Caracas, Venezuela.- El periodista Rory Branker, editor del medio digital La Patilla, informó que continúa bajo proceso penal luego de que un tribunal negara la solicitud de sobreseimiento de su causa, pese a haber sido tramitada bajo la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
La decisión, notificada el pasado 6 de abril, ha generado rechazo en el gremio periodístico y organizaciones de derechos humanos, que advierten la persistencia de un patrón de persecución judicial incluso después de excarcelaciones.
Tribunal descarta amnistía y mantiene cargos
El Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio con Competencia en Terrorismo declaró sin lugar la solicitud de sobreseimiento introducida el 25 de febrero, al considerar que los delitos imputados a Branker están excluidos de la aplicación de la ley, según lo establecido en su artículo 9.
Con esta decisión, el juzgado determinó mantener vigente la acción penal y dar continuidad al proceso judicial en su contra.
El periodista sigue imputado por los presuntos delitos de terrorismo, asociación para delinquir, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria, acusaciones que contemplan penas severas y que, según denuncias, no cuentan con elementos probatorios concluyentes.
De la desaparición forzada a una libertad condicionada
El caso de Branker ha estado marcado por múltiples irregularidades. Fue detenido de forma irregular el 20 de febrero de 2025 y su paradero permaneció desconocido durante casi siete meses, hasta el 15 de septiembre de ese mismo año.
Posteriormente, permaneció privado de libertad durante 11 meses y 15 días, hasta que el 4 de febrero de 2026 fue excarcelado bajo medidas cautelares. Actualmente, el periodista está obligado a presentarse periódicamente ante las autoridades y tiene prohibición de salida del país, lo que limita su ejercicio profesional y su vida personal.
Rory Branker: “No han terminado conmigo”
Tras conocerse la decisión judicial, el propio Rory Branker reaccionó a través de su cuenta en la red social X, donde denunció violaciones a sus derechos humanos y la continuidad de la persecución en su contra.
“El Estado venezolano acaba de negar mi solicitud de amnistía”, escribió.
En su mensaje, el periodista denunció haber sido víctima de desaparición forzada, detención arbitraria, torturas y exposición pública, además de denunciar el impacto que su caso ha tenido en su familia; señalando las humillaciones que sufrió su madre para conocer su paradero y el sufrimiento de su hermano, quien falleció mientras Branker estaba bajo custodia del Estado.
“No conformes con haberme desaparecido forzosamente por 7 meses (…) me han hecho saber que no han terminado conmigo”, expresó.
Branker también afirmó que tuvo que solicitar un perdón por delitos que asegura no haber cometido, el cual posteriormente le fue negado. No obstante, el periodista manifestó su intención de continuar denunciando las irregularidades cometidas en su contra.
“Somos miles de víctimas (…) este atropello no pasará sin ser registrado ante todas las instancias”, y añadió, «no seré censurado, no seré silenciado, no seré arrinconado».
SNTP: “La excarcelación no es libertad plena”
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) advirtió que la negativa de sobreseimiento evidencia una aplicación discrecional de la Ley de Amnistía y la continuidad de procesos judiciales sin garantías.
Según el gremio, este tipo de decisiones consolida el uso del sistema de justicia como mecanismo de control y castigo contra periodistas, al mantener abiertas causas penales incluso después de haber sido excarcelados.
“La libertad plena no se alcanza con excarcelaciones condicionadas, sino con el cierre definitivo de las causas judiciales”, subrayó la organización.
Un patrón de persecución contra la prensa
El caso del editor de La Patilla se inscribe en un contexto más amplio de restricciones al ejercicio periodístico en Venezuela, donde organizaciones como el SNTP y el Colegio Nacional de Periodistas han alertado sobre detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin resolución y medidas cautelares que fomentan la autocensura.
Expertos en derechos humanos sostienen que la aplicación selectiva de la Ley de Amnistía y la permanencia de causas abiertas configuran un escenario de inseguridad jurídica para los comunicadores.
EL IMPULSO
