“El periodismo local y medioambiental enfrenta una situación sumamente preocupante, que afecta principalmente a periodistas de comunidades indígenas. Aunque los pueblos indígenas constituyen más del 43 % de la población guatemalteca, estos periodistas no son reconocidos como trabajadores de prensa, no tienen acceso a la información pública en sus idiomas originarios y sufren todo tipo de prejuicios por parte de las autoridades y empresas transnacionales, lo que dificulta aún más la cobertura de los conflictos relacionados con sus comunidades y el medio ambiente. En Guatemala, la prensa es constantemente criminalizada. El gobierno debe reconocer con urgencia la importancia del periodismo comunitario y medioambiental, e implementar políticas efectivas para protegerlo y apoyar su sostenibilidad. Esto es fundamental para la libertad de prensa y la protección del medio ambiente.»
El informe en español, titulado “Periodismo Comunitario en Guatemala”, detalla los impactantes testimonios de periodistas locales castigados por cubrir temas medioambientales. Diego Petzey, periodista de Prensa Comunitaria en Santiago Atitlán, enfrentó cargos penales tras reportar sobre protestas contra un megaproyecto hidroeléctrico que no había sido previamente consultado con la población local.
Ana Chen, periodista indígena —un grupo que enfrenta una doble discriminación por su género y origen étnico— de la emisora comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a, fue blanco de una campaña de difamación en línea tras cubrir protestas en la ciudad de El Estor en 2020, luego de la devastación causada por tormentas tropicales. Se informa que el ataque fue instigado por la alcaldía local.
El marco legal guatemalteco no reconoce formalmente a las radios comunitarias —principales fuentes de información confiable sobre temas locales y medioambientales—, dejándolas en un estado constante de ilegalidad. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Guatemala indemnizar a cuatro radios comunitarias pertenecientes a pueblos indígenas que habían sido cerradas entre 2006 y 2009, y otorgarles nuevas frecuencias. Hasta la fecha, estas emisoras aún no han vuelto al aire.
El informe incluye las siguientes recomendaciones al Estado guatemalteco:
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Reconocer y proteger públicamente el periodismo comunitario;
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Implementar el fallo de la Corte Interamericana sobre las radios indígenas;
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Poner fin al acoso judicial y a las persecuciones políticas contra periodistas;
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Establecer un mecanismo de protección culturalmente adecuado para reporteros;
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Asignar fondos públicos para fortalecer la infraestructura de los medios comunitarios.
El informe completo está disponible aquí.
