La Habana, Cuba.- En un contexto de resquebrajamiento integral de la sociedad cubana y con todas las cartas en contra para la continuidad del régimen, La Habana acentúa el patrón represivo como estrategia de permanencia. Así, el más reciente informe del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) confirmó «un inicio de año marcado por el endurecimiento sistemático del control estatal sobre el discurso público», toda vez que solo en enero documentó 114 agresiones contra la libertad de expresión y de prensa en la Isla.
«Las cifras reflejan un incremento del 12,9% con respecto a diciembre de 2025 y un aumento interanual del 67,6% en comparación con enero de 2025, lo que evidencia un deterioro sostenido del entorno de derechos fundamentales en el país«, detalló la organización.
De las 114 agresiones registradas, 92 correspondieron a violaciones a la libertad de expresión (80,7%) y 22 a la libertad de prensa (19,8%). «El informe confirma que la represión no solo se mantiene, sino que se ha intensificado y reconfigurado hacia mecanismos más inmediatos y coercitivos«, subrayó el ICLEP.
En el primer mes del año, según documentó la organización, «el indicador más alarmante fue el de detenciones arbitrarias, con 69 casos (60,5% del total), lo que representa un incremento del 430,8% en comparación con enero de 2025″.
«Este dato confirma que la privación de libertad, incluso por periodos breves, se ha consolidado como el principal instrumento de intimidación y castigo contra periodistas, activistas y ciudadanos críticos», enfatizó.
En cuanto a la concentración territorial de la represión, el ICLEP sostuvo que La Habana concentró 52 violaciones, «consolidándose como el principal epicentro de la represión». Le siguieron Matanzas (16), Camagüey (12) y Villa Clara (11).
En tal sentido, subrayó que «la ausencia de registros en determinadas provincias no implica ausencia de represión, sino zonas de silencio derivadas de mayores restricciones informativas, autocensura y dificultades de monitoreo».
De las víctimas identificadas, 23 son activistas, 14 opositores, 12 presos políticos, diez periodistas independientes, tres directores de medios, siete ciudadanos sin vinculación política, dos líderes religiosos y dos artistas.
«En cuanto al género, el 65,8% de las víctimas fueron hombres y el 34,2% mujeres, con un incremento particularmente preocupante de agresiones contra mujeres respecto al mismo periodo del año anterior», detalló la organización.
En cuanto a los victimarios, el ICLEP resaltó que la Seguridad del Estado participó en 71 hechos (71,7%) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en 34 (34,3%), «confirmando el carácter estructural e institucional de la represión».
Al propio tiempo, como parte de una actuación coordinada del aparato estatal, en la represión también intervinieron ETECSA y los sistemas judicial y penitenciario.
La organización resaltó, asimismo, que «durante enero se identificaron al menos cuatro momentos de intensificación represiva, vinculados a coyunturas políticas internas e internacionales, incluyendo operativos preventivos para impedir asistencia a eventos diplomáticos y acciones de vigilancia masiva en fechas consideradas sensibles por el régimen».
Al hilo de lo anterior, destacó «las detenciones reiteradas contra el periodista Henry Constantín, que ilustran el uso sistemático de arrestos arbitrarios de corta duración como mecanismo de desgaste psicológico y censura indirecta».
En este contexto, la organización identificó «una tendencia de agravamiento y reconfiguración del patrón represivo». Detalló, en tal sentido, que está caracterizada por un «mayor uso de detenciones breves como herramienta de control», así como por la «represión preventiva en fechas políticamente sensibles» y la «ampliación del control sobre el entorno digital». La ONG enfatizó el «desplazamiento hacia métodos menos visibles, pero igualmente restrictivos».
Al hacer balance de lo anterior, el ICLEP concluyó: «Los hechos documentados confirman que la represión contra la libertad de expresión y de prensa en Cuba no solo persiste, sino que se ha profundizado y diversificado. El inicio de 2026 se perfila como un periodo de alto riesgo para periodistas, activistas y ciudadanos que ejercen su derecho a opinar, informar o participar en la vida pública».
ddc
