En estos días los periodistas en Puerto Rico celebramos nuestra semana. Una formalidad necesaria para que, a través de eventos, eduquemos al público sobre nuestro rol y reflexionemos, como gremio, sobre las transformaciones en la profesión y los principios éticos que nos deben guiar en un mundo en el que los cambios tecnológicos son constantes. Es también una buena oportunidad para aprovechar cada foro al que acudamos para exigir transparencia al Gobierno de Puerto Rico y de Estados Unidos, así como a las organizaciones con y sin fines de lucro.
Uno de los retos más grandes que tenemos quienes ejercemos el periodismo en Puerto Rico es la falta de publicación periódica de datos por parte de las tres ramas de gobierno. De igual manera, las entidades corporativas con fines y sin fines de lucro se creen exentas de rendir cuentas, especialmente aquellas que reciben fondos públicos mediante contratos, incentivos o donativos que provienen de nuestros impuestos. O simplemente porque deben responder a su clientela.
Si ya era difícil hacer periodismo ante la negativa de proveer oportunamente los datos requeridos, se agregó a la lista de entorpecimientos la reiterada estrategia de jefes de agencia y de algunos legisladores y alcaldes de no dar entrevistas, de no emitir reacciones o de pretender que sus declaraciones sean siempre por escrito, lo que impide que hagamos las preguntas de seguimiento a sus declaraciones o respuestas.
Por su parte, la rama judicial permanece distante como si realmente creyera que no tiene que rendir cuentas a nadie. Sus oficiales aprovechan la tan necesaria independencia judicial como excusa para que, entre otras cosas, no sepamos cuándo se procesa a aquellos de sus miembros cuya conducta ética es cuestionada. El sistema no permite que conozcamos el proceso de una querella hasta tanto los dioses, digo los jueces, emiten su designio.
Cada vez es más frecuente leer o escuchar que el secretario o el director ejecutivo de tal o cual agencia no quiso reaccionar a un asunto de alto interés público. Y no es que la estrategia de obstaculizar las entrevistas sea nueva, pero dejó de ser una conducta aislada para convertirse prácticamente en la norma para tratar de ocultar su incompetencia personal o vicaria.
Pero esta mala práctica no sólo tiene el propósito antes dicho, también debemos pensarla como probable estrategia de algunos directores de prensa de las agencias con serios conflictos por tener múltiples contratos con diversas agencias, entidades privadas y hasta con políticos y partidos a la vez. Dificultar la entrevista o retener información pueden verlo como necesario para proteger a alguno de sus otros clientes.
Lo peor es que tales secretarios o directores ejecutivos no reciben ninguna amonestación de su jefe, el gobernador Pedro Pierluisi, por incumplir con la ley y no rendir cuentas al pueblo de Puerto Rico. Al fin y al cabo, la responsabilidad de no reaccionar recae en la administración del gobernador de turno, así como recae directamente sobre cualquier alcalde o legislador que no rinda cuentas.
Cuando un secretario o secretaria de agencia no quiera emitir contestación, los periodistas tenemos que decir exactamente la verdad: que la administración Pierluisi, a través de su secretario o secretaria, no quiso dar la información o la entrevista solicitada. El Gobernador no puede zafarse de su responsabilidad. Igualmente, pienso que, como parte de la transparencia con la que tenemos que informar, cada vez que no se nos provea oportunamente la información, debemos revelar el nombre del director o directora de prensa legislativa, de la agencia o municipio, o incluso recordarle a los lectores el monto de su contratación gubernamental o su salario.
Que cada vez que publiquemos que no se quiere revelar una información, que nuestras audiencias sepan que de sus contribuciones se han pagado desde enero de 2021 al presente más de $208 millones en contratos para relaciones públicas, publicidad y oficiales de prensa para, como dice la canción, decir nada o casi nada, “que no es lo mismo pero es igual”.
CPI
