El presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, acompañado por la subdirectora Antonieta Jurado, entregó este miércoles 26 de agosto en Madrid un informe documental a Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 y jefa de la delegación opositora en la mesa técnica paritaria que negocia con el gobierno de Delcy Rodríguez.
La entrega formal del documento busca incorporar a la agenda de negociación los casos documentados de agresiones contra medios y comunicadores para promover la restitución plena de la libertad de expresión, soluciones institucionales y medidas de reparación según los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Otero precisó que entregó una carpeta física con el documento principal y las conclusiones, mientras que el resto del expediente, los anexos y la documentación complementaria se remitirán mediante herramientas digitales para facilitar su consulta y revisión técnica.
Agresiones y censura sistemática
El texto sistematiza el cierre de emisoras de radio, la desaparición de periódicos impresos por asfixia económica o falta de papel, el bloqueo arbitrario de páginas web, el exilio de periodistas, las medidas cautelares con régimen de presentación y la opacidad en la venta de medios a grupos vinculados con el oficialismo.
El informe, suscrito por Otero en su condición de vicepresidente regional por Venezuela de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), examina el período comprendido entre 1999 y agosto de 2026.
La SIP solicitó a la delegación opositora que los hechos expuestos sean sometidos a una verificación independiente, objetiva y transparente que garantice el debido proceso y determine responsabilidades sobre el ecosistema informativo.
Durante los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se consolidó un esquema de contracción que combinó resoluciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), extinción de concesiones, decomiso de transmisores, exclusión de canales en televisión por suscripción, control del papel de prensa y censura digital.
Recomendaciones de la SIP para la negociación
Registro transparente de concesiones
Publicar un listado oficial de sanciones y estatus de concesiones de Conatel.
Garantía de debido proceso
Asegurar notificación previa y defensa en todos los expedientes administrativos.
Restitución de infraestructuras
Devolver de inmediato equipos e infraestructuras incautadas a los medios afectados.
Revisión de bloqueos digitales
Someter las restricciones de internet a estándares internacionales de derechos humanos.
El impacto en la radio venezolana
La radio regional ha sido el sector más vulnerable debido a su dependencia del espectro radioeléctrico y la confiscación de equipos técnicos. La organización Espacio Público documentó la clausura de al menos 297 emisoras entre 2003 y 2023.
El 1° de agosto de 2009 ocurrió la salida forzada del aire de 32 estaciones radiales en una sola jornada, hecho calificado por los gremios de radiocidio.
Durante el gobierno de Maduro se intensificaron las medidas: Radio Caracas Radio (RCR 750 AM) cesó su señal abierta el 30 de abril de 2019 tras 89 años de transmisiones continuas.
Entre enero de 2023 y agosto de 2026 se registraron al menos 44 cierres adicionales de emisoras en los estados Táchira, Carabobo, Lara, Falcón, Portuguesa, Bolívar, Aragua, La Guaira y Miranda, así como en Caracas.
El expediente incluye denuncias sobre la reestructuración forzada del circuito radial FM Center tras el fallecimiento de su directiva histórica en 2025, vinculada con presiones de Conatel, despidos de personal y modificaciones de su línea editorial.
Asfixia a la prensa y bloqueo digital
Desde 2013 desaparecieron más de 100 periódicos en el país debido al monopolio estatal en la importación de papel mediante el Complejo Editorial Alfredo Maneiro, la hiperinflación y las sanciones judiciales.
Entre los casos destacados figuran El Nacional, que dejó de circular diariamente en papel en diciembre de 2018 tras 75 años de historia y se mantiene en formato digital; El Carabobeño, que suspendió su edición impresa en 2016 luego de 82 años de trayectoria; Tal Cual, que abandonó el formato impreso en 2017 ante demandas judiciales y asfixia económica; 6to Poder, paralizado por medidas judiciales y congelamiento de cuentas; así como diarios regionales entre los que se cuentan Panorama, El Impulso, El Siglo y La Prensa de Lara.
En el ámbito audiovisual, tras la salida de Radio Caracas Televisión (RCTV) de la señal abierta en 2007 y de la televisión por suscripción en 2010, se ejecutaron clausuras contra televisoras regionales como ULA TV y canales comunitarios en Mérida durante 2017. Asimismo, Conatel bloqueó temporal o definitivamente las señales de cadenas internacionales como NTN24, CNN en Español, Caracol Televisión, Deutsche Welle y Antena 3 Internacional.
El informe de la SIP señala que la censura se desplazó al ciberespacio. Mediciones técnicas de organizaciones como VE sin Filtro y Espacio Público contabilizan al menos 62 portales informativos bloqueados mediante técnicas DNS, HTTP/HTTPS, SNI y TCP/IP aplicadas por la estatal Cantv y operadoras privadas.
Las restricciones alcanzan a medios independientes como El Nacional, Armando.info, Efecto Cocuyo y El Pitazo; a iniciativas de verificación como Cazadores de Fake News y EsPaja; a organizaciones de derechos humanos como IPYS Venezuela y Espacio Público; y a plataformas digitales como X, Signal y TikTok.
Recomendaciones para la negociación
La SIP planteó siete recomendaciones esenciales para la mesa técnica: publicar un registro oficial y transparente de concesiones y sanciones de Conatel; garantizar la notificación previa y el debido proceso en los procedimientos administrativos; aplicar normativas objetivas y no discriminatorias; restituir de inmediato los equipos técnicos e infraestructuras incautadas; someter los bloqueos de internet a revisión judicial y estándares de derechos humanos; preservar los expedientes mercantiles y judiciales de los casos; y establecer un sistema periódico de seguimiento sobre las condiciones de la libertad de prensa en Venezuela.
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