El pasado 26 de mayo, el pleno de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó a mano alzada la primera ley que regula la comunicación y la información en Internet, conocida como «Ley de Comunicación Social». El artículo 28 de este texto estipula que los medios de comunicación son «propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas, y no pueden ser objeto de ningún otro tipo de propiedad».
La Constitución cubana de 1959 prohíbe toda iniciativa privada en materia de medios de comunicación. Sin embargo, a finales de los años 80 surgieron las primeras organizaciones de periodistas independientes. La llegada del Internet móvil a la isla, en 2018, seguida del permiso para utilizar redes WiFi en los hogares, en 2019, en un contexto de vacío legal característico del espacio digital, impulsó la aparición de una nueva generación de digitales de información independiente, como 14ymedio, elToque, El Estornudo o Periodismo de barrio.
Estos medios se vieron inicialmente afectados por las restricciones introducidas en el nuevo Código Penal, que entró en vigor en diciembre de 2022 y que castiga a las organizaciones que reciben financiación extranjera, “como sucede con los medios independientes», explica Raudiel Peña Barrios, abogado del Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), con sede en La Habana. «Con esta nueva ley, que no les reconoce personalidad jurídica, la soga se estrecha aún más», manifiesta con preocupación este jurista.
En un discurso ante la Asamblea, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, justificó la necesidad de esta nueva ley como medida para prevenir la «subversión», y calificó a los medios independientes de «mercenarios» a sueldo de intereses extranjeros”. «Así es como se ha tratado siempre a los periodistas de medios independientes», afirma José Luis Gallego, periodista cubano e investigador en comunicación. Según sus datos, en la actualidad hay más de 60 medios independientes en el país. La represión de la seguridad del Estado ha provocado en los últimos años una gran ola de exilio entre los periodistas, y es probable que estas nuevas medidas agraven esta tendencia.
Cuba ocupa el puesto 172 de los 180 países analizados en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF 2023 y se sitúa como el peor país de América Latina en esta materia.
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