Foto: EFE – Esteban Biba
Ciudad de Guatemala, Guatemala.- En Guatemala se acaba de presentar un nuevo ataque contra la libertad de expresión. A José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, lo condenaron a seis años de prisión tras un proceso plagado de irregularidades. Zamora se había convertido en una verdadera amenaza para el poder, dado que su medio publicaba serios trabajos de periodismo investigativo con señalamientos de corrupción que apuntaban directamente al presidente del país, Alejandro Giammattei, y a personas de su entorno más cercano. La creciente solidaridad con este periodista da una muestra del respaldo internacional a la prensa independiente.
La persecución contra Zamora viene desde 2003, cuando la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA (RELE) expidió medidas cautelares en su favor. En los 26 años que duró elPeriódico, hasta que se vio forzado a cerrar el año pasado ante las presiones económicas y el hostigamiento estatal, fustigó a los distintos gobiernos por malversación de dineros públicos. En dicho medio se publicaron 124 investigaciones de corrupción contra la actual administración, una de ellas por la compra de vacunas rusas durante la pandemia y otra por la forma como el Ejecutivo otorgó una concesión minera a una empresa rusa en un contrato oneroso y con sobornos de por medio.
La investigación contra Zamora se inició a raíz de la publicación del informe sobre el negociado con la minera rusa. La Fiscalía había pedido 40 años de cárcel por tres presuntos cargos, que al final terminaron en una condena por lavado de activos. El debido proceso fue totalmente vulnerado y ante las amenazas judiciales el acusado tuvo 10 abogados, dos de los cuales terminaron encarcelados. Consuelo Porras, fiscal general, y Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, dependientes del presidente, han sido las principales figuras en la instrumentalización de la justicia para amedrentar y sancionar a funcionarios o periodistas que denuncian la corrupción. José Carlos Zamora, hijo del director de elPeriódico, dijo que “el Gobierno quiere mandar un mensaje claro a los periodistas de Guatemala, que en el país es un crimen investigar la corrupción”. A Zamora solo le queda acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Guatemala está desde 2021 dentro del capítulo IV b del informe anual de la CIDH, junto a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Mientras los primeros países son dictaduras, en Guatemala existe una aparente democracia, pero en la práctica no existe la separación de poderes y la corrupción campea a sus anchas. Nueve periodistas y columnistas que trabajaron en elPeriódico están procesados por escribir sobre las injusticias del caso contra Zamora y han debido abandonar el país, como 22 colegas de otros medios, entre marzo y abril del presente año.
El subsecretario de Estado para América Latina de EE. UU., Brian Nichols, manifestó su preocupación por un veredicto que “amenaza el periodismo independiente y la libertad de expresión”. Lo mismo ha hecho el colombiano Pedro Vaca, director de la RELE, quien ha expresado su preocupación evidente por este hecho. El año anterior Vaca, ante el cierre de elPeriódico, expresó que “la vida democrática requiere siempre de más —y nunca menos— periodismo. El cierre de cualquier medio de comunicación es una noticia trágica para la vida en comunidad cuando se aspira a convivir como sociedades diversas y tramitar los desacuerdos con más informaciones y opiniones”. Estamos de acuerdo.
Esperamos que, gracias al trabajo de la RELE y la solidaridad internacional, se logre la pronta libertad de José Rubén Zamora. Una acción irregular como la ocurrida en Guatemala para amordazar a la prensa independiente merece nuestro absoluto rechazo.
El Espectador
