La violencia contra la prensa cobró esta semana las vidas de dos periodistas; uno en Colombia y otro en México, subrayando la inseguridad e indefensión en la que trabajan los comunicadores en ambos países.
En el departamento de Sucre, Colombia, un sujeto disparó contra el periodista Edgar Garay, director del medio Notisincelejo y exconcejal de Corozal, mientras se encontraba manejando. El comunicador recibió disparos en la cabeza y su vehículo cayó debajo de un puente.
En México, el periodista brasileño Adriano Bachega fue asesinado a balazos mientras conducía su auto en Monterrey (Nueva León). Bachega era editor del portal Diario Digital Online y daba conferencias sobre temas relacionados con el mundo
En Nuevo León, la reportera Victoria Monserrat García Álvarez fue víctima de un ataque a balazos mientras viajaba en su auto. La periodista recibió un disparo en su brazo y pudo conducir hasta las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones para pedir ayuda.
En la ciudad de Guadalajara, el periodista Noé Zavaleta fue secuestrado y golpeado por más de cinco horas por supuestos miembros de un grupo delictivo. La familia del comunicador recibió una llamada telefónica en donde les exigían 35 mil pesos para liberarlo. Sin embargo, el periodista fue liberado ya que los delincuentes lo habrían confundido con un integrante de un grupo rival.
En Perú, el periodista Marco Sifuentes, quien investigó el escándalo sobre el uso de joyas costosas por parte de la presidenta Dina Boluarte, denunció haber sido agredido luego de dar una charla sobre periodismo. El comunicador compartió las imágenes de su agresor en redes sociales y contó que presentó una denuncia en la comisaría.
La Sala Constitucional de Costa Rica ordenó a las municipalidades de San Mateo, Poás y San Ramón pagar costas y daños por no transmitir en vivo las sesiones de las comisiones del Concejo Municipal, violando el principio de transparencia. Esta resolución se emitió tras los recursos de amparo presentados por el periodista José Luis Jiménez Robleto, director de Encuentro Municipal. Los magistrados establecieron un plazo de tres meses para que aseguren la transmisión en vivo de las sesiones mediante plataformas virtuales.
Un informe del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom) de Uruguay reveló que 28 medios bolivianos «vinculados a exfuncionarios y altos cargos de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce» recibieron más de 500.000 dólares en publicidad estatal. La investigación, que abarca el período de 2018 a 2023, muestra que estos medios recibieron 94 contratos publicitarios de 17 ministerios de Bolivia, según datos del Sistema de Compras Estatales (Sicoes).
SIP
