Las pesquisas por el asesinato del periodista Josué Martínez hace menos de una semana han sumado su primer arresto. Javier Montalvo Juárez, presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, fue detenido el sábado pasado por la Fiscalía General de Puebla por intentar sobornar a agentes de investigación mientras realizaban diligencias por el caso en las instalaciones donde tenía su oficina, la junta auxiliar del municipio. El comunicado de la institución señala que Montalvo, a quien acusan de cohecho, sabía que “era objeto de una investigación” y ofreció a los elementos un vehículo y dinero en efectivo a cambio de “evitar las consecuencias legales derivadas de la investigación que decía estaba desarrollada en su contra”.
Idamis Pastor Betancourt, fiscal del Estado, ha indicado este lunes -en una conferencia de prensa sobre detenciones de funcionarios de seguridad por otros casos- que el edil auxiliar fue puesto a disposición del Ministerio Público y que un juez de control determinará su situación jurídica. La Fiscalía ha asegurado que las indagaciones continúan y que se agotarán “todas las líneas de investigación conforme a los protocolos aplicables para delitos cometidos en agravio de personas periodistas y defensoras de derechos humanos”.
Josué Martínez fue asesinado el jueves pasado en Puebla a pocos metros de su casa. Dos sujetos armados en motocicleta abrieron fuego contra el comunicador y director del medio Noticias San Martín Texmelucan. Martínez coordinaba coberturas locales de actualidad, donde abundaban las historias de inseguridad y sucesos. Varios medios poblanos han reportado que el periodista había sido amenazado hace seis meses y que sus atacantes le dispararon delante de su madre y su hijo de 13 años cuando acudieron a la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco.
La familia de Montalvo ha calificado su detención de ilegal y ha denunciado violaciones al debido proceso en su captura, como la falta de una orden judicial. La presidencia auxiliar de San Lucas Atoyatenco ha difundido en sus redes un posicionamiento oficial en el que ha manifestado que el funcionario no fue notificado “de manera clara y legal los motivos de su aseguramiento”. El comunicado asegura que la esposa y los hijos de Montalvo presenciaron su arresto y que su defensa legal no pudo “mantener comunicación efectiva con él” durante horas.
En la publicación, la presidencia auxiliar ha pedido que no se prejuzgue a Montalvo y que se respete su presunción de inocencia. También ha solicitado la intervención de Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, y de Claudia Sheinbaum, presidenta de México. “Hacemos un llamado respetuoso pero firme […] para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos, al debido proceso y a la legalidad, vigilando que las actuaciones de las autoridades se desarrollen con total transparencia y apego a la ley”, lanzaron.
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