Por: Rodolfo Dumas Castillo
La semana pasada leímos numerosos comentarios y amplia cobertura mediática sobre supuestos cambios realizados en el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. No conocemos las interioridades de lo ocurrido, pero de lo que sí estamos seguros es que se trata de un organismo que nunca funcionó adecuadamente ni respondió a las necesidades de grupos vulnerables que, al sentirse amenazados, preferían abandonar el país y buscar refugio en naciones amigas.
El mecanismo nace como resultado de varias propuestas realizadas por la SIP en el marco de un evento celebrado en el 2012 en Tegucigalpa, que incluyó la participación del Dr. Andrés Villamizar, en ese momento director de la Unidad Nacional de Protección de Colombia. La idea, por supuesto, no era copiar ese modelo pues se trataba de uno con enormes ventajas estructurales y financieras (en ese tiempo manejaba un presupuesto anual de aproximadamente $132 millones). La intención era conocer las mejores prácticas de quienes habían experimentado situaciones similares (seguramente peores) y donde ese tipo de instrumento había funcionado eficazmente. La meta era salvar vidas en nuestro país.
El gobierno de Honduras lo aprobó como resultado de los compromisos adquiridos en el marco de esa conferencia, pero nunca lo dotó de los recursos financieros, materiales o humanos para lograr su efectividad. Este se desarrolló durante dos administraciones marcadas por un grave deterioro en el ambiente de libertad de información, reflejado en indicadores en que el país era aplazado consistentemente (incluyendo la Cuenta del Milenio). Transcurrió durante el período más oscuro para el periodismo nacional, la libertad de expresión, el acceso a la información pública y los principios más elementales de transparencia. Gobiernos que constatemente violaron los derechos humanos, sin ninguna voluntad para resolver la violencia mortal que enfrentaron decenas de periodistas o los ataques a medios de comunicación, que a esta fecha siguen en la más vergonzosa y absoluta impunidad. La institucionalidad exhibía a un Estado inerme ante los crímenes contra la prensa, la censura previa, la estigmatización de periodistas y las a menazas a medios. Manejaron la pauta oficial abusivamente, utilizándola como mecanismo para premiar a quienes seguían la agenda oficial y castigar a quienes no lo hacían, situación totalmente repudiada por la jurisprudencia, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y la Declaración de Chapultepec. Todas estas violaciones denunciadas persistentemente a través de los años mediante informes (mientras nos desempeñamos como representantes de la SIP), foros, artículos de opinión y cantidad de entrevistas televisivas, radiales y en plataformas en línea.
Ahora se anuncia que el mecanismo será dotado de recursos financieros para su funcionamiento, que se integrarán personas comprometidas con los derechos humanos y que se protegerá a quienes pidan auxilio sin distingos de ninguna naturaleza. Habrá que esperar entonces que esto se materialice y que no termine en más desilusión. Que no se excluya, desampare o deje en indefensión, como ocurrió en el pasado, a quienes no son afines al gobierno, que se elimine el reduccionismo, se atiendan las recomendaciones de naciones amigas, se manejen adecuadamente las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y se cumplan los estándares internacionales, especialmente los de la Declaración sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos y Comentario de Relatores del 2011. Es importante recordar que la protección de la libertad de expresión no se limita a defender los discursos que encajan con nuestra manera de pensar, sino que debe incluir aquellos que disienten, cuestionan, critican, confrontan, discrepan, denuncian e, inclusive, aquellos que ofenden. También que la defensa de los derechos humanos se basa en el principio de la universalidad que reconoce a todos los seres humanos como iguales en dignidad y derechos, sin distincciones de género, raza, nacionalidad o cualquier otra condición.
La tribuna
