
En Liberia, un país con una larga y trágica historia de violencia contra quienes desafían al poder, las armas no silenciaron al periodista Rodney Sieh. Fueron los tribunales.
Sieh fue uno de los cuatro participantes de la mesa redonda del Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrada en la sede del Comité para la Protección de los Periodistas en Nueva York, sobre el creciente uso del «lawfare» o «guerra jurídica» para castigar a los periodistas y ocultar su trabajo. Moderada por la Vicepresidenta Adjunta de Investigación Global del ICFJ, Julie Posetti, el evento exploró de qué modo los gobiernos se están volviendo cada vez más sofisticados en aspectos de la ley que parecen no tener nada que ver con el periodismo —cuestiones fiscales, financiación extranjera, incluso la protección de las mujeres— para usarlos contra los periodistas.
«No son solo los periodistas los que pagan el precio de la persecución selectiva», dijo Posetti. «Cuando se persigue a directores y editores, se pone en peligro todo el medio. Se cierran publicaciones y el staff se queda sin trabajo, lo que supone un golpe para el periodismo independiente en países con democracias tambaleantes y autocracias en desarrollo».
Sieh fue atacado porque el medio que fundó, FrontPage Africa, publicó un informe del gobierno sobre cómo un ministro había malversado fondos de donantes. El ministro fue destituido y culpó a Sieh. Un sistema judicial corrupto (Sieh dice que vio al ministro y a su abogado «chocarse los cinco» fuera del despacho del juez antes de que comenzara el juicio) condenó a Sieh a 5.000 años de prisión y cerró FrontPage Africa.
En Guatemala, el editor y ganador del Premio Internacional de Periodismo Knight del ICFJ, José Rubén Zamora, lleva más de nueve meses en prisión por cargos espurios de blanqueo de dinero. Su hijo, el panelista José Zamora, dijo que los gobiernos han descubierto que amenazar a los periodistas con violencia (como le ocurrió a su padre en repetidas ocasiones) o tratar de silenciarlos mediante campañas de difamación no eran las mejores tácticas ya que convertían a los periodistas en héroes.
«Descubrieron que la herramienta más eficiente para reprimir al periodismo es el derecho penal», dijo Zamora, jefe de comunicaciones e impacto de Exile Content Studio. «Es fácil fabricar un caso diciendo que un periodista blanqueó dinero, detenerlo y meterlo en la cárcel».
Esa estrategia fue una de las muchas empleadas contra el padre de Zamora, que se ha enfrentado a 140 demandas, así como a auditorías fiscales y campañas para presionar a las empresas para que dejen de anunciarse en su medio, elPeriódico. Una diputada llegó a ampararse en la Ley contra el Femicidio para denunciar que Zamora y otros periodistas la perseguían por su condición de mujer, narró su hijo.
Tras el encarcelamiento de Zamora, elPeriódico dejó de imprimirse y opera en línea con una pequeña fracción de su antiguo staff, muchos de los cuales son perseguidos. El objetivo del gobierno, de acuerdo con José Zamora, es triple: «Castigar directamente a mi padre, cerrar el periódico y enviar a todos los periodistas de Guatemala el mensaje de que el periodismo es un delito».
Caoilfhionn Gallagher, abogada irlandesa que defiende a destacados periodistas y medios de comunicación, señaló cuatro tendencias cada vez más utilizadas por los gobiernos represivos:
. El creciente uso del «lawfare»: usar la ley como arma contra los periodistas y el periodismo. Señaló que la periodista asesinada Daphne Caruana Galizia, de Malta, se enfrentaba a 46 demandas en el momento de su muerte, y que esas demandas siguen activas y fueron heredadas por sus hijos.
. El ataque directo a medios de comunicación, como elPeriódico y FrontPage Africa.
. Se ataca a los periodistas no solo por su trabajo, sino por su carácter. Se los pinta como «defraudadores en quienes no se puede confiar».
. Extensión de la persecución más allá de las fronteras nacionales. «Irán ha estado utilizando el largo brazo del Estado para perseguir a periodistas en Estados Unidos, Reino Unido y en todo el mundo», señaló.
Posetti consultó a Carolina Henriquez-Schmitz, directora de TrustLaw en la Fundación Thomson Reuters, sobre cómo luchar contra estas tendencias. Henríquez-Smitz esbozó una serie de medidas importantes que deben adoptar los periodistas y las organizaciones que los apoyan:
. Ampliar la protección jurídica de los periodistas. Ese apoyo no debe llegar solo después de que los periodistas sean demandados o encarcelados, dijo. Los abogados también deben ayudar a los medios de comunicación a evitar problemas legales revisando los contenidos antes de su publicación para minimizar los riesgos.
. Aumentar la capacidad de los abogados. Deben ser expertos no solo en áreas obvias como la ley de difamación, sino también en delitos financieros, ciberdelitos y otras áreas no asociadas directamente con el periodismo.
. Utilizar el litigio estratégico para sentar precedentes más sólidos. Citó una «ley anti LGBTQ+» que se debate actualmente en Uganda. Aunque pueda parecer que no está relacionada con la libertad de prensa, las versiones de la propuesta podrían utilizarse para procesar a periodistas por «promover» la homosexualidad.
. Enfrentarse a los agresores. Los gobiernos democráticos y las organizaciones intergubernamentales deben «denunciar a los agresores. Necesitamos que la gente sea consciente de esta amenaza. Necesitamos capacitar a los votantes para que comprendan que se trata de un problema fundamental que afecta a su vida cotidiana».
En el caso de Sieh, hacer frente a sus agresores fue exactamente lo que le valió la libertad. Su encarcelamiento fue ampliamente condenado internacionalmente, y la presión hizo que el entonces presidente de Liberia ordenara al ministro de Justicia que lo liberara. FrontPage Africa también volvió a publicar.
«Pero igual pagué un precio. Cada vez que pido un visado, soy un delincuente. Si buscas mi nombre en Google, soy un delincuente», contó. Añadió que su caso «demuestra que el poder de los medios de comunicación es fuerte», pero al mismo tiempo estas leyes están pensadas para atemorizar. «Utilizan el sistema judicial para perseguir al periodismo», concluyó.
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