En Ecuador se está gestando una “tormenta perfecta” que podría poner en peligro la libertad de prensa. Sus causas principales son, entre otras, la turbulencia política y la crisis de inseguridad. Y además está la herencia de hostigamiento a los periodistas que dejó el gobierno de Rafael Correa.
Es la conclusión del informe Ecuador en vilo: la parálisis política y el aumento del crimen plantean nuevas amenazas a la libertad de prensa, elaborado por el Comité para la Protección de Periodistas, con la colaboración de Fundamedios, ambas oenegés dedicadas a la vigilancia del estado de la libertad de expresión y prensa en la región y en el país.
En el documento, que fue presentado este 28 de junio en Quito, se menciona que Fundamedios documentó 356 ataques a la prensa en 2022, la cifra más alta desde 2018. En los primeros cuatro meses de 2023 se registraron un total de 96 ataques.
En meses recientes, dos periodistas ecuatorianos se vieron obligados a huir tras amenazas de muerte y artefactos explosivos fueron enviados por correo a varios periodistas de televisión y radio. Los reporteros también se han visto forzados a ser acompañados por fuerzas de seguridad para cubrir áreas violentas.
Esto debido a un entorno de creciente violencia criminal que, según cita el informe, provocó la muerte de 4.603 personas en 2022, un aumento del 82,5 % en comparación con el año anterior.
El país es un “un foco creciente de crimen organizado”, pues hay un “diverso panorama criminal transnacional en Ecuador, dominado por grupos insurgentes y criminales colombianos, además de los carteles mexicanos”. Los traficantes albaneses también han establecido una presencia en el país, moviendo toneladas de cocaína hacia Europa, según señaló la oenegé InSight Crime.
“Varias pandillas locales, incluidas Los Choneros y el grupo afiliado Los Chone Killers, así como Los Lobos, Los Tiguerones y Los Lagartos, se han aprovechado del aumento de la delincuencia y la violencia para expandir su control sobre actividades como el narcotráfico y la minería ilegal. En medio de una creciente demanda mundial de drogas, las pandillas han fortalecido sus tratos con importantes redes criminales internacionales al actuar como distribuidores de cocaína proveniente de países vecinos a través de los puertos de Ecuador hacia Europa y Estados Unidos”, se explicó.
“El temor a las represalias ha llevado a la autocensura de los periodistas ecuatorianos y ha producido un efecto inhibidor en el periodismo de interés público, vital para la sociedad. Como resultado, comunidades a lo largo del país se encuentran sin acceso a información que afecta su vida cotidiana, particularmente en anticipo de las elecciones generales programadas para el 20 de agosto de 2023″, refiere el informe del CPJ.
“La crisis de seguridad en Ecuador ha generado un profundo deterioro en las condiciones de la prensa local y subrayado la necesidad urgente de invertir en mecanismos para fortalecer la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas”, dijo Carlos Martínez de la Serna, director de programas del Comité.
“En anticipación a las próximas elecciones, es esencial para la integridad de la democracia ecuatoriana que los periodistas locales puedan reportar sin temor a represalias y que se garantice el derecho de los ecuatorianos a estar bien informados y acceder a periodismo que fiscalice el poder”, agregó.
Durante la presentación de este informe, Carlos Lauría, consultor senior para Latinoamérica del CPJ, hizo un llamado al gobierno de Guillermo Lasso para que proteja la labor periodística, frente a un escenario político crítico, previo a los comicios generales anticipados de este 20 de agosto.
Este pedido también lo hizo a los actores políticos. “A los partidos políticos les hacemos un llamado de abstenerse de amenazar a los periodistas a través de las redes sociales y también, a través de demandas que están siendo frecuentes en este periodo, previo a las elecciones”, expresó Lauría.
Carlos Martínez de la Serna demandó la atención a la comunidad internacional, como donantes y organizaciones no gubernamentales, para que “entiendan la necesidad de invertir y actuar de forma urgente” en el país.
Solicitó al presidente Guillermo Lasso que cumpla con “urgencia” sus compromisos relacionados con la emisión del reglamento a la Ley de Comunicación y asigne presupuesto a la Fiscalía General para que pueda atender a los periodistas que son amenazados, sobre todo en zonas en las que se reporta altos índices de violencia.
“El Gobierno saliente debe cumplir su compromiso de regular de forma urgente y reglamentar la ley, que es su obligación. Y, a través de ese sistema, dotar de recursos a las instituciones. Hace falta inversión y una actuación urgente”, acotó el directivo.
César Ricaurte, director de Fundamedios, recordó que este documento fue elaborado ‘in situ’ y muestra el escenario de “deterioro severo” de la libertad de expresión en el Ecuador.
Recordó que hace poco, el país salió de una época de ataques a la prensa provenientes desde el gobierno de Rafael Correa, que al concluir su mandato en el 2017, “aparetemente habíamos superado, pero aparece esta crisis seguridad que está afectando al periodismo”.
El documento incluye una serie de recomendaciones para las autoridades del país.
Al Ejecutivo ecuatoriano:
. El Poder Ejecutivo debería tomar las medidas necesarias para reglamentar de manera ágil la Ley Orgánica de Comunicaciones, que fue promulgada en noviembre de 2022 y limitaría la interferencia estatal en los medios al tiempo que brinda medidas de protección esenciales para los periodistas.
. La Presidencia debería asegurarse de proporcionar recursos financieros críticos para el funcionamiento efectivo del mecanismo existente de protección a los periodistas.
. El ejecutivo debería cumplir su promesa de proporcionar financiamiento adecuado a la Fiscalía General del Estado en sus esfuerzos por proteger a la prensa, principalmente a través del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal.
. El gobierno del presidente Guillermo Lasso debería asegurar que todos los periodistas y medios de comunicación ecuatorianos puedan informar sin temor a represalias, especialmente en las semanas previas a las elecciones programadas para el 20 de agosto.
A las autoridades judiciales, administrativas y de aplicación de la ley ecuatorianas:
. Las autoridades de aplicación de la ley y judiciales de Ecuador deberían garantizar que los ataques y amenazas contra la prensa sean investigados a fondo y que los responsables sean llevados ante la justicia.
. Las autoridades deberían garantizar el regreso seguro de los periodistas que se vieron obligados a huir debido a amenazas de muerte.
. Las autoridades deberían implementar plenamente el mecanismo de protección existente para garantizar que los periodistas en riesgo puedan continuar informando sin temor a represalias físicas.
A la comunidad internacional:
. La grave crisis de libertad de prensa que afecta a Ecuador debe ser priorizada en el debate y recibir el apoyo correspondiente de la Unesco, la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea.
. La comunidad internacional debería apoyar públicamente el trabajo de los periodistas ecuatorianos que trabajan bajo amenaza.
. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión deberían realizar una visita de investigación a Ecuador.
. La cooperación internacional y los esfuerzos en el proceso de desarrollo de los medios deberían asegurar que los grupos de libertad de prensa tengan recursos adecuados para enfrentar la grave crisis de seguridad. (I)
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