Decenas de fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala allanaron este viernes la sede de El Periódico, así como la vivienda de su fundador y presidente, José Rubén Zamora, a quien se ha detenido por su posible participación en los delitos de lavado de dinero u otros activos, chantaje, tráfico de influencias y proposición y conspiración para el lavado de dinero u otros activos.
Así lo ha informado el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI), Rafael Curruchiche, quien ha aclarado que el arresto de Zamora, por orden autorizada por el juez Séptimo de Primera Instancia Penal, «no tiene ninguna relación con su calidad de periodista, sino por un posible hecho de lavado de dinero en su calidad de empresario». Así, ha detallado que el juez ha advertido «indicios suficientes de la posible comisión de múltiples delitos» por parte de José Rubén Zamora, quien en el 2021 recibió el Premio Rey de España al Medio de Comunicación Destacado de Iberoamérica.
Curruchiche, quien fue sancionado este mes por EEUU que lo incluyó en la Lista Engel bajo acusaciones de «obstruir investigaciones de actos de corrupción», ha desvelado que tras una denuncia vinculada a «posible lavado de dinero», se dio seguimiento policial para verificar la información del denunciante. Concretamente, dijo que se estableció que «se pretendía realizar una transacción bancaria por un monto considerable de dinero y en hecho flagrante se logró incautar dicha cantidad». Por ello, insistió en que los hechos que se le atribuyen a Zamora, cuya investigación está bajo reserva, «no tienen ninguna relación en su calidad de periodista, sino como empresario, por lo que hizo un «llamado a la prensa nacional e internacional a no dejarse sorprender por información tendenciosa».
Por su parte, el propio rotativo, fundado en 1996, ha achacado esta operación a las investigaciones sobre «cómo operan los actores corruptos en Guatemala». Así, El Periódico denuncia que sus publicaciones han tenido un «costo», pues ha provocado que este medio de comunicación «sea el blanco de constante ataque desde el aparato estatal y sus huestes».
En su cuenta de Twitter, El Periódico ha denunciado que «seis trabajadores administrativos permanecen retenidos en las oficinas centrales de este medio de comunicación», por lo que tanto la Policía, como el Ministerio Público «siguen realizando el allanamiento, aunque por ahora no han extraído equipo o archivo del edificio». Según ha detallado, a las 14.00 horas (21.00 horas en España) ha iniciado el allanamiento en la residencia de José Rubén Zamora.
«VARIAS PERSONAS RETENIDAS E INCOMUNICADAS»
Por su parte, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, ha recordado en su cuenta de Twitter que Zamora fue beneficiado con medidas cautelares, pese a lo cual, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala activó procedimientos penales en su contra en 2021. Además, señaló que ha intentado tomar contacto telefónico con Zamora e integrantes de su equipo y no ha podido. «Me informan que varias personas estarían retenidas e incomunicadas», aseguró. Por ello, anunció que dará seguimiento al caso, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades «a velar por el cumplimiento de los derechos y garantías judiciales».
Concretamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita en el 2003 a Guatemala en la que ya se constató las amenazas y actos de hostigamiento a los periodistas, «especialmente a aquellos que cubren investigaciones de actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos».
En el caso de José Rubén Zamora, denunció ese año que tanto él como su familia «fueron agredidos y amenazados por 12 sujetos fuertemente armados, quienes irrumpieron en su residencia el 24 de junio de 2003. Zamora, su esposa y sus tres hijos que por entonces tenían 13, 18 y 26 años, así como una trabajadora doméstica fueron maniatados, intimidados y agredidos por más de dos horas.
Al salir de su casa, los sujetos le advirtieron al fundador de El Periódico que «no se meta con los de arriba», según el citado informe, que desveló que «varios integrantes del personal del diario recibieron amenazas telefónicas en las que se les advertía que «pronto aparecerán publicadas sus esquelas junto a las de José Rubén Zamora». De ahí que el 27 de junio de 2003, el periodista informó que, debido a las intimidaciones y las presiones, debía sacar a su familia del país centroamericano.
Sin embargo, los ataques no se quedaron ahí, sino que, tal como ha desgranado El Periódico, en los últimos años, ha recibido un acoso judicial constante. Ya en 2018, la ex candidata presidencial Sandra Torres denunció a José Rubén Zamora por violencia contra la mujer y un juez dictó medidas a favor de ella, por lo que ordenó al presidente del medio que no publicara ninguna noticia para no perturbarla y le prohibió acercarse a menos de tres kilómetros. Al año siguiente, Sandra Torres denunció por violencia contra la mujer a seis editores y se ordenó al medio no escribir ni publicar nada sobre ella.
Mientras, en 2021, el Ministerio Público ordenó que se certificara lo conducente contra la filtración a El Periódico sobre un colaborador eficaz de la Fiscalía que detallaba cómo funcionarios del ente investigador cobran sobornos a cambio de trasladar expedientes a fiscalías a conveniencia de los interesados. La gota que colmó el vaso para el diario es el allanamiento de las oficinas centrales de El Periódico, donde las autoridades «prohibieron la comunicación a los trabajadores», mientras que frente a la vivienda de Zamora «se apostó un vehículo sin matrícula, así como una patrulla policial». Al mismo tiempo, denunció que «los agentes en el interior del inmueble tienen las caras cubiertas y están armados».
Por ello, El Periódico considera que la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, «concreta las amenazas vertidas contra el presidente» de este medio de comunicación. Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, acudió a la Torre de Tribunales, donde dijo que ha recibido la noticia de la captura de Zamora con «mucha preocupación teniendo en cuenta que es el director de El Periódico, que ha hecho periodismo de investigación y que, además, tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».
Rodas lamentó que «estamos en un momento muy difícil y no quisiera pensar que estamos llegando a una Nicaragua 2.0 porque la libertad de prensa es indispensable e importante defenderla, ya que una democracia sin una prensa independiente realmente a la larga erosiona la frágil democracia guatemalteca». El procurador anunció que va a estar presente para observar la audiencia que se realice esperando que «se cumpla el debido proceso». Así, consideró que «hay que estar pendiente para ver cuál es la razón» del arresto, ya que «lo que es cierto es que hoy es Zamora y mañana puede ser cualquiera de los medios de comunicación y periodistas que no pueden estar a merced de una arbitrariedad».
Mientras, el jefe de la FECI defendió que este caso es derivado de investigaciones en «estricto cumplimiento de la ley», tras las cuales también ha sido capturada una auxiliar fiscal de la FECI por su posible participación en el delito de revelación de información confidencial o reservada. Asimismo, ha anunciado que la investigación continúa y, tras los indicios recabados, «se ha advertido la posible vinculación de varias personas más».
Por su parte, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) ha rechazado los allanamientos en las instalaciones del diario y la vivienda de su presidente y ha denunciado que estas acciones «remarcan la instauración de un Estado dictatorial». De este modo, denunció que las acusaciones contra Zamora y el diario «forman parte de la campaña de persecución, criminalización y censura que el Estado, por medio de las fuerzas de seguridad y el MP, continúan emprendiendo en contra de los medios de comunicación y periodistas que no se pliegan a los intereses de las autoridades estatales».
El Mundo
