La Unión Nacional de Periodistas del Ecuador (UNP), la Federación Nacional de Periodistas (Fenape), y el Colegio de Periodistas de Pichincha (CPP), reaccionan a la decisión del Ejecutivo de enviar un veto mixto de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación.
Guillermo Lasso, presidente de la República, optó, este 24 de agosto de 2022, remitir 17 artículos a consulta de la Corte Constitucional, y 34 fueron puestos a consideración de análisis y resolución de la Asamblea Nacional.
“Ahora estamos en manos de la Corte y de la Asamblea”, dijo Cristóbal Peñafiel, presidente de la UNP, quien consideró que, de alguna manera el régimen actuó estratégicamente al haber puesto a consideración de los jueces de la CC temas considerados sensibles como aquel que elimina la opinión del contenido comunicacional, definición del derecho a la libertad de pensamiento, expresión y opinión, prohibición de censura previa dentro de los medios de comunicación.
No obstante, coincidió con Carlos Macías, vicepresidente de la Fenape, de que la decisión más adecuada hubiese sido un veto total. En todo caso, Peñafiel puntualizó que se respeta la decisión del jefe de Estado.
La Fenape y el Colegio de Periodistas de Pichincha (CPP) también observan como una “buena alternativa” que una parte del texto se haya enviado a la CC. Macías también destacó la propuesta de eliminar la nueva visión que tendría el Consejo de Comunicación.
Sin embargo, opinó que todavía hay una arista que debe ser cerrada o pulida relativa a la legitimación de lo que es «verdad o mentira» y que sería asumida por el Estado.
Ruth Perugachi, presidenta del Colegio de Pichincha, anticipó que estarán pendientes del fallo de los jueces de la Corte Constitucional para solicitar una «reconstrucción de la ley» en la que participen todos los sectores involucrados.
En la Corte Constitucional no están definidos plazos para pronunciarse ante una consulta que realice cualquier estamento de la sociedad.
Una vez que el Ejecutivo entregue a la CC las 17 preguntas, el pleno resolverá (por sorteo) enviar la solicitud a una de las salas especializadas para su tratamiento, cuyos jueces, en un tiempo no determinado deberán analizar su constitucionalidad y decidir si aceptan o no a trámite el pedido. Su fallo final deberá ser conocido por el pleno del organismo. (SC)
La Hora
