En el informe de medio año de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) revelado la mañana de este viernes 29 de julio, se señala que el Gobierno ha impulsado prácticas de censura y autocensura hacia el trabajo periodístico, a lo largo de los dos años y medio de gestión de Alejandro Giammattei.
El Informe de la APG refiere que hay una permanente campaña de persecución política contra periodistas, así como contra todas aquellas voces críticas al régimen, como también hacia quienes participan de las manifestaciones ciudadanas, lo que se refleja en los procesos de criminalización emprendidos por el Ministerio Público (MP) y apoyados por el Organismo Judicial (OJ).
“Se suman a estas prácticas las campañas de odio divulgadas en redes sociales, el seguimiento a personas incómodas a las autoridades, la retención o negación de información pública por parte de funcionarios, la prohibición a la prensa de ingresar a actos públicos, el desinterés del MP de perseguir las agresiones y crímenes contra periodistas, y en los últimos meses”, según el informe de la APG.
Además, el documento hace hincapié en el incremento de discursos confrontativos con mensajes de odio que fueron usados durante la guerra interna. “Apela a la “defensa de la soberanía nacional” y pretende implantar en el imaginario social como “enemigos de la democracia” y “desestabilizadores” del Gobierno, a sectores críticos, como la prensa o los líderes y representantes de los pueblos indígenas”.
“Este discurso peligrosamente se está acercando a los que hubo durante los años 70 y 80 con los cuales se validó la persecución, el asesinato, el exilio, no solo de periodistas sino críticos, sindicalistas, académicos, y defensores de derechos; si esta situación continúa tenemos la preocupación de que no solo veremos en el exilio a operadores de justicia que son los más afectados en estos momentos, sino a comunicadores y a periodistas en el exilio”, analizó Héctor Coloj del Observatorio de Periodistas.
“Esto se ha reflejado en los informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos -CIDH-”, dijo Mario Recinos, presidente de la APG, haciendo mención el reciente informe de la CIDH que colocó a Guatemala a la par de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba. “Como también la Unión Europea y el Departamento de Estado. No es una invención ni es una crítica propia de los medios sino que hay fehacientemente informes y pruebas que así lo definen”, reforzó Recinos.
El monitoreo del Observatorio de Periodistas y de la Comisión de la Libertad de Prensa de la APG registró del 1 de enero al 30 de junio, 66 casos de agresiones contra el ejercicio periodístico. Uno de los patrones más recurrentes es la obstrucción a las fuentes de información, intimidación a periodistas, amenazas, acoso judicial, difamación, ataque cibernético, agresión material, agresión física y otras formas de obstrucción al trabajo de la prensa guatemalteca.
Más de la mitad de estos casos se han registrado en el departamento de Guatemala, con 39 casos, luego Alta Verapaz con cinco, Quetzaltenango con cuatro, Izabal, Quiché y San Marcos, con tres cada uno; Escuintla y Huehuetenango con dos; Chiquimula, Jutiapa, Sacatepéquez, Sololá y Suchitepéquez, con un caso.
Desde el 14 de enero de 2020 hasta el 30 de junio, se han registrado 350 casos de ataques contra el trabajo periodístico, y se ha logrado detectar patrones de criminalización y represión desde el sistema judicial; persistente acoso judicial contra la prensa, limitaciones desde los tribunales y Tribunal Suprema Electoral (TSE), discursos de odio y estigmatización desde la presidencia; y la violencia policial, en el que en 43 casos han participado las fuerzas de seguridad pública como la Policía Nacional Civil (PNC), el Ejército y elementos de los Policías Municipales, en el periodo monitoreado hubo siete hechos donde participaron las fuerzas de seguridad.
Seguir la actual coyuntura actual es un escenario desolador para periodistas en el año electoral. “Que haya retención de periodistas o agresiones físicas por parte de seguidores, integrantes de aspirantes a puestos de elección popular de partidos políticos aduciendo que publicaciones e investigaciones periodistas buscan afectar, desgraciadamente, esta situación lejos de mejorar paulatinamente se va a empeorar” dijo Héctor Coloj.
El presidente de la junta directiva de la APG informó que se está construyendo el observatorio electoral, que monitorea el respeto al trabajo de las y los periodistas y la trayectoria de quienes participan en la elección popular. “No solo que se respete el papel de los periodistas sino que también se tenga un monitoreo permanente de la actividad electoral de quienes son los que participan”.
En la presentación del informe se contó con la participación de Ruth del Valle, Defensora de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), quien valoró el esfuerzo de la APG en la elaboración periódica del informe sobre libertad de expresión y la situación de las periodistas.
COPY: Un informe de APG, sobre sobre el estado de situación de la libertad de expresión, correspondiente a la mitad de 2022, indica que las prácticas de censura y autocensura que impone la administración de Alejandro Giammattei, son propias de regímenes autoritarios y dictatoriales.
Fuente: Prensa Comunitaria
Resumen Latinoamericano
