Por Carla Gloria Colomé
En horas de la tarde del jueves la periodista cubana María Lucía Expósito escribió que le encantaría que su salario “subversivo” fuese suficiente para ayudar a su hermana médica, quien por un mes de trabajo en Cuba gana el equivalente a un batido de helado. O que le gustaría poder cubrir los gastos en medicamentos de su abuelo, cuya jubilación por más de 40 años no rebasa los 2.000 pesos (poco más de seis dólares. Hace unos días la joven fue citada por agentes de la Seguridad del Estado cubano, quienes en más de seis horas de interrogatorio no solo cuestionaron su vínculo con medios independientes y su participación en un curso formativo de periodismo, sino que le decomisaron 1.000 dólares de su salario. “¿Por qué no se pronuncian las universidades respecto al desamparo y vulnerabilidad de sus egresados?”, se preguntó Expósito en un largo post que publicó a través de una amiga, porque su cuenta de Facebook está inhabilitada. “¿Por qué mis seres queridos y allegados me han aconsejado abandonar cuanto antes mi país?”, agregó.
En las últimas horas han comenzado a florecer en redes sociales algunas denuncias por parte de periodistas, colaboradores, creadores de contenido o activistas, en lo que se anuncia como otra gran cacería contra la prensa independiente por parte del Gobierno cubano. Interrogatorios de hasta 12 horas, el decomiso de salarios o equipos de trabajo, las amenazas con la cárcel a los implicados o sus familiares son algunas formas de proceder por parte de los agentes que, de forma anónima, intentan desactivar una vez más cualquier intento de actividad alternativa a la estatal. Periodistas de los medios Periodismo de Barrio, Cubanet o El Toque se han visto obligados a abandonar su trabajo, incluso el país, o a dimitir de su actividad profesional de manera pública. En varios posts de Facebook, algunos firmaron este jueves una declaración en la que renuncian “a colaborar y/o participar en cualquier medio de comunicación o proyecto de carácter independiente y/o considerado subversivo o contrario a los intereses del Gobierno cubano”.
Es una arremetida que, según los implicados, ha cobrado fuerza desde el pasado mes de septiembre. Una de las primeras en hacer pública la situación fue la revista musical Magazine AM:PM cuyos directivos, a través de un editorial, anunciaron que harían “una pausa indefinida”. Aunque no ofrecieron muchos más detalles, la causa sería “la creciente presión y acoso” a su director por parte de “los órganos de contrainteligencia cubanos”, que no les permiten “aplicar a fondos” y “pone en peligro la integridad” del proyecto y el equipo.
La directora de Periodismo de Barrio, Elaine Díaz, denunció en X la represión desatada por parte del Gobierno, la citación en las últimas horas a al menos 20 periodistas, activistas o emprendedores y aseguró que lo han hecho “de la única manera en que saben hacerlo, usando la tortura psicológica”. El Toque, un medio al que el Ejecutivo cubano ha tenido en la mira de manera particular en los últimos tiempos, ha denunciado la represión sostenida contra sus colaboradores e insistido en que “no es nueva”. También alertaron de “la posible implementación de un proceso judicial carente de garantías que puede desembocar en una acusación” contra miembros de su equipo. A algunos de los afectados les han hecho grabar “mea culpas” que se espera luego sean televisados.
Son estrategias a las que el Gobierno ha acudido antes. En 2016 hubo un despertar de medios independientes en la Isla cuyos periodistas luego fueron obligados a la renuncia pública, sometidos a interrogatorios, multas, amenazas o arrestos domiciliarios. La mayoría vive hoy en el exilio. Antes también había sucedido lo mismo con otros emprendimientos, iniciativas o medios que intentaron contar Cuba desde dentro. La respuesta siempre ha sido la misma: la única versión de lo que acontece en la isla puede ser contada exclusivamente por la prensa estatal, y no hay cabida para nada que rebase esos márgenes.
Solamente en los últimos dos años, se contabilizan al menos unos 150 periodistas cubanos exiliados. También el Gobierno ha oficializado la censura con leyes que regularizan el castigo a la libertad de expresión. Así están vigente la Ley de Comunicación, que declara ilegal el trabajo de los medios independientes; el Decreto Ley 370, bajo el que muchos han recibido multas que exceden cualquier salario en la Isla o el Código Penal, que tipifica al “mercenarismo” y con el que inculpan a quien, según las autoridades, recibe fondos o tienen que ver con algún tipo de actividad relacionada con un gobierno extranjero, casi siempre Estados Unidos.
El abogado cubano Raudiel Peña Barrios, miembro del grupo de asesoría legal Cubalex, explicó a EL PAÍS que en esta nueva ola represiva las autoridades “están amenazando con delitos que están en el Código Penal”. Según dice, en Cuba existen diferentes “tipos penales que se han utilizado contra periodistas independientes, opositores políticos, activistas y defensores de los derechos humanos como el delito de propaganda contra el orden constitucional, o todos los delitos que incluyen remisiones a la recepción de fondos desde el exterior. También pudieran emplear el desacato, la actividad económica ilícita, los desórdenes públicos. Todos son posibles delitos que se pueden emplear contra estas personas” y que algunos implican hasta 10 años de cárcel.
Es una realidad homóloga a otras que han estado teniendo lugar en la región, en países con regímenes totalitarios. Un informe del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) reveló que en Venezuela el 85,63 % de los periodistas consultados habían salido del país por las restricciones al ejercicio del periodismo y una persecución que va desde detenciones arbitrarias, censura, hostigamiento judicial, riesgo de desaparición forzada y tortura, entre otras. Recientemente la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) declaró que al menos 263 periodistas nicaragüenses se habían exiliado desde 2018 por las mismas razones: amenazas, censura, persecución, violaciones a la libertad individual y de expresión.
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