La campaña de desprestigio a diario Expreso, que inició en septiembre, se transformó en un caso penal en el que se investiga un presunto delito de lavado de activos.
Galo Martínez Leisker, propietario de los diarios Expreso y Extra, rindió su versión en este caso, que se ha convertido en una alerta nacional porque trae el pasado al presente.
De hecho, este acoso estatal fue recogido por la Sociedad Interamericana de Prensa, el mayor gremio de medios en el continente americano, advirtiendo que no existe evidencia de involucramiento de Gráficos Nacionales, la empresa que edita los dos periódicos guayaquileños, en alguna irregularidad. Además, señala directamente a funcionarios del Gobierno de ejercer esa presión.
El Diario, con una línea editorial independiente, ha rechazado lo que han calificado como intimidaciones.
El país no puede regresar a la época en la que dueños de medios y periodistas desfilaban en tribunales y debían dar la cara a jueces y fiscales, o censores estatales de comunicación, serviles al poder.
Esta estrategia, salida de las entrañas del poder político, tiene consecuencias, pero que van en contra de las mismas autoridades y del país.
Primero, por que esta práctica, que tiene como fin callar las ideas, no tiene los resultados esperados. La información siempre encuentra la manera de llegar a las personas.
Y, segundo, el régimen que lo hace queda señalado internacionalmente como un perseguidor de la prensa, lo que causa un acelerado deterioro en su imagen con consecuencias directas en lo económico.
La Hora
