La violencia contra periodistas en América Latina no sólo compromete la integridad física y emocional de los profesionales de la comunicación, sino que amenaza directamente la democracia. La región registra altos índices de ataques a periodistas, incluyendo asesinatos, persecución y censura, con México, Colombia y Brasil entre los países más críticos. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), México encabeza este triste ranking, superando incluso a zonas de guerra. La situación exige respuestas urgentes para garantizar la libertad de prensa y la seguridad de quienes se dedican a informar a la sociedad.
En Brasil, la situación también es grave. El país está entre los tres más peligrosos para ejercer el periodismo. Además de la agresión física y las amenazas, una forma de intimidación cada vez más común es el acoso judicial: la apertura de múltiples demandas con el objetivo de causar angustia financiera y psicológica y silenciar las voces críticas.
Este tipo de violencia afecta desproporcionadamente a los periodistas negros, especialmente a aquellos que cubren temas como el racismo, la desigualdad y la corrupción. “Muchos enfrentan demandas presentadas por figuras públicas que se sienten incómodas con informes que cuestionan sus privilegios”, dice Marcelle Chagas , fundadora y coordinadora de la Red de Periodistas Negros (Rede JP) y del Observatorio de Género, Raza y Territorialidad en la Ciencia (Gerate). Para enfrentar este escenario, la Red JP trabaja a través de la Articulación de Medios Negros, exigiendo reformas legislativas que impidan el uso del Poder Judicial como herramienta de coerción.
Según el Monitoreo de Acoso Judicial contra Periodistas, mantenido por la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji), entre 2008 y 2024 se identificaron 84 casos de acoso judicial, totalizando 654 procesos. Sólo en 2020 se presentaron 261 demandas. De ellas, 54 fueron interpuestas por el mismo individuo —conocido por presentar sistemáticamente demandas contra periodistas— que lidera el ranking de litigantes habituales, señala el informe. Las condenas ya superan los R$ 2,8 millones. Un ejemplo emblemático es el del periodista JP Cuenca, blanco de 145 demandas por un solo tuit, interpuestas por pastores evangélicos.
Ante este escenario, el Supremo Tribunal Federal (STF) reconoció, en mayo de 2024, la inconstitucionalidad del acoso judicial contra periodistas. La Corte determinó que, cuando la práctica sea caracterizada, todas las acciones deben interponerse en el domicilio del profesional, evitando el uso disperso de los procesos como estrategia de intimidación. La decisión representa un paso adelante en la protección de la libertad de prensa y el derecho a la información.
Mujeres periodistas en primera línea
El ejercicio del periodismo por parte de las mujeres enfrenta desafíos adicionales. Además de los riesgos inherentes a la profesión, son objeto de acoso moral y sexual, violencia de género y ataques misóginos, dentro y fuera de las redacciones.
Cuando el recorte incluye la raza, la violencia se intensifica. Según Marcelle Chagas , los insultos racistas, las amenazas y los intentos de descalificación profesional son más frecuentes contra las mujeres negras. Una de las medidas adoptadas por la Red JP fue establecer alianzas para ampliar la protección jurídica de estos profesionales.
La investigación titulada Medios sin Violencia: la urgencia de políticas para enfrentarla y prevenirla , realizada por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, de Argentina, con apoyo de Fepalc y UNESCO, investigó la temática en 14 países de América Latina y el Caribe, incluido Brasil. El estudio reveló que el 75% de los periodistas conoce al menos un caso de violencia de género contra colegas o denuncia episodios que ha sufrido. Aún con esta incidencia, el 57% de los vehículos no cuentan con protocolos para afrontar agresiones físicas o morales.
“La interseccionalidad entre raza y género intensifica la violencia que enfrentan las mujeres periodistas negras, quienes son objeto de ataques que combinan racismo, sexismo y misoginia”, destaca Chagas. Estos ataques afectan la salud mental de estos profesionales y amenazan su continuidad laboral en el periodismo. Además de cuestionar su competencia, se enfrentan a intentos de silenciarlos. Aboga por la implementación de protocolos institucionales, apoyo legal y psicológico, capacitación en seguridad digital y medidas de protección personal. Desde 2018, la Red JP trabaja para construir redes de apoyo y solidaridad.
Las mujeres periodistas también son blanco frecuente de campañas de desinformación, ataques coordinados en las redes sociales y amenazas de violencia sexual: estrategias destinadas a intimidarlas y silenciarlas. La cobertura política o investigativa hace que estos ataques sean aún más graves, mientras que la ausencia de mecanismos efectivos para abordar la violencia de género refuerza la impunidad y perpetúa el problema.
Desafíos y posibles caminos
Intervozes ha desarrollado varias iniciativas para combatir la violencia contra los periodistas . Una de ellas es la propuesta de crear el Observatorio Nacional de Violencia contra Periodistas, que tiene como objetivo monitorear y analizar los casos, además de proponer políticas públicas de protección. El documento elaborado por la entidad resalta la importancia de estudiar las causas y focos de esta violencia.
En febrero de 2023, Intervozes pasó a formar parte del Observatorio de Violencia contra Periodistas y Comunicadores, creado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), junto a otras 37 entidades. El organismo recibe denuncias y coordina acciones de protección. Los análisis se realizan en base a cuatro ejes: acoso judicial, ataques digitales, violencia de género y diversidad racial.
Ese mismo año, el colectivo lanzó el Dossier 8 de Enero , que documenta los ataques contra la prensa ocurridos durante los ataques golpistas de ese mes. El informe registra 45 ataques entre el 8 y el 11 y pide medidas a los gobiernos federal y estatales para garantizar la seguridad de los profesionales de las comunicaciones. En el contexto electoral también se observó un aumento de ataques, especialmente aquellos protagonizados por simpatizantes de la extrema derecha. Periodistas como Vera Magalhães y Leonardo Sakamoto fueron blancos frecuentes de ataques, al igual que medios como Rede Globo y Rádio CBN.
La Red JP también trabaja para crear alternativas para mitigar los impactos de la violencia con un enfoque de género y raza. Las acciones incluyen programas de mentoría, becas de formación para periodistas negros, apoyo financiero a iniciativas independientes, fondos de emergencia para profesionales amenazados, formación en seguridad digital y física y asociaciones con organizaciones internacionales.
La violencia contra periodistas en América Latina, y particularmente en Brasil, no puede ser tratada como un tema secundario. El derecho a la información es un pilar de la democracia y la protección de los profesionales de la prensa debe ser una prioridad para los gobiernos, las instituciones y la sociedad civil. La decisión del STF sobre el acoso judicial y la actuación de organizaciones como Intervozes y Rede JP son avances importantes. Aun así, debemos seguir luchando contra los intentos de silenciar a quienes amenazan la libertad de prensa y la democracia.
Maryellen Crisóstomo es una quilombola del territorio de Baião, en el sudeste de Tocantins, periodista y asociada de Intervozes.
CartaCapital
