Hoy, 2 de noviembre, conmemoramos el Día internacional para poner fin a la impunidad de crímenes contra periodistas. Para la FLIP, el Estado colombiano está fallando en su misión de investigar a quienes atacan a la prensa, lo cual es un paso indispensable para prevenir otras agresiones, como los homicidios.
En Colombia, de los 164 asesinatos a periodistas, solo en el caso de Orlando Sierra se sancionó a todos los autores del crimen, y solo en un 18% de los casos hubo algún tipo de condenas, el resto de homicidios están en completa impunidad. Este escenario de impunidad ha sido denunciado reiteradamente tanto por la FLIP, como por organizaciones internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa.
Además, las estadísticas muestran que es probable que nunca se llegue a condenar a toda la cadena delictiva involucrada en los crímenes; de hecho en los últimos años se ha visto que solo se llega a condenar a los autores materiales. Ejemplo de esto son los casos de Felipe Guevara y Marcos Montalvo, asesinados en el Valle del Cauca en el 2020 y 2021, respectivamente. Aunque en sus casos se condenaron a algunos sicarios, aún no se ha esclarecido quiénes determinaron los homicidios y cuáles fueron sus motivaciones. Solo se puede desarticular el riesgo para la prensa local cuando se condene a todos los responsables y haya una reparación en términos de verdad.
A este panorama se le suma el creciente número de amenazas hacia los y las periodistas. A corte del 28 de octubre de este año, documentamos 172 amenazas, la misma cantidad que se registró en todo el 2021, en el 2020 registramos 152. Además del aumento de estas agresiones, preocupa que no estén siendo investigadas diligentemente por la Fiscalía, pues en ocasiones son antesala de futuras agresiones.
Este fue el caso de Rafael Emiro Moreno, periodista asesinado el pasado 16 de octubre y quien recibió amenazas desde el 2019. Desde ese año, el comunicador denunció a la Fiscalía las agresiones de las que era víctima, algunas provenían de grupos armados ilegales y otras eran anónimas. En total, Moreno recibió en los últimos tres años seis amenazas, sin embargo, en todo este tiempo la Fiscalía no avanzó en la individualización de ningún victimario, todos los procesos se encuentran en etapa de indagación.
El caso de Moreno no es aislado, en el pasado hemos alertado de otros casos en los que periodistas quedan expuestos a ataques más graves luego de recibir amenazas. Ejemplo de esto es el caso del periodista Edison Molina, quien antes de su homicidio fue víctima de estigmatizaciones de funcionarios públicos, amenazas y de un atentado contra su vida. Del mismo modo, Jineth Bedoya también recibió amenazas antes de que fuera secuestrada, torturada y violada en marzo del 2000. En ninguno de los dos casos la Fiscalía cumplió con su deber de investigar diligentemente las amenazas.
A finales del 2022, en Colombia prescribirán nueve asesinatos de periodistas, con estos, el número total de homicidios de periodistas prescritos se eleva a 110. Esto significa que la Fiscalía no los seguirá investigando ni hará ningún esfuerzo por individualizar a las o los responsables.
Lo anterior refleja la falta de acciones del Estado dentro del Plan de Acción de la Organización de Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de Impunidad, que en el 2022 cumple 10 años. Es fundamental que el Estado se apropie de esta lucha para poder garantizar la integridad de la prensa y, así, asegurarse que la sociedad siga accediendo a la información.
FLIP
