El periódico confirmó que gran parte de sus trabajadores se vieron obligados a salir del país después de la detención de dos conductores y el asedio en las viviendas de reporteros y fotógrafos
WILFREDO MIRANDA
San José (Costa Rica).-
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha recrudecido la persecución contra el diario La Prensa, la publicación decana del periodismo de Nicaragua. El periódico informó este jueves de que su personal —entre ellos editores, reporteros y fotógrafos— se ha exiliado en las últimas dos semanas, luego de que la policía desató una cacería contra ellos, que ha incluido allanamientos y hostigamiento de viviendas.
“Periodistas, fotógrafos y editores se vieron obligados a salir de Nicaragua de forma irregular para resguardar su seguridad y libertad”, detalló La Prensa en un artículo publicado en su sitio web, ya que no cuenta con edición impresa desde agosto de 2021. En esa ocasión, las históricas instalaciones del periódico fueron confiscadas de facto por la policía del régimen y, a su vez, abrieron una investigación judicial por supuesta “defraudación aduanera y lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”, que derivó en el apresamiento del gerente general del medio de comunicación, Juan Lorenzo Holman.
“Este nuevo ataque contra el diario, cuyas instalaciones el régimen mantiene tomadas desde agosto de 2021, inició la noche del pasado 6 de julio, cuando la Policía secuestró a dos trabajadores del medio”, informó el periódico este jueves. Los dos trabajadores mencionados son dos conductores que fueron capturados después de la cobertura que un equipo periodístico realizó de la expulsión que el régimen Ortega-Murillo ordenó de las monjas de la congregación Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta.
El rotativo añadió que los colaboradores se encuentran detenidos después que el Juez Séptimo Penal de Audiencia de Managua, Abelardo Ramos, decretó 90 días de detención para “investigar” a los dos conductores de La Prensa. El periódico informó que el juez obró a pedido del fiscal Manuel Rugama, un expolicía y leal de la pareja presidencial, quien fue uno de los verdugos que fabricó el caso de supuesto “lavado de dinero” contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una oenegé cancelada como la de las monjas, y cuyo juicio acabó con la condena de sus trabajadores y su presidenta, la precandidata presidencial Cristiana Chamorro a ocho años de prisión.
“A los arrestos les siguieron allanamientos a las casas de varios periodistas, fotógrafos y otro personal del medio. Esta situación obligó a La Prensa a poner en resguardo a su personal y posteriormente sacarlo del país. Pese a que el personal no está en sus viviendas, policías y civiles siguen llegando a sus casas para hostigar a sus familias”, relata el artículo del diario.
EL PAÍS ha conocido varios casos de periodistas de medios de comunicación independientes, que no laboran en La Prensa, hostigados por los oficiales en las mismas semanas. Fuentes judiciales relataron a este diario que la Fiscalía podría “estar fabricando otro proceso para criminalizar al periodismo independiente”. La Prensa ha explicado que la ampliación del plazo de la detención injustificada contra sus trabajadores “es para poder armar un caso contra los detenidos”, como ha sucedido con los procesos de los presos políticos condenados.
El País
