Por una mayor transparencia y una verdadera rendición de cuentas de parte de las autoridades, la próxima audiencia preliminar de Odebrecht, que se celebrará a partir del próximo lunes 18 de julio, debe ser transmitida a toda la población y con acceso directo de los medios de comunicación, solicitaron el Consejo Nacional de Periodismo (CNP), El Fórum de Periodistas por La Libertad de Expresión e Información y la Asociación Panameña de Radiodifusión (APR).
“La principal víctima de este proceso es el Estado panameño”, alegan los tres gremios, que elevaron su solicitud al Órgano Judicial.
“Los detalles de este caso son de interés público y concernientes a toda la población por tratarse del caso más relevante de corrupción de alto perfil que, además de histórico, ha tenido trascendentales implicaciones en los ámbitos local e internacional. Además, nuestra propia jurisdicción establece que estos juicios son de carácter público y pueden ser divulgados a través de medios de comunicación”, señala un comunicado que han circulado los tres gremios.
La audiencia preliminar del que es considerado el caso de corrupción y blanqueo de capitales más importante de los últimos tiempos está programada para realizarse entre el próximo 18 de julio y el 5 de agosto.
El proceso le sigue la pista a los millonarios sobornos que pagó la constructora brasileña en Panamá y vincula a 62 personas, entre los que se cuentan los expresidentes de la República Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), así como exministros, empresarios y políticos, entre otros. Por los sobornos de Odebrecht ya hay dos panameños confesos y encarcelados: Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, condenados en Estados Unidos a tres años de prisión, después de confesar que blanquearon hasta $28 millones en coimas, según ellos, por instrucción de su padre, el expresidente de la República.
“Dado que nuestras leyes y convenciones internacionales de las que Panamá es parte, garantizan la publicidad de estas audiencias, las autoridades del Órgano Judicial deberían facilitar el acceso, no solo a los medios de comunicación, sino a todos los ciudadanos que quieran seguir este juicio en particular”, señala el comunicado conjunto del CNP, el Fórum y la APR. Recordaron, además, que la Convención Americana de Derechos Humanos indica en su artículo 8.5 que: “El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”.
Previamente, Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, pidió que la audiencia fuera pública. “Poder hacer disponible, en tiempo real a la vista de todos, el proceso pudiese evitar males mayores y, de hecho, pudiera generarle al Órgano Judicial una mayor confianza por parte de la ciudadanía”, sustentó.
El presidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz, recordó que en noviembre de 2017, el Órgano Judicial transmitió la audiencia de validación de los acuerdos de colaboración de tres ejecutivos de Odebrecht.
La Prensa
