Bogotá / Madrid.- La labor informativa en Colombia continúa enfrentándose a un escenario de extrema vulnerabilidad. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha emitido un contundente pronunciamiento en el que advierte que la respuesta institucional del Estado sigue siendo profundamente insuficiente para garantizar justicia a las víctimas y a sus familias.
Desde la Asociación Mundial de Periodistas, respaldamos y hacemos eco de esta alerta global: la impunidad generalizada actúa como el principal combustible que propicia, normaliza y perpetúa la violencia contra los profesionales de la comunicación en el país.
Obstáculos estructurales que perpetúan la impunidad
El informe y monitoreo de la FLIP revelan fallas sistémicas que impiden el acceso a la justicia y debilitan el estado de derecho en las regiones colombianas: Demoras procesales críticas, los tiempos de la justicia se prolongan de manera indefinida, diluyendo la posibilidad de una reparación oportuna; Deficiencias investigativas, las fiscalías e instancias de investigación frecuentemente carecen de la rigurosidad o de los recursos técnicos necesarios para abordar crímenes motivados por la labor informativa y el Silencio ante los autores intelectuales,
Si bien algunos ejecutores materiales llegan a ser procesados, el esclarecimiento y judicialización de quienes ordenan los atentados y homicidios contra la prensa continúan siendo una excepción preocupante.
La falta de garantías judiciales no es un fenómeno aislado; se alimenta de un contexto donde la violencia regional, el hostigamiento y los vacíos institucionales ponen en jaque el derecho fundamental de la ciudadanía a estar informada. Cuando los crímenes contra periodistas quedan en el aire, se envía un mensaje permisivo a los agresores, consolidando un ciclo de autocensura y temor que corroe los cimientos democráticos.
Ante este panorama crítico, la Asociación Mundial de Periodistas enfatiza la urgencia de que el Gobierno nacional, los organismos de control y el poder judicial adopten medidas estructurales inmediatas.
Eficiencia y priorización en las investigaciones: Es imperativo dotar a los entes investigadores de fiscalías especializadas con enfoques contextuales sobre agresiones a la prensa, priorizando el esclarecimiento de determinadores e instigadores.
Fortalecimiento de las rutas de prevención y protección: Se deben robustecer los mecanismos locales de alerta temprana, especialmente en departamentos y zonas de alta tensión donde el periodismo investigativo y comunitario es una actividad de alto riesgo.
Reconocimiento político y público: Las máximas autoridades del Estado deben enviar un mensaje inequívoco de respaldo a la labor periodística, rechazando de manera categórica cualquier forma de violencia o estigmatización contra los medios y sus profesionales.
La labor de informar no puede seguir pagándose con la vida ni con el silencio impuesto por la negligencia institucional. Garantizar la seguridad de la prensa es salvaguardar la democracia misma; sin justicia efectiva, la libertad de expresión seguirá siendo una promesa incompleta.
Por la libertad de expresión, la ética y la dignidad del periodismo.
Oficina de Prensa y Comunicaciones Globales de la Asociación Mundial de Periodistas.
