Carlos Alfonso Pérez Sedeño, miembro de la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER), afiliada a la Federación Internacional de Periodistas, es periodista en el departamento de Arauca, Colombia. Está amenazado de muerte y ya no puede trabajar como antes. Nunca está solo. Tres hombres armados y un vehículo blindado componen su esquema de protección. Cuando habla de su vida, lejos de su familia, y de las restricciones que impone su protección, las lágrimas interrumpen su relato. En vísperas del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, celebrado el 2 de noviembre, Sedeño hace un llamado para que las Naciones Unidas adopten la Convención de la FIP para la protección de los periodistas.
Entrevista realizada en Bogotá, Colombia, por Anthony Bellanger, secretario general de la FIP.
¿Por qué y desde cuándo cuentas con protección?
Soy periodista en el departamento de Arauca, en el norte de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela. Actualmente trabajo para Noticias Caracol y Blu Radio en Colombia. En Arauca soy el director y propietario de La Lupa Araucana.
Debido a mis investigaciones sobre el narcotráfico en Arauca, desde hace varios años recibo amenazas de miembros de las disidencias de las FARC1 y de la guerrilla del ELN. Desde 2016-2017 cuento con un esquema de protección del gobierno colombiano, a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que remunera a los hombres encargados de mi seguridad.
Sin embargo, por razones evidentes de seguridad, tuve que abandonar el departamento de Arauca y actualmente vivo en Bogotá. Desde 2024 se han intensificado las amenazas de estos grupos armados ilegales. Según la información de la UNP, han dado la orden de asesinarme.
¿Quién decidió esta protección y quién la financia?
La Unidad Nacional de Protección, adscrita al Ministerio del Interior, realiza una evaluación de riesgos. Después, el expediente se remite a un comité llamado CERREM, que determina si el periodista necesita protección del Estado. Si es así, se le asignan gratuitamente agentes de protección o vehículos. El gobierno nacional es responsable de este mecanismo.
En concreto, ¿Cómo funciona?
Actualmente cuento con tres hombres armados encargados de mi protección y un vehículo blindado de la UNP. Los agentes de protección solo trabajan ocho horas al día, diez como máximo. En concreto, esto me plantea muchas dificultades, porque debo limitar el tiempo dedicado a cubrir la actualidad. Estos horarios complican mi trabajo en Colombia y en el departamento de Arauca.
¿Cómo es tu vida cotidiana a día de hoy?
Las amenazas de estos grupos armados ilegales han cambiado por completo mi vida. Me obligan a pasar mucho tiempo fuera de Arauca, lejos de mi familia y de muchos amigos de la región. También he perdido mi intimidad, porque debo estar constantemente acompañado por hombres encargados de mi protección.
Actualmente no consigo trabajar adecuadamente, porque las amenazas me han obligado a abandonar el departamento. Esto me plantea un grave problema económico, ya que no puedo ejercer el periodismo en mi territorio.
¿Ha cambiado esto tu forma de ver tu profesión?
Las amenazas contra nosotros, los periodistas, cambian profundamente nuestra visión de la profesión y nos llevan a autocensurarnos. A veces debemos limitar la información que difundimos por miedo a recibir nuevas amenazas de muerte de estos grupos armados ilegales. No formamos parte de ningún grupo ni somos parte del conflicto que se desarrolla en Colombia desde hace décadas. Nos dedicamos únicamente al periodismo.
¿Qué haría falta, en tu opinión, para que esto cesara?
Creo que la Convención de la FIP sobre la seguridad de los periodistas llega en un momento oportuno a Colombia, donde es muy difícil ejercer esta profesión y donde las investigaciones de los asesinatos no avanzan. Aquí reina la impunidad.
Necesitamos que las organizaciones internacionales examinen de cerca la situación en Colombia.
Necesitamos el apoyo de organizaciones internacionales como la FIP.
¿Sabes cuántos periodistas colombianos se benefician actualmente de este mecanismo de protección?
No dispongo de las cifras, porque es muy difícil saber cuántos periodistas en Colombia están en peligro o amenazados, cuántos han tenido que desplazarse a otras regiones y cuántos han tenido que salir del país para buscar asilo o refugio.
Hago un llamado a la FIP para que no nos deje solos y dirija su mirada hacia Colombia y hacia las distintas regiones donde muchos periodistas se encuentran entre la espada y la pared a causa del conflicto armado que afecta a todo el territorio colombiano.
[1] Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) son dos grupos guerrilleros marxistas que surgieron a mediados de la década de 1960 en Colombia, pero que presentan diferencias fundamentales y una relación histórica marcada tanto por la rivalidad como por enfrentamientos recientes. En la actualidad, se están produciendo intensos enfrentamientos entre el ELN y facciones disidentes de las FARC en zonas estratégicas para el control del narcotráfico, la extorsión y las economías ilegales (sobre todo en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, en el departamento de Bolívar o en Dagua, en el Cauca/ Valle del Cauca), lo que provoca desplazamientos de la población civil y una respuesta militar cada vez mayor por parte del Estado.
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