Bogotá, Colombia.- Organizaciones internacionales de comunicación y libertad de prensa, vinculadas a la Asociación Mundial de Periodistas y otros gremios de prensa, manifestaron su preocupación y rechazo frente a lo que consideran un patrón de acoso judicial contra la periodista colombiana Lorena Beltrán, cuyo ejercicio de investigación y denuncia ha derivado en múltiples procesos legales que ponen en riesgo su libertad y seguridad.
La Asociación Mundial de Periodistas ha advertido que el hostigamiento judicial en contra de Beltrán —quien se encuentra fuera de Colombia por razones de seguridad— ha intensificado y extendido sus efectos hasta el país donde actualmente reside, lo que califican como una estrategia sistemática para silenciar su labor periodística.
Postura y reclamos del gremio periodístico internacional
Organizaciones como la Asociación Interamericana de Prensa (IAPA), la Federación Internacional de Periodistas (IFJ) y gremios relacionados con la Asociación Mundial de Periodistas han condenado el uso abusivo de herramientas legales para intimidar a periodistas que investigan asuntos de interés público, especialmente cuando se trata de casos que involucran la seguridad de pacientes y la respuesta institucional ante prácticas médicas presuntamente irregulares.
Estos organismos han insistido en la necesidad de que los sistemas judiciales respeten los estándares internacionales de libertad de expresión y eviten la instrumentalización de procesos legales con fines intimidatorios. Asimismo, pidieron que se adopten medidas que garanticen protocolos de protección específicos para periodistas en riesgo, en consonancia con tratados y normas internacionales de derechos humanos.
Declaraciones públicas de Lorena Beltrán
En sus pronunciamientos públicos anteriores sobre el caso, Lorena Beltrán ha expresado abiertamente su preocupación por el patrón de hostigamiento judicial que ha enfrentado desde 2025, derivado de investigaciones periodísticas que desvelaron presuntas irregularidades en la formación y titulación de médicos cirujanos plásticos en Colombia.
Beltrán ha señalado que, aunque el tribunal condenó a algunos de los médicos implicados, “la justicia avanza, pero siguen en quirófanos”, resaltando la persistencia de prácticas que ponen en riesgo la vida de pacientes a pesar de fallos judiciales favorables a las víctimas y las investigaciones periodísticas.
Además, organizaciones y redes sociales ligadas a Beltrán han destacado que la serie de tutelas y demandas judiciales en su contra han incluido correos amenazantes y comentarios con carga machista, así como acciones que buscan desacreditar su reputación personal y profesional, no solo su trabajo informativo.
Preocupaciones adicionales y llamados a las autoridades
La FLIP y los gremios internacionales han señalado que el hecho de que el demandante haya logrado ubicar la dirección exacta de Beltrán en el exterior —un dato que no era de dominio público— incrementa el riesgo para su seguridad, y enfatizaron que este tipo de filtración de datos personales constituye una forma de persecución que puede derivar en agresiones físicas o psicológicas más graves.
La Asociación Mundial de Periodistas y demás gremios han pedido que jueces y tribunales reconozcan el patrón de acoso judicial y eviten la instrumentalización de la justicia como mecanismo de censura o presión a periodistas, que se investiguen de manera exhaustiva estas denuncias, incorporando un enfoque de género y protección reforzada para Beltrán, dado que el caso también plantea elementos de violencia específica contra mujeres periodistas y que se adopten mecanismos claros de protección y de respuesta rápida para periodistas en exilio o en situación de riesgo.
Implicaciones para la libertad de prensa
Expertos en libertad de expresión y organismos internacionales han advertido que el uso de procedimientos judiciales como herramientas de intimidación —lo que se conoce como SLAPPs (Strategic Lawsuits Against Public Participation)— no solo afecta a los periodistas directamente implicados, sino que puede generar un efecto inhibitorio en la prensa y restringir el acceso de la sociedad a información de interés público.
En este sentido, la Asociación Mundial de Periodistas considera que los ataques judiciales que se transforman en mecanismos de presión, aunados a expresiones públicas que buscan desprestigiar a las y los investigadores del gremio, representan una amenaza directa para la libertad de prensa y la vigilancia ciudadana sobre temas de relevancia social.
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